Un tribunal colegiado vinculó a proceso al abogado Juan Collado por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, que asciende a 36 millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2015.
A la fecha son tres procesos penales los que enfrenta Collado, bajo imputaciones de la Fiscalía General de la República: uno por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por el cual fue detenido y está preso en el Reclusorio Norte; otro por defraudación fiscal; y el tercero por tráfico de influencias.
El magistrado Luis Alfonso Martínez Montalvo revocó este Viernes el fallo dictado por Juan Carlos Ramírez Benítez, juez de control en el Reclusorio Norte, quien el 5 de septiembre pasado libró al abogado del delito por falta de elementos.
La FGR apeló entonces dicha resolución y, tras un estudio legal, el magistrado echó abajo la exoneración y determinó iniciar con el proceso penal.
De acuerdo con la imputación, en 2015 el abogado Juan Collado tuvo depósitos bancarios que no reportó como ingresos acumulables, omitiendo el pago del impuesto sobre la renta por 36 millones 786 mil 881 pesos.
Sin embargo, justo después de que el magistrado lo vinculara a proceso, la Secretaría de Hacienda solicitó el embargo precautorio de dos cuentas de Collado para garantizar la reparación del daño por la suma precitada.
Collado compareció ante el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, en el marco de una audiencia de apelación promovida por Hacienda contra la resolución de un juez de control, mismo que se negó a ordenar el bloqueo de las dos cuentas bancarias que están a nombre de Collado.
El argumento de la Fiscalía es que el bloqueo a las dos cuentas bancarias busca garantizar la reparación del daño por parte del imputado. Empero, el juez de Control, Juan Carlos Ramírez Benítez, se negó a aplicar la medida cautelar por considerar que la petición de las autoridades fue extemporánea.
Por lo anterior, la SHCP y la FGR presentaron un recurso de apelación ante el Primer Tribunal Unitario, cuyo titular confirmó que el bloqueo de las citadas cuentas bancarias debió solicitarse por la Fiscalía en la audiencia inicial del caso, situación que no aconteció.
(El Financiero, Apro y Reforma)
