Acusan al INE de cómplice de “elección de estado” en el Edomex

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La jornada en la que se renovará la gubernatura mexiquense arrancó con reproches de la oposición a los institutos electorales nacional (INE) y estatal (IEEM) por ser “omisos” en las anomalías que se presentaron durante el proceso y, por lo tanto, “cómplices” de una elección de Estado.

Al corte de las 11:38 se reportó la instalación de más de 18 mil 300 casillas (de 18 mil 605 previstas) para recibir el voto ciudadano. “No significa que las otras no se hayan instalado, sólo no han sido reportadas”, precisó al respecto el Consejo General.

Ricardo Moreno Bastida, representante de Morena ante el IEEM, confirmó que el comisionado del partido en Atlacomulco, Oscar Juárez Cárdenas, fue “levantado” en la madrugada por personas que circulaban una camioneta Van blanca, y hasta el momento se desconoce su paradero.

También acusó que durante todo el proceso electoral se presentó un “cúmulo de irregularidades”, que van desde la guerra sucia contra su candidata, Delfina Gómez, hasta la negativa del IEEM para digitalizar las actas en los lugares de las casilla, alimentar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), despartidizar los órganos distritales y garantizar copias legibles de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas.

Además, se detectó una grave lentitud para atender los llamados de los representantes y la incapacidad para frenar el reparto de apoyos sociales por parte del gobierno en favor del candidato del partido en el poder, Alfredo del Mazo.

El morenista aprovechó para hacer un llamado a sus representantes para actuar con responsabilidad durante la jornada y no caer en provocaciones.

Joel Cruz, del partido del Trabajo (PT), acusó al IEEM de ser omiso, y enfatizó que en tiempo y forma informaron oficialmente sobre la dimisión de su candidato en favor de la candidata de Morena para que implementara las medidas informativas correspondientes, a fin de no confundir a los electores, pero la petición nunca fue atendida y, más aún, no ha investigado la campaña que llamaba a votar por Oscar González en busca de anular los votos, y que se tradujo en una inversión importante en espectaculares y millones de volantes.

El panista Alfonso Bravo advirtió que no se puede pretender un ambiente de fiesta ante una elección de Estado en la que se utilizaron cuantiosos recursos públicos para la coacción del voto, se lanzaron intensas campañas de desprestigio y hubo hostigamientos por parte de elementos policiacos.

“El proceso se ha distinguido por la ilegalidad; la autoridad electoral ha sido cómplice y hasta parte de la componenda para imponer a la fuerza a su príncipe”, señaló.

Javier Rivera, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que esa fuerza política ha entablado diversas denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, por romper la veda electoral al publicitar a su candidato en redes sociales, y al padre Alejandro Solalinde por pronunciarse en favor de Morena, por la misma vía, violentando el principio de separación Iglesia-Estado.

También se quejó de problemas para que sus representantes sean aceptados por las mesas directivas de casilla, por la incapacidad de los órganos electorales para entregar acreditaciones y girar instrucciones precisas.

En contraste, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), manifestaron su confianza en las autoridades electorales y convocaron a sus adversarios a respetar los resultados de la contienda.

Movimiento Ciudadano justificó que los retrasos presentados en la organización del proceso no son atribuibles al IEEM, sino al INE, y que el PREP mexiquense es de los mejores del país.

Posteriormente, en el marco de la sesión permanente del Consejo General, el PT denunció la compra de votos en municipios como Rayón e Ixtapaluca, y Morena acusó el término de boletas en algunas casillas especiales, como la de la Terminal de Toluca.

Fuente: Proceso

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