Por Luis Javier Valero Flores
A dos días del inicio de las campañas electorales que habrán de arrojar a los integrantes de los ayuntamientos y legislatura local que tomarán posesión de sus cargos, los primeros en octubre y los diputados en septiembre, se yergue una verdadera amenaza a la certidumbre del proceso electoral, no porque ésta no se la otorgue el órgano electoral, sino porque las impugnaciones a las candidaturas comunes y alianzas, interpuestas por el CDE del PAN y el Comité Municipal de Chihuahua del PRD serán resueltas, en primera instancia, por el Tribunal Estatal Electoral (TEPJF), y luego, muy seguramente, en última instancia, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en su Sala Regional ubicada en Guadalajara.
El peligro es que pudiera darse un episodio semejante al que dio origen al fenómeno de “Juanito”, aquel candidato del PT a la delegación Iztapalapa, postulado por el PT y al que López Obrador le pidió que aceptara ser el receptor de los votos que se emitieran por Clara Brugada, quien había sido triunfadora de la elección interna del PRD y a la que el TEPJF quitó la candidatura días después de terminarse la impresión de las boletas electorales.
Todo un galimatías. Como no había tiempo para la impresión de la nueva boleta, el nombre de Brugada aparecería en el logotipo del PRD, pero en realidad, desde el punto de vista legal, ella no era candidata, de tal manera que “Juanito” se comprometió a renunciar a ser Delegado si obtenía el triunfo. En ese momento la intención de voto del PT apenas rebasaba el 5%. El día de las elecciones obtendría más del 35% de los votos emitidos.
“Juanito” se tardó en renunciar, luego de contribuir como muy pocos al engrosamiento de la picaresca mexicana.
Quizá el proceso electoral de Chihuahua pueda atravesar por un problema parecido -por supuesto, no el de “Juanito”-, consistente en que la resolución del TEPJF pueda emitirse tardíamente y afectar el proceso de elaboración de las boletas electorales. Claro que para ello debería darles la razón a los impugnadores.
Y es que la impugnación del PAN es de las que pueden dejar secuelas importantes para todos los procesos electorales, si es que así lo evaluaran los magistrados de Guadalajara. Aborda el tema de la adecuada representación de los partidos en los órganos de gobierno, como resultado de una elección.
Las alianzas y el reparto de porcentajes de votos de manera anticipada a que se emitan por los ciudadanos está contemplado en la ley, forma parte del cuerpo legal con el que se rigen las elecciones en Chihuahua, el problema estriba en determinar si este articulado cumple con las reglas más generales constitucionales y en la jurisprudencia emitida por el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahí se ubica el problema. El órgano judicial puede resolver superficialmente acerca de si tal facultad de los partidos se encuentra asentada en el marco legal local. Si decide ir al fondo y discutir si los partidos, mediante un acuerdo sustentado en el marco legal pueden traficar con los votos de los ciudadanos.
De ser así, entonces podrían “caerse”, no las alianzas sino los acuerdos de la distribución de porcentajes de los votos y ordenar el reparto equitativo de ellos entre los partidos participantes de la alianza.
Si optara por el criterio contrario, se abriría una nueva veta, en todo el país, para que tales esquemas se multiplicaran y le otorgaran a los partidos una nueva forma, aún más deplorable, de traficar con la voluntad ciudadana.
La otra impugnación, consistente en que la dirigencia estatal del PRD presentó un documento, que a juicio del PAN y de la dirigencia municipal del PRD consideran que no cumple con lo establecido en los estatutos de este partido para la aprobación de las candidaturas comunes.
De lograr un fallo favorable, las repercusiones serían menores para el total de las candidaturas y sólo se circunscribirían a una cifra menor a los 10 municipios, preponderantemente la capital del estado, pues entonces el PRD tendría que postular sus propios candidatos a la alcaldía (planilla de regidores incluida) y dejaría a Héctor Barraza como su candidato a Síndico e imposibilitado para aceptar la candidatura común con el PRI.
De lo contrario, dicen dos integrantes de la Comisión Política del PRD (Gilberto Ensástiga y Carlos Sotelo), podría enfrentar la posibilidad de la expulsión.
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