Por Luis Javier Valero Valero
Ubicados en la postura que todo lo realizado por el gobierno de Javier Corral deberá ser, necesariamente, evaluado al paso de los meses, sin las premuras que pudiera dictar el ánimo oposicionista, como pudiera ser el caso de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado pues sus diputadas ahora rechazan lo que antes tanto elogiaban, la bursatilización, especialmente la coordinadora, Karina Velázquez, que antes fue presidenta del PRI estatal, en el duartismo, dos nombramientos dan pie a elevar las expectativas acerca del desempeño de la Administración estatal del nuevo amanecer.
Primero, días atrás, el Congreso del Estado eligió a los tres nuevos consejeros del Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información Pública y Transparencia (Ichitaip), entre los cuales se encontraba el abogado Rodolfo Leyva, quien por tercera ocasión consecutiva pretendía un lugar en el organismo; en segundo lugar, apenas ayer, el gobernador Corral designó como consejero jurídico del Estado al también abogado Maclovio Murillo.
No se pueden tomar a la ligera ambos nombramientos. Más allá de sus datos curriculares cuentan con una coincidencia, cada uno de ellos en su ámbito se convirtieron en serios opositores al gobierno de César Duarte; el triunfo de Javier Corral encuentra explicación, también, en la contribución que estos dos brillantes abogados hicieron para socavar la hegemonía política del grupo gobernante en el sexenio pasado.
Comparten, por esas razones, otra coincidencia, la de haber derrotado jurídicamente –Murillo en más de una ocasión– a Duarte y haber logrado que el Poder Judicial de la Federación le propinara serios reveses judiciales a ese gobierno, que le permitieron a muchos chihuahuenses otear las graves ilegalidades que se cometían al influjo de una de las frases emblemáticas de su gobierno: “El poder es para poder y no, para no poder”.
Leyva impugnó la designación de las consejeras del Ichitaip, realizada formalmente por el Congreso del Estado, por no fundar y motivar su decisión y haber seleccionado a quien ocupó el último lugar en el examen de conocimientos y a quien no obtuvo una calificación por encima del 8, la que es exigida en todas las instituciones de educación superior en el estado para acceder al estudio de maestrías y doctorados y logró que el PJF le ordenara a la legislatura efectuar un nuevo proceso de designación. El resultado, ya lo sabemos, los diputados eligieron a las mismas en una segunda ocasión. Así se ejercía el poder.
La llegada de Leyva abre una rendija en las posibilidades de que, por fin, el Ichitaip sirva para los propósitos para los que fue creado, entregarles a los chihuahuenses el ejercicio pleno del derecho a la información pública.
Por otra parte, Maclovio Murillo se especializó en ganarle todos los amparos al gobierno estatal, en distintos y variados litigios, todos derivados del desaseo de la Administración saliente a la que poco le importó respetar los ordenamientos legales, tanto en la designación de jueces y magistrados, como en el de la pretensión de liquidar ilegalmente a la empresa del transporte urbano CTC, o en el de la elaboración de la legislación electoral, en la que hizo hasta lo imposible por impedir la llegada de las candidaturas independientes.
Y si hubiera un tema en el que la sorpresiva irrupción de Murillo en el gabinete corralista originara más expectativas, es, precisamente, en el del seguimiento de los procesos judiciales en contra del ex gobernador César Duarte; el ex litigante fue un auténtico dolor de cabeza para el ballezano y con su aparición en la Consejería Jurídica, con todo el peso y los recursos del gobierno estatal a su servicio, se puede conjeturar que, por lo menos, las demandas estarán bien sustentadas, ante las cuales, el Poder Judicial del Estado no tendrá dificultades para aplicar, bien, la justicia y que, en caso de encontrar evidencias de la culpabilidad de los ex funcionarios denunciados, la justicia federal no podrá emitir resoluciones contrarias a lo que fue, y es, aspiración de cientos de miles de chihuahuenses:
La aplicación de la justicia a quienes se presume delinquieron en el ejercicio del poder público.
