Por Pablo Gómez
Las sucesivas reformas electorales han tenido varios fracasos: se buscaba un órgano regulador íntegramente imparcial, lo cual no se ha logrado; se quería un tribunal de justicia electoral, pero por lo regular no funciona de ese modo; se requirió un fiscal de delitos electorales (FEPADE) que nunca existió como tal.
Un caso emblemático fue el de los Amigos de Fox, en el cual el entonces presidente de la República y principal denunciado, Vicente Fox, se negó a que se nombrara un fiscal independiente.
La FEPADE-PGR (María de los Angeles Fromow-Rafael Macedo de la Concha) resolvió el no ejercicio de la acción penal, aunque el IFE multó al PAN y al PVEM con más de 300 millones de pesos de entonces. Amigos de Fox fue ilegal, sin duda. Entre otros muchos, Carlos Slim, el mayor capitalista del país, había aportado tan sólo 17 millones, aunque no tuviera, dijo, intereses políticos y mucho menos “vocación”.
Ahora, desde la Presidencia de la República se ha ordenado la destitución del fiscal electoral porque existe un caso de alto riesgo: una denuncia de financiación ilegal de la campaña de Enrique Peña Nieto (2012) con un soborno procedente de la firma brasileña Odebrecht, presuntamente recibido por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Al parecer, el gobierno no le tenía suficiente confianza a Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Ya no se trata de asuntos varios y muchas veces menores, sino que ahora se encuentra en el centro Peña Nieto y la parte de su gabinete que operó la campaña electoral. Por menos de eso caen gobiernos en América y Europa.
No existe la menor duda de que la orden de destitución ha procedido de Los Pinos y ha sido ejecutada por el encargado de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene capacidad de dar órdenes a la PGR mientras que el flamante encargado podría sólo permanecer por el tiempo que se requiriera para que sea designado el nuevo procurador, pero aquél seguirá hasta el fin del sexenio, según ha dicho él mismo, lo cual es ilegal, pues la vacante debe cumplirse mediante el mecanismo constitucional. Este punto es aún más relevante porque Alberto Elías, el encargado, no tiene la antigüedad en la profesión jurídica que se requiere para ser procurador, entonces tampoco la tendría para destituir a un fiscal especial. Todo huele a que Raúl Cervantes quiso poner su renuncia antes de que se tuviera que cumplir la orden presidencial de mandar al diablo a la FEPADE, para no verse envuelto en otro lío.
Al respecto de la infidencia como causa del despido de Santiago Nieto, nomás recuérdese que la PGR publica conversaciones telefónicas, videos, rumores, dichos y cuanta cosa cree que le beneficia, como forma de conducir casos resonantes. Lo ha hecho siempre y nadie ha logrado tumbar por ello a un procurador. Hemos visto en la televisión supuestas detenciones o declaraciones de detenidos. Sólo recuérdese el asunto de Florence Cassez (conducido por la policía y admitido por la PGR) y el de un par de operadores de la pandilla de los Guerreros Unidos de Iguala con motivo de la versión del entonces procurador Jesús Murillo Karam, quien quería dar por comprobada la incineración en Cocula de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hay miles de sucesos parecidos a estos.
Si se hubiera querido sancionar a Santiago Nieto con fundamentos, por lo menos se hubieran tomado la molestia de abrir un procedimiento formal, pero lo que hubo fue la orden directa de un encargado, por instrucciones superiores, ante lo cual el presidente de la República ha dicho que es un asunto del Senado. ¿También lo fue el cese del fiscal electoral?
Ya en el Senado las cosas han seguido el mismo curso. Emilio Gamboa Patrón coordinador de la bancada del PRI, ha dicho que no admite presiones ni chantajes, ni nada de nada. Lo que quieren los priistas es acatar la orden presidencial y llevar a cabo, para tal efecto, una votación secreta. En el Congreso se votan mediante cédulas las designaciones. Nieto ya está designado, lo que se podría votar es el rechazo a su destitución.
Aunque el asunto consiste en una denuncia en materia electoral y no se ha hecho la investigación ni mucho menos Emilio Lozoya Austin está a punto de ser inculpado, es tanto el miedo de que el asunto Odebrecht se muestre relacionado con Lozoya y con la campaña de Peña, que el fiscal electoral ha tenido que pagar por anticipado.
Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, ha dicho que tiene ya concluidos varios procedimientos relacionados con los sobornos de Odebrecht. Hay que esperar para poder verlos. México, como siempre, es el último en enterarse de algo trasnacional: hay 10 países donde ya hay sentencias penales vinculadas al sistema de sobornos de la empresa brasileña.
La FEPADE nunca ha existido en realidad, pero cuando, por una vez, el fiscal quería, al parecer, hacer algo a la altura de su deber, se le ha atravesado el zombi del presidencialismo mexicano y se le quiere enviar de regreso a su despacho privado, alejado por completo de las causas penales que corresponden a los fiscales. Si fuera posible que el Senado se interpusiera, eso sería una gran cosa.
Fuente: Proceso
