Demandan a Obama por plan migratorio

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Una coalición de 17 estados entabló el miércoles una demanda por la reciente acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración, alegando que la medida “atropella” fracciones clave de la Constitución de Estados Unidos.

Muchos líderes republicanos han criticado la medida unilateral de Obama, la cual fue diseñada para proteger de la deportación a cerca de cinco millones de personas que viven en el país sin la debida autorización.

Los estados no solicitan una indemnización monetaria, sino que quieren que los tribunales bloqueen las medidas de Obama.

Bajo la orden del mandatario, anunciada el 20 de noviembre, la protección para no ser deportado y el derecho a trabajar serán extendidas a aproximadamente 4.1 millones de padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que han vivido en Estados Unidos durante cuando menos cinco años y a cientos de miles de jóvenes más.

Pero el gobernador electo de Texas, Greg Abbott, fue más allá, y presentó una impugnación legal formal en la corte federal del distrito sur del estado. A Texas se le sumaron otros 16 estados, la mayoría conservadores del sur y el centro-norte, como Alabama, Georgia, Idaho, Indiana y las Carolinas.

La demanda podría hacer que las cosas se tornen incómodas el viernes, cuando Abbott viaje a Washington para reunirse con el mandatario como parte de un grupo de gobernadores recién elegidos.

La demanda plantea tres objeciones: 1) que Obama violó la cláusula de cuidar que las leyes se cumplan como marca la Constitución federal, y que Abbott dijo limita el alcance del poder presidencial; 2) que el gobierno federal no siguió los procedimientos adecuados de elaboración de normas; y 3) que la orden ejecutiva del mandatario “exacerbará la crisis humanitaria a lo largo de la frontera sur, lo cual afectará el incremento en la inversión estatal en fuerzas policiales, cuidado de la salud y educación”.

Abbot dijo que las acciones de Obama “violan directamente una promesa fundamental al pueblo estadounidense” y que depende del presidente “ejecutar la ley, no elaborar leyes de facto”.

Presidentes republicanos, incluido Ronald Reagan, han emitido órdenes ejecutivas en el pasado relacionadas con la inmigración. Abbott dijo que ésas se tomaron en respuesta a las acciones del Congreso… a diferencia de la de Obama, que según Abbott actuó a falta de una aprobación del Congreso.

Elegido gobernador por abrumadora mayoría el mes pasado, Abbott ha fungido como procurador de Texas desde 2002. La del miércoles es la 31ra ocasión en que ha demandado al gobierno federal desde que Obama asumió el puesto.

Muchas de ellas fueron sobre regulaciones ambientales o sobre la ley de cuidados asequibles de salud, promovida por la Casa Blanca. La única otra demanda notable contra la orden ejecutiva de Obama fue presentada en nombre de Joe Arpaio, jefe policial de Arizona.

En días anteriores, John Boehner, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, dijo a los republicanos que la cámara baja encabezada por ese partido podría votar para dar marcha atrás en la orden ejecutiva de Obama, pero la medida sería simbólica en su mayor parte, ya que el mandatario seguramente vetaría una legislación así y el Senado encabezado por los demócratas tampoco la respaldaría.

Rick Perry, actual gobernador de Texas y posible contendiente por la presidencia en 2016, que dejará el puesto en enero, también habló contra la orden ejecutiva horas antes el miércoles, de la que dijo podría generar una nueva ola de personas que intenten ingresar a Estados Unidos sin permiso y crear un caos que los contrabandistas de drogas y de personas podrían aprovechar.

Horas antes del anuncio de Abbott, Perry dijo que la orden ejecutiva de Obama en 2012 que demoraba la deportación de personas traídas por sus padres a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños desató una oleada de menores inmigrantes que viajaban sin acompañante y de familias, la mayoría provenientes de Centroamérica, los cuales ingresaron a territorio estadounidense a mediados de año.

La demanda federal involucra a los siguientes estados: Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.

Fuente: AP

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