La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalará el derecho de los servidores públicos para oponerse a la publicación de sus declaraciones patrimoniales, publica Reforma.
“Ocho de los 11 Ministros de la Corte rechazaron hoy un proyecto de sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que señala que las declaraciones sólo pueden ser divulgadas por la Secretaría de la Función Pública previo consentimiento del funcionario en cuestión”, según la nota.
La votación oficial del caso se aplazó para el jueves, y solo quedó pendiente la réplica de José Ramón Cossío, autor del proyecto que proponía fallar contra el artículo 40 y ordenar la divulgación de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales, se explica.
De haber sido otorgado, el amparo hubiera tenido consecuencias para decenas de miles de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como órganos autónomos, incluidos los propios Ministros de la Corte, magistrados y jueces, legisladores, directores generales y similares, cuya normativa interna siempre ha considerado que estas declaraciones son confidenciales.
“Incluso el Presidente Enrique Peña Nieto, al iniciar el sexenio, divulgó una versión poco clara de su declaración que no permitió conocer el monto de su patrimonio”, de acuerdo a Reforma.
La mayoría en la Corte consideró que el candado a la publicación de estas declaraciones no atenta contra el principio constitucional de máxima publicidad de la información pública, ya que protege datos personales y de terceros.
“No hay un fundamento Constitucional o convencional, desde mi punto de vista, para considerar que la ciudadanía está legitimada para conocer todos los datos de un servidor público, aun los de carácter personal”, afirmó el ministro Alfredo Gutiérrez en la sesión del lunes, en la que inició el debate sobre el tema.
“El precepto, lejos de ser inconstitucional, guarda una congruencia entre lo que implica la máxima publicidad por una parte y los datos personales y sensibles, pues en el caso de la declaración patrimonial, se desprenden datos que contienen no sólo información del declarante o del servidor público, sino inclusive de sus dependientes económicos”, agregó Olga Sánchez Cordero.
Según Reforma, Fernando Franco destacó que el proyecto de Cossío reconoce que las declaraciones patrimoniales contienen datos personales, y que dichos datos están protegidos por la Carta Magna y son una excepción al derecho de acceso a la información, incluso tratándose de empleados de Gobierno.
“No convengo que la protección de datos personales de servidores públicos pueda ser objeto de un escrutinio con mayor intensidad, que aquellos que se refieren a cualquier persona”, dijo Luis María Aguilar.
Solo el Presidente Juan Silva Meza y Sergio Valls apoyaron a Cossío. Los ocho ministros restantes se pronunciaron por la Constitucionalidad del artículo 40, pero uno de ellos, Arturo Zaldívar, votará por conceder el amparo para entregar las declaraciones de los diputados, ya que a su juicio, cuando se presenta una solicitud de acceso la autoridad respectiva debe hacer una ponderación para resolver en cada caso si el interés público prevalece sobre el del funcionario opositor.
