El Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas criticó este martes a México sobre los casos de emigrantes y específicamente, de los menores migrantes, que desaparecen y son víctimas de explotación sexual, laboral o de trata de personas.
México se somete hoy a la segunda y última jornada de escrutinio regular del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
Los relatores del informe de México, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a México sobre qué es lo que hace para evitar que funcionarios del Estado o criminales secuestren y abusen de los inmigrantes, y específicamente de los niños.
El delito de desaparición forzada sólo sucede cuando un funcionario del Estado está implicado, si el ejecutor es un criminal se trata de un secuestro, pero en ambos casos el Estado es responsable de evitar que el delito se cometa.
“¿Qué política preventiva aplica el Estado para evitar estos casos en las rutas migratorias?”, preguntó Hazan.
“¿Tienen algún mecanismo que permita el rescate de estos menores y la restitución a sus familiares?”, agregó.
En la misma línea, los relatores preguntaron también respecto a los tratados de extradición con otros países, y Suela Janina, otra de las miembros del Comité, cuestionó específicamente a México sobre si los 33 tratados que mantiene con sendos países incluyen la figura de la desaparición forzada.
Asimismo, Juan José López Ortega, otro de los relatores, preguntó si México aplica el principio de “non refoulement”, es decir, la no expulsión de una persona a su país de origen o a una nación que lo requiera pero donde pueda ser sometido a tortura o malos tratos o, en su caso, desaparición forzada.
Por otra parte, López Ortega también cuestionó a la delegación mexicana sobre el hecho de que el propio Estado asuma que cuenta como “desaparecidos” a personas que están recluidas en distintas dependencias gubernamentales.
López Ortega hizo notar la incoherencia de este hecho, y pidió si no había una manera de comparar los registros de los diversos centros de detención (penitenciarios, inmigrantes, prisión preventiva, etc) con los de desaparecidos.
Los relatores también cuestionaron sobre la figura del arraigo, una medida cautelar que permite la prisión preventiva, pero que ha permitido abusos e incluso desapariciones forzadas.
Finalmente, los miembros del Comité insistieron de nuevo en el tema de las víctimas, de cómo se protegen, cómo se resarcen y cómo se asegura el derecho a la no repetición.
Precisamente, Huhle se refirió el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron tras una orden de las autoridades de Iguala y a manos del cártel Guerreros Unidos, y preguntó sobre las denuncias que indican que los padres estarían buscando, y encontrando, fosas comunes de restos de desaparecidos, sin ayuda del Estado.
Fuente: EFE
