La Fiscalía General del Estado presentó a Óscar Eduardo Vargas Romo, alias El Negro, arrestado en Sonora, como uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa en el valle de Juárez, y le atribuyó ser responsable de la muerte de más de 200 personas en la región, conformada por los municipios de Juárez, Guadalupe Distrito Bravos y Práxedis G. Guerrero.
En conferencia de prensa, el titular de la fiscalía, Jorge González Nicolás, informó que asimismo se fincarán cargos a Vargas Romo por el homicidio múltiple perpetrado el 22 de septiembre de 2013 en el poblado Loma Blanca, donde 10 integrantes de un equipo de beisbol fueron asesinados.
Agregó que en los próximos días también se le acusará formalmente por la muerte de los hermanos Élmer y Édgar Iván García. El Negro también habría participado en el secuestro de Gabriel Archuleta, primo hermano de las dos víctimas antes citadas.
En las indagatorias realizadas, y de acuerdo con declaraciones de al menos 15 sujetos que estuvieron bajo el mando de El Negro, se señala que ordenó la muerte de más de 200 personas, entre ellas 11 beisbolistas en el municipio de Práxedis G. Guerrero, en septiembre pasado.
Vargas Romo, junto con José Orlando Valerio Portillo (a) El Shaggy, y los hermanos Jesús Manuel El Meño y Leonardo Rubén El Toga Morales Rodríguez, se refugió en Hermosillo, Sonora, y el 23 de febrero pasado los cuatro sufrieron un atentado del cual sólo salió vivo El Negro. El sábado fue detenido por la Policía Federal, división Caminos, cuando pretendía abandonar Sonora.
Antecedentes y cargos
Óscar Eduardo Vargas Romo, de 27 años, asumió el control de la plaza y de varios grupos del Valle, luego de la muerte en agosto de 2013 de Gabino Salas Valenciano, alias “El Ingeniero”.
La hegemonía de Vargas Romo se extendía a los municipios de Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero. El mecanismo de su organización para ganar terreno era raptar a sus enemigos para luego asesinarlos, revelan datos oficiales.
“Esta persona heredó el mando y desde entonces conformó una célula importante al reorganizar la que ya existía, pero además se apoderó en el sector juntando a varias de las distintas organizaciones que por ahí operaban”, dijo el fiscal.
Con varias lesiones a la vista, que incluso ocasionaron que el juez le preguntara si había sido golpeado durante su detención o en el tiempo que estuvo a disposición de los agentes estatales, “El Negro” fue trasladado a la sala número 4 de la Ciudad Judicial para escuchar la acusación por parte de una agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida.
Al cuestionamiento del juez, Vargas respondió que las heridas datan de hace unos 15 o 20 días, cuando perdió el ojo derecho.
La fiscal estatal señaló al formular cargos que Vargas Romo y otras personas se presentaron el 22 de septiembre de 2013 aproximadamente a las 20:00 horas en un domicilio ubicado en la carretera Juárez-Porvenir cruce con Raymundo Herrera del poblado de Loma Blanca para abrir fuego contra un grupo de personas.
“Lugar donde usted y sus acompañantes, siendo superiores por las armas de fuego calibre 7.62×39 y .223 que portaban, dispararon en contra de Luis Alonso Frayre Alarcón, Edgar Michel Mancha Dávila, Ricardo Vega Pérez, Edgar Aarón Acosta Armendáriz, quienes eran menores al momento de los hechos”, afirmó la representante social.
La fiscal refirió que los disparos también fueron en contra de Martín Mancha Armendáriz, María Mireya Armendáriz Meza, Jesús Alonso Villagrón Ramírez, Miguel Antonio Mota Armendáriz, José Eusequio Mota Ortega y Julio César Alarcón Carrillo, quienes se encontraban desarmados.
Datos periodísticos indican que la noche de ese 22 de septiembre se observaron los cadáveres quedaron tirados en el patio de tierra cerca de una mesa de plástico, donde las víctimas colocaron el trofeo ganado y que por la tarde habían presumido en el poblado mientras paseaban en la caja de una troca, y junto con un asador así como una caja de cervezas.
Los cuerpos estaban destrozados y algunos vestían uniformares de beisbol. Junto a ellos, los peritos estatales señalaron al menos 33 elementos balísticos.
En la audiencia realizada ayer la fiscal clasificó los hechos como constitutivos del delito de homicidio con penalidad calificada y agravada.
El primer supuesto, al señalar que los sicarios actuaron con premeditación, también por las armas empleadas y porque aprovecharon que los jugadores se encontraban inermes al momento del ataque.
La pena solicitada por el Ministerio Público también es agravada porque entre las víctimas hay cuatro menores y una mujer; en esos casos la ley del Estado de Chihuahua prevé una pena de 30 a 60 años de cárcel.
Fuentes: El Diario y La Jornada
