Por Luis Javier Valero Flores
No podía ser de otra manera. El inicio del gobierno de Javier Corral ha sido, por decir lo menos, tempestuoso.
A punto de cumplir, apenas, la tercera semana, a los conflictos derivados del desastre heredado de la administración anterior, se sumaron los generados por el cambio de rumbo político en la entidad.
Dos son los que caen en esta última clasificación: La reestructuración del sector educativo (en particular el de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, SEECH) y el de los nombramientos de los encargados de la seguridad pública, que abarca el creciente diferendo con el alcalde juarense, Armando Cabada, a tal grado que, por primera vez desde los tiempos de Patricio Martínez, (y quizá en algunos momentos, cuando coincidieron Héctor Murguía y César Duarte) el mandatario estatal realiza una gira en Juárez sin el acompañamiento del edil del antiguo Paso del Norte.
En primer lugar, asentar que es de tal velocidad la presentación de los conflictos que hacen imposible hacer un recuento pormenorizado de las irregularidades encontradas en la administración estatal, que nos podrían llevar a catalogarlas como de un verdadero desastre administrativo:
Falta de dinero en todas las dependencias, que ha llevado a parar patrullas, unidades médicas y pago de compensaciones a distintos grupos de trabajadores; infinidad de adeudos a proveedores de todo tipo de bienes y servicios; adeudo del orden –según cálculos del presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción-Chihuahua–, de los mil 500 millones de pesos a constructores; cámaras de seguridad inservibles, adeudos millonarios de los concesionarios del transporte urbano de la capital a choferes y proveedores; la deuda de 800 millones de pesos de gobierno a Pensiones Civiles; maquinaria gubernamental en ranchos particulares; adeudos de Desarrollo Social a distintos grupos sociales; adeudos de Desarrollo Rural a productores agropecuarios; el adeudo a la comunidad de Repechique por la construcción del aeropuerto de Creel; la negativa de la empresa a pagar el seguro del helicóptero de Gobierno en el que se accidentara Duarte; el adeudo del gobierno a la CFE por 63 millones de pesos, del consumo de la administración estatal, y de mil 300 millones de pesos por la medida populista de abaratar el pago de los usuarios de todo el estado (nunca cambiaron la tarifa prevaleciente y en ella mintieron el ex gobernador Duarte y el ahora dirigente priista, Enrique Ochoa), etc. ¡Pufff!
Aquí puede usted colocar las irregularidades de que usted tenga información.
Faltaría agregar, por ejemplo, la inmensa cantidad de puestos existentes, innecesarios y extraordinariamente bien pagados, que pueden llegar al orden de los mil en toda la estructura gubernamental.
Agreguen, además, la insultante cantidad de vehículos de gobierno puestos al servicio personal de los funcionarios; son cientos, a los que se les pagaba la gasolina, mantenimiento y chofer… ¡Ah, y los celulares!
Si a todo lo anterior le sumamos el conflicto con los choferes del transporte urbano de la ciudad de Chihuahua y el creado por las dirigencias de las secciones 8 y 42 del magisterio, nos habremos explicado el caos de estos primeros días, sin tomar en cuenta el crecimiento de la ola homicida.
Pero si los conflictos o situaciones conflictivas enumeradas líneas arriba son la herencia del gobierno duartista, la del magisterio la produjo la administración de Javier Corral. Lo único que hizo fue nombrar a un director de la SEECH, Manuel Arias, sin ligas con el sindicato de maestros. Habría que decir, además, que casi a la par se daban otros nombramientos en la Secretaría de Educación, en particular el del exrector Carlos González, (pero no sólo) que desataron la ira de la cúpula sindical del magisterio.
En juego está la apuesta de Corral en desmantelar la estructura del SNTE en el gobierno. Los dirigentes de la Sección 8 habían mantenido en su poder la absoluta mayoría de los 48 puestos de mando en los SEECH. Ante la posibilidad de perderlos ante un gobierno de corte panista (y, peor aún, aliado a grupos y personas de izquierda, sector de donde proviene Arias) decidió jugarse el todo por el todo esgrimiendo un conjunto de demandas de carácter económico para una parte de sus agremiados y así obtener, así fuera de a poquito, legitimad social y magisterial a sus posturas.
Se encontró con la firme actitud del gobierno de no entregar, este sí, la rectoría de la educación al sindicato magisterial, como ocurre en todo el país.
Los puestos de mando en los SEECH lo son todo, son los responsables de todas las áreas de la educación (primaria, secundaria, técnica, etc.); son los supervisores de los nombramientos de toda la estructura burocrática; mantienen el control de los escalafones, deciden a quiénes se les otorgan las direcciones escolares, a qué maestros se les envía a la sierra, a quiénes a Juárez, etc.
Por supuesto, ante la suspicacia de algún lector, todo lo hacían aparentando el exacto cumplimiento de la normatividad existente. Puras patrañas, es el ejercicio del más ramplón control sobre los maestros y que, con gobiernos priistas, se hace de la mano con ellos.
Y aquí está uno de los grandes retos de Javier Corral. En el pasado, en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, criticó severamente el amasiato de éstos con la lideresa magisterial, entonces todopoderosa cacique sindical, Elba Esther Gordillo. Pregonó en el desierto, el guanajuatense y el michoacano reforzaron grandemente el poderío económico de la dirigencia magisterial, sólo para encontrarse que la cúpula sindical no le es fiel a nadie, salvo a los que ejercen el presupuesto, y eso, ni todo el tiempo, ni de manera completa.
Tenía razón Corral, la vigencia del antiguo régimen estaba, y está, sustentada en buena medida en el corporativismo sindical, tanto del magisterio, como de la principal de las centrales sindicales obreras, la CTM; al no desmantelarla, Fox, Calderón y la dirigencia del PAN contribuyeron como nadie al regreso del PRI a la presidencia de la República y a la abrupta interrupción de la larga transición democrática del país.
Por ello resultó inexplicable que los panistas impulsaran la reforma educativa de Peña Nieto, de ella no podía desprenderse la supuesta recuperación de la rectoría del Estado en la educación. En la práctica nunca la habían perdido, la tenían –y la tienen– compartida con la dirigencia del SNTE y en la realidad la ejercen a plenitud, sin el desdoro de tener que aparecer como los controladores del gremio magisterial. La tarea sucia la efectúan los caciques sindicales.
Por eso es tan severa la crisis de la educación en el país. Ni la política educativa está en manos de expertos de la educación, ni la organización sindical está en manos de los maestros.
A eso se enfrenta el gobierno de Javier Corral y las fuerzas que lo acompañan en la Administración estatal. Deberán encontrar la mejor manera de buscar, más allá del respaldo ciudadano con el que cuenta, que la ejecución de la política educativa encuentre el respaldo de la sociedad; lo vivido en la semana es solamente el inicio de una larga y ríspida confrontación en la que, sin duda alguna, los dirigentes magisteriales locales recurrirán al apoyo de la dirigencia nacional, tanto del SNTE, como del PRI, del Partido Nuevo Alianza (PANAL) y del gobierno de Peña Nieto.
Pero no bien amaina alguna de las tormentas acaecidas en el amanecer de este gobierno, cuando ya le aparece otra y ésta es la generada a partir del nombramiento de Jorge González Nicolás en Seguridad Pública de Juárez, asunto que finalmente obligó a Cabada y a Corral a reunirse brevemente al término de las respectivas giras efectuadas por separado en el antiguo Paso del Norte.
No hay buenas noticias. A pesar de lo declarado por el alcalde –“Quedamos bien, yo creo que avanzamos y me reiteró (Corral) que habría coordinación institucional”– lo afirmado después por el gobernador –“investigaremos a González Nicolás, por ser cómplice de Duarte”– no abona a ese dicho, de tal manera que en el aire queda la posibilidad de que no exista la suficiente coordinación en materia tan sensible.
Además, ante los nombramientos del resto de las fiscalías en el estado y de la Ejecución de Penas (es decir, el encargado de los penales), priva la sensación que se nombró a quienes formaron parte esencial del equipo de González Nicolás, lo que en la práctica le da un aval a la labor realizada por éstos, al extremo de que en el comunicado oficial en el que se informa de los datos curriculares de Carlos Mario Jiménez Holguín, designado fiscal de la Zona Centro, se dice de él que fue “Integrante del equipo de trabajo que logró el avance más significativo en la recuperación de la seguridad en Chihuahua, en los tiempos de mayor crisis delictiva históricamente”.
¡Vóytelas!
El problema es que ese equipo, en los últimos días del gobierno de Duarte, recibió sendas recomendaciones de la Comisión estatal de Derechos Humanos, debido a que se encontró sustento en las denuncias presentadas en su contra de haber torturado a diversos presuntos criminales para acreditar su responsabilidad.
No, no se presentan fáciles las cosas para el gobierno del amanecer, y menos si se toman las elevadas expectativas despertadas a lo largo de una campaña… y de un sexenio que fue, por mucho tiempo, una negra noche.
