Acusan a Machado por conspiración

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La exdiputada opositora María Corina Machado fue imputada el miércoles del delito de conspiración por su presunto vínculo con un plan para asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Acabo de ser imputada por el delito de conspiración, un delito que tiene una pena de hasta 16 años de prisión. Todas las acusaciones y las supuestas pruebas son falsas”, dijo Machado a periodistas a su salida de la Fiscalía, que amaneció acordonada por decenas de agentes de la Guardia Nacional que cerraron calles aledañas y colocaron barreras de acero en las puertas del recinto.

El abogado Tomás Arias, que encabeza el equipo de defensores de la líder opositora, comentó que en ningún momento “se especificó” el vínculo de Machado con el supuesto plan de magnicidio.

“Hemos solicitado información adicional para presentar nuestros alegatos”, agregó.

Machado -investigada desde marzo por la supuesta conspiración denunciada por el oficialismo- compareció ante el Ministerio Público, en el centro de la capital, donde le imputaron el cargo de conspiración “para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación”, de acuerdo con la Fiscalía General.

En junio, las autoridades judiciales prohibieron a Machado salir del país poco después de que el partido gobernante la despojó de su escaño en la Asamblea Nacional.

Machado, de 47 años, ha dicho repetidamente que el gobierno usa los tribunales para “perseguir y callar todas las voces” disidentes.

Horas antes, la ex congresista había dicho a The Associated Press en una entrevista telefónica que “no he cometido ningún delito, voy a la Fiscalía a enfrentar la infamia de un Poder Judicial que de rodillas atiende las órdenes de Miraflores (el palacio de gobierno de Caracas)”.

“Este es el precio que tengo que pagar por decir la verdad en Venezuela y el mundo, decir que en Venezuela hay una dictadura”, añadió.

Miembros del partido de gobierno denunciaron en mayo la supuesta existencia de un plan dirigido a ejecutar un golpe de Estado y asesinar a Maduro y otros dirigentes oficialistas, al tiempo que centraron su acusación en Machado y otros opositores.

Por este caso tienen orden de captura desde julio el exgobernador del estado central de Carabobo y excandidato presidencial Henrique Salas Römer; el excongresista Gustavo Tarre Briceño, y el opositor Robert Alonso, hermano de la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso.

Además, desde mediados de año fueron giradas órdenes de captura internacional contra Pedro Burelli, un exdirector externo de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A.; Diego Arria, excandidato presidencial y exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas; y el abogado Ricardo Koesling, fuerte crítico del gobierno.

Como prueba el gobierno mostró algunos supuestos correos electrónicos que la exdiputada compartió con opositores. Algunos de los implicados han afirmado que tales mensajes son falsos.

Maduro, que asumió la presidencia en abril de 2013, ha denunciado cinco planes de magnicidio y más de una decena de actos de sabotaje y complot.

Fuente: AP

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