El jefe policial de una pequeña comunidad en el sureste mexicano fue asesinado por decenas de miembros de una “policía comunitaria”, quienes irrumpieron en su oficina e intentaron “arrestarlo” por presuntos vínculos con un grupo criminal.
Uno de los líderes de la “policía comunitaria”, Eliseo Villar, dijo el viernes a The Associated Press que el jefe de la policía formal de la municipalidad de Tlacoachistlahuaca, Miguel Gutiérrez, abrió fuego contra los miembros de ese cuerpo comunitario cuando pretendían detenerlo.
Villar dijo que los hombres, que son originarios de la comunidad cercana de Cochoapa, respondieron a tiros y mataron a Gutiérrez.
Ambas comunidades pertenecen al estado sureño de Guerrero, donde hace años surgieron grupos ciudadanos que la ley local reconoce como “policía comunitaria” para coadyuvar con las autoridades formales.
La Procuraduría de Guerrero informó en un comunicado que inició una investigación por la muerte del jefe policial.
La “policía comunitaria” había acusado a Gutiérrez de esconder hasta cinco cuerpos en fosas clandestinas.
El gobierno de Guerrero ha dado a ese tipo de organizaciones comunitarias algunos poderes para actuar de manera local, pero en sus propias comunidades y por delitos menores. Hasta ahora, sin embargo, no está claro si tienen facultades para detener a servidores públicos.
Pero Villar defendió la acción y aseguró que la policía comunitaria sí puede hacer arrestos de autoridades “siempre y cuando esté claro el delito y en este caso está claro el delito”. Admitió, sin embargo, que hasta ahora no se han ubicado ninguno de los cuerpos que le imputan están en fosas clandestinas.
Formadas en la década de 1990 particularmente en comunidades indígenas de Guerrero, las “policías comunitarias” existen en varias poblaciones y en muchos casos han detenido a personas que llegan a ser confinadas en cárceles instaladas en sus pueblos y son obligadas a realizar servicios sociales.
Pero esos grupos han llegado a realizar acciones fuera de sus comunidades, lo cual ha llevado en el pasado a tener enfrentamientos -a veces a golpes- con autoridades formales, pero rara vez se ha traducido en muertes.
La Procuraduría estatal señaló que indaga la comisión de delitos como homicidio, secuestro y robo de arma, y aseguró que procederá contra quien resulte responsable.
Fuente: AP
