La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra un de decreto emitido por el congreso del estado de Sinaloa en materia de combate a la corrupción.
Según informó la Procuraduría en un comunicado, el decreto 768 reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa, permitiendo que los magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
Esta acción, consideró, contraviene la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados.
La PGR considera que el decreto viola el párrafo Tercero del Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción.
Consideró además que los Sistemas Locales de Anticorrupción no pueden ser creados a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre jurídica.
“Lo anterior, ya que los operadores jurídicos, no tendrán, en torno al Sistema Local Anticorrupción, la certeza de cuáles son las normas que lo rigen; es decir, carecerán del conocimiento pleno respecto de las reglas establecidas en las leyes que regirán y delimitarán la actuación de las autoridades dentro de dicho Sistema Local Anticorrupción. La creación de un ‘sistema’ implica el diseño de un conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”, se informó.
En días pasados, la PGR promovió Acciones de Inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo en materia de combate a la corrupción.
Fuente: El Universal
