Una coalición de 17 organizaciones denunció el martes que los esfuerzos antinarcóticos adelantados por gobiernos del continente propician la violación sistemática de derechos humanos, y por lo tanto pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluar la efectividad de tales programas.
Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales dijo que “ante el fracaso del paradigma antidrogas actual, el nuevo paradigma debe estar centrado en los derechos, y la Comisión debe jugar un rol protagónico”.
Rodrigo Uprimmy, director de la organización colombiana DeJusticia, alegó que la lucha contra los estupefacientes facilita la violación de los derechos a la vida, a la integridad, a la presunción de inocencia, a la libertad personal, la privación de libertad en condiciones dignas y a la libre circulación, entre otros.
El comisionado chileno Felipe González calificó a la audiencia celebrada el martes, la primera que aborda el impacto de los esfuerzos antinarcóticos en el respeto a los derechos humanos, como “el primer paso para seguir el diálogo con la sociedad civil y los estados sobre cómo mejorar”.
Los siete miembros de la CIDH evaluarán la semana próxima las solicitudes recibidas en las audiencias celebradas esta semana en la capital estadounidense.
Si bien la CIDH no ha abordado directamente el tema de la eficacia de los esfuerzos antidrogas, la OEA planteó que la despenalización del consumo de drogas debe ser la base de cualquier política de salud y no los arrestos o encarcelamientos de consumidores debido a que causan muchos daños.
La OEA incluyó esa propuesta al presentar en mayo pasado un estudio, elaborado por mandato de los jefes de Estado de la región.
Fuente: AP
