Por Luis Javier Valero
Dos de los principales acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en Juárez develan, muy a su pesar, y el nuestro, varias de las características más deplorables del actual -o quizá de una parte- grupo gobernante en Chihuahua.
Como todos, los que han accedido al poder -y no solamente en la patria chica- pretenden perpetuarse en el ejercicio del gobierno, cosa válida; el problema aparece cuando recurren a acciones, o ilegales, o de franca ineficiencia.
Para nadie es un secreto que tales son los afanes de quienes ocupan los principales sitios del poder político (y también del económico, y si no es así, que el empresario Eugenio Baeza se desmarque, porque en los últimos meses así lo hemos empezado a catalogar), entre los cuales se ubican los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Enrique Serrano y Javier Garfio, respectivamente.
Sobre estos dos existe una extrema vigilancia, ejercida por los sectores de la población más interesados en las actividades políticas. Las cosas ocurridas en sus respectivas administraciones revisten la mayor importancia, máxime que, después del IV Informe del Gobernador César Duarte, el escenario será ocupado, de manera central, por los reales o supuestos aspirantes a la candidatura al gobierno de Chihuahua en 2016 y, destacadamente, por ellos.
De ahí que asuntos como el despido (¿O renuncia?) del Director de la Academia de Policía de Juárez, Gilberto Ontiveros Chávez, (que, además, es el Secretario General del Grupo Juventud Esfuerzo, agrupación a la que se le comisionó para efectuar tareas de afiliación al PRI) por obligar a los cadetes de la Policía municipal a afiliarse al PRI y las muy evidentes contradicciones de las declaraciones del alcalde Serrano acerca de las condiciones que privan en el antiguo Paso del Norte en materia de infraestructura pluvial.
Campantemente declaró, con motivo de las precipitaciones ocasionadas por los remanentes del Huracán Odile, que “La actual administración municipal no contaba con información acerca de los puntos de inundación ya que las anteriores autoridades no dejaron esos datos, dijo el alcalde Enrique Serrano Escobar”. (Nota de Martín Orquiz, El Diario de Juárez, 18/IX/14).
Serrano agregó: “La lluvia va marcando los sitios exactos de los problemas, cuando estamos en época de secas si no hay un registro, que no lo había o al menos no lo recibimos nosotros, pues no los ubicas hasta que llueve”. (Ibídem).
Pero un año atrás, cuando se aprestaba a tomar posesión del cargo, con motivo de las lluvias de aquel entonces, afirmó que “… Lo que hice fue mandar un equipo de ingenieros y topógrafos para que hicieran un levantamiento de encharcamientos, porque nosotros vamos a entrar cuando esté seco, de la gente que va a trabajar conmigo en Obras Públicas, para cuando entremos empezar a trabajar en todos esos problemas, de los más grandes a los más chicos e irle buscando solución particular”. (LA COLUMNA, DE LOS REPORTEROS, El Diario de Juárez, 18/IX/14).
Además, dio a conocer las 200 fotos tomadas a los encharcamientos, porque, dijo: “También mandé un fotógrafo para complementar, y cada imagen tiene el domicilio y toda la información de cada caso, esto es muy diferente a que vaya ahorita y me lo platiquen, está documentado. Algunas lagunas las vi en Riberas del Bravo, etapa 8. Es mi material de trabajo para cuando lleguemos buscar soluciones particulares, ante la imposibilidad de hacer un drenaje pluvial. Si podemos, haremos un sistema que maneje el agua pluvial”. (Ibídem).
Además de que, como lo señalan diversas notas publicadas por El Diario y la columna editorial De los Reporteros, desde hace años existen el Atlas de Riesgos y el Plan Sectorial de Agua Pluvial (PSAP), elaborados, entre otros organismos, por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), que indican exactamente las zonas inundables, afluentes naturales y demás cuestiones relacionadas con el agua de lluvia y que, lo peor, tales informes y proyectos están publicados en la ¡Página de transparencia del Municipio en Internet!
¿Cuál es el problema? ¿La falta de dinero?
Puede ser, pero si no se inician las gestiones y se avanzan en las primeras obras, tan necesarias para la megalópolis de la industria maquiladora -a nivel mundial- muy pocos atractivos se les podrán seguir ofreciendo a los inversionistas extranjeros pues si cada que ocurre una tormenta la ciudad se pone en riesgo, y con ello a muchos de sus habitantes, no solamente a la industria y el comercio asentados ahí, otras ciudades podrán ofrecer mejores condiciones para el asentamiento de los negocios y entonces la incapacidad, o ineficiencia de los gobernantes quedará evidenciada pues no habrán emprendido las obras que no lucen pero que sí determinan la viabilidad de una ciudad, tanto en las condiciones de bienestar ofrecidas a sus habitantes, como en las necesarias para el desarrollo económico.
De acuerdo con la información proporcionada por el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, (IMIP), Vicente López Urueta, se requieren alrededor de 3 mil millones de pesos. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario de Juárez, 18/IX/14).
Tanto a Serrano, como al Gobernador Duarte les restan dos años de gobierno, ambos tienen pretensiones políticas para el futuro, el primero, así no lo acepte en público, aspira a suceder al ballezano, no en balde es quien ha gozado de la mayor confianza de éste para ocupar los cargos políticos, y el actual mandatario aspira a ocupar posiciones de carácter nacional, ahora o después.
Tienen, por tanto, que demostrar, y no solamente ante la élite del poder, capacidad administrativa y política. Una de ellas, esencial, es la de poder entregar al antiguo paso del Norte como la urbe merecedora de las inversiones (por lo menos ese es el pensamiento que ha campeado en la clase gobernante local, panista o priista) y si no son capaces de darle a esta ciudad la infraestructura pluvial necesaria (la paradoja, de la urbe enclavada en el desierto), pocos merecimientos podrán ofrecerle a aquella y, mucho menos, a la sociedad, principal damnificada de la obra gubernamental de quienes ahora mencionamos.
Pero, sobre todo, demostrar que no los rebasan sus aspiraciones políticas. Por ello, adquiere extremada relevancia el caso de la afiliación forzada al PRI -o el intento- de los cadetes de la Academia de Policía, más allá del desarrollo de las sendas denuncias penales presentadas por el PAN y Morena -los únicos partidos de oposición existentes en Chihuahua (típico, dirían los clásicos, uno a la derecha del PRI, si es que puede anclarse una agrupación política en el México de hoy en tal extremo dada la pérdida de identidad del ex partido de la “Revolución Mexicana”, y el otro a la izquierda).
Nuevamente son las declaraciones del alcalde Enrique Serrano las que le otorgan confusión a la nueva situación del ex director de la Academia de Policía, Gilberto Ontiveros Chávez.
Primero se informó que había sido cesado, luego de la culminación de “una investigación por parte del Departamento de Asuntos Internos… Serrano Escobar informó que el Municipio no encontró ninguna responsabilidad penal en el funcionario y por lo tanto solamente lo cesó, pues no hay elementos para consignarlo”, se asienta en la nota publicada. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario de Juárez, 17/IX/14).
Después, el alcalde Serrano afirmó que había presentado su renuncia al cargo: “No hay nada en la auditoría, no hay ninguna responsabilidad legal, si la hubiera, hubiéramos consignado al director, pero como no hay, lo único que se hizo fue tomar en cuenta su renuncia…”. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario de Juárez, 17/IX/14).
No es cualquier cosa el asunto, la presunta conducta de Ontiveros configura un delito electoral establecido en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por el condicionamiento a afiliarse al PRI.
A su vez, la denuncia presentada por Morena, incluye, como presuntos responsables, además de Ontiveros, al secretario de Seguridad Pública Municipal, César Muñoz Morales, y a la dirigente local del PRI, Mayra Chávez Jiménez.
Al contrario de la postura oficial -“está muy trillado el tema”, diría el alcalde- si el ayuntamiento encontró evidencias de la conducta irregular de Ontiveros, entonces el dictamen de Asuntos Internos puede ser requerido por las autoridades prejudiciales, o por los denunciantes y, entonces, convertirse en un valiosísimo testimonio de que, efectivamente, sí se cometieron los delitos mencionados y las responsabilidades llegarán muy cerca de la silla principal del Palacio Municipal de Juárez.
Si las actividades partidistas de los señalados fueran solamente las mencionadas, podría pensarse en que el intento de afiliación de los cadetes fue un hecho aislado. No parece ser el caso.
Desde hace algunos años, desde las alturas de Palacio de Gobierno se ha diseñado una estrategia electoral para ser montada en la estructura de gobierno.
De ese modo, los más altos funcionarios de los dos niveles de gobierno -el estatal y el municipal- han sido designados responsables de tareas y demarcaciones territoriales, como si la actividad electoral fuera el condicionante del ejercicio de la función pública.
Así, por ejemplo, el director de Alumbrado Público, Héctor Salazar Polanco, es el titular de Afiliación del Comité Directivo Municipal del PRI ¿A qué horas realiza una y otra función?
Y si a los integrantes del gabinete municipal y estatal se les “sugiere”, o se les “indica” la responsabilidad de un territorio, un distrito o un municipio para que realice tareas electorales, pensaría Ontiveros, ¿Por qué no hacer, de una vez, que los policías, todos, sean, obligatoriamente, miembros del PRI?
Cierto, las aspiraciones políticas son absolutamente legítimas, lo que no se vale, es poner la estructura de gobierno al servicio del partido en el poder.
