A cinco años de una de las primeras masacres cometidas contra civiles en México, dentro de la guerra contra el narco, familiares y amigos de las 13 víctimas aún esperan justicia, publica Reforma.
La tarde del 16 de agosto de 2008, un comando abrió fuego contra al menos 25 jóvenes que conversaban y jugaban carreras descalzos, a la usanza rarámuri, afuera del centro ejidal Profortarah, en la periferia de Creel, en la Sierra Tarahumara.
El más pequeño de los muertos tenía un año.
Ante la llegada de los sicarios, la autoridad abandonó el pueblo, ubicado en el Municipio de Bocoyna, por lo que el jesuita Javier Ávila acompañó a la multitud adolorida e incluso debió cuidar evidencias ante la demora para llegar, de más de tres horas, de elementos de la Procuraduría estatal.
“Las familias están decepcionadas y dolidas por la falta de justicia”, afirma el jesuita.
“El Gobierno abandonó a Creel y le apuesta al olvido, pero esto no va a suceder: debe haber justicia y erradicarse la violencia en la sierra, porque en cualquier momento puede pasar otra masacre”.
Primero de tres
Esta tarde de agosto, el tren Chihuahua-Pacífico llega pesadamente entre rechinidos, silbatazos y nubarrones negros a la minúscula estación en este poblado del municipio de Bocoyna, puerta de entrada al país de los tarahumaras.
Provenientes de Chihuahua, algunos pasajeros descienden del “Chepe” para recorrer este “pueblo mágico”, como está denominado Creel, y otros aguardan a que reanude su marcha que, en total, recorrerá 650 kilómetros hasta Topolobampo, Sinaloa.
Es sábado, ha llovido mucho y aún es periodo vacacional, pero los comerciantes de artesanías y guías insisten en que el número de turistas es incomparable con el del pasado. Tampoco se ven extranjeros. Los lugareños, sin embargo, mantienen la esperanza de que un día las calles de su pueblo sean como antes: intransitables con tanto visitante.
Una tarde parecida a ésta, aunque el tren ya habría partido, la del sábado 16 de agosto del 2008, tres camionetas llegaron a gran velocidad al centro social Profortarah, casi en la periferia de Creel. Eran pasadas las 18:00 horas.
Ahí, al lado de una nave de blocks y techo de lámina, cuando menos 25 hombres, jóvenes en su mayoría, oían música, platicaban, bebían cerveza y otros jugaban carreras descalzos, a la usanza rarámuri. Unos acababan de salir por cerveza.
Sin decir nada, los recién llegados a Profortarah, al parecer 12, abrieron fuego contra el grupo. Los muchachos corrieron despavoridos hacia el fondo, saltando bardas, o se escondieron abajo de los carros estacionados. Hasta ahí fueron los sicarios a disparar contra los heridos o ya muertos.
Ese año, se contó a través de testimonios la escena dantesca y el abandono de la autoridad local ante la masacre. Ahí el cura Javier Ávila debió hacerse cargo de su pueblo herido.
Todo ese tiempo, el sacerdote, también presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), organismo que fundó junto al Obispo de la Tarahumara José Llaguno, acompañó a las víctimas. “Pato”, como le dicen cariñosamente, veló la integridad de la escena del crimen, estuvo con los dolientes, presidió la misa de despedida y el adiós en el cementerio, donde fueron sepultados uno cerca del otro.
Los primeros meses y pese a la amenaza de un regreso del comando, los deudos exigieron airadamente justicia: tomaron casetas, cerraron caminos, colgaron mantas en todas partes e instalaron ataúdes; se situaron sobre las vías del Chepe, desfilaron de blanco y de negro por su pueblo, y contaron una y otra vez la misma historia de abuso y terror. Las autoridades, sordas.
El anterior Gobierno de José Reyes Baeza y su Procuraduría, que al principio dieron versiones vagas sobre la masacre, han aprehendido únicamente a tres personas, una de las cuales liberó por colaborar con la autoridad, pero eran actores colaterales. Nunca fueron arrestados autores intelectuales o materiales, algunos de los cuales han sido reportados como supuestamente asesinados.
La responsabilidad del homicidio colectivo fue atribuida a “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez, que tanta muerte ha causado en el Estado.
Y un lustro después, nada.
Fuente: Reforma
