La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó sin modificación alguna el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales previamente avalado por el Senado de la República para regular el sistema oral acusatorio de aplicación obligatoria en todas las entidades federativas a partir de 2016.
Con 22 votos a favor y tres 3 abstenciones, los integrantes de la comisión dictaminadora dieron luz verde al dictamen que sería votado por el pleno la semana entrante.
El legislador priista Ricardo Fidel Pacheco, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que el nuevo código procesal único permitirá a los ofendidos, a las víctimas e incluso a los delincuentes obtener el respeto a sus derechos consagrados en la Constitución con los principios de inmediatez y de oralidad.
“El juez tendrá que estar presente en todas las audiencias de cara al acusado, las víctimas y los fiscales, y todo esto va a permitir consolidar un sistema para dar una mejor justicia para los mexicanos”, puntualizó.
En representación del PAN, la diputada Esther Quintana dijo que tener un Código Único de Procedimientos Penales abonará a la eficiencia en la impartición de justicia.
Aseguró que ese sistema trae consigo la oralidad y transparencia para que quien llegue a un tribunal, tanto víctima como victimario, tengan la certeza de que la sentencia será apegada al ordenamiento jurídico.
Remarcó que no es un cambio menor, porque se va de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, aunque admitió que el dictamen es perfectible y “en eso estaremos trabajando para que se vincule con otras iniciativas, de manera que esa eficacia que se pretende, no quede nada más en aspiración y aterrice en la realidad”.
A nombre del PRD, el diputado Alejandro Carbajal advirtió que el sistema judicial penal de México está en crisis, desde la etapa de averiguación previa hasta el sistema penitenciario, donde es posible apreciar reclusorios con hacinamientos en la gran mayoría de los estados de la República y personas presas que no son culpables.
Insistió por ello en la homologación en todos los ámbitos para dar certeza, transparencia y elementos para defender a la población.
Advirtió, no obstanten que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene deficiencias como el concepto de víctima, el cual se contradice con la Ley General de Víctimas, y por ello exhortó a que se incluyan todas reservas de los legisladores en el pleno.
Al comienzo de la reunión de trabajo, el diputado Pacheco informó que la junta directiva de la Comisión de Justicia acordó incorporar a la exposición de motivos de la minuta una referencia a la resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto a la geolocalización.
“Podemos referir que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las reformas se encuentran en plena constitucionalidad en vista de que la localización geográfica en tiempo real está dirigida fundamentalmente a los aparatos asociados a una línea telefónica y no implica de ninguna manera la intervención de comunicaciones y de domicilios”, precisó.
Fuente: Milenio
