Por Carmen Aristegui
Enrique Peña Nieto concedió, en el marco de su visita de Estado a la Gran Bretaña, una entrevista al Financial Times. En un arranque de sinceridad -o de hipocresía, según se vea- le dijo a la periodista Jude Webber que reconocía que México está “plagado de incredulidad y desconfianza” por lo que su gobierno debe replantearse “a dónde nos dirigimos como nación”.
Ni más ni menos. Peña Nieto dijo, a uno de los diarios más influyentes del mundo, que su gobierno debe replantearse el rumbo de la nación.
“Ha habido una pérdida de confianza y esto se ha demostrado en la sospecha y la duda”, aceptó el mandatario mexicano.
Antes que él, su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, reconoció también ante el Financial Times que existe en este momento un déficit de confianza: “no se trata solo de reformas, reformas, reformas… tenemos que hacerle frente a lo que es en la actualidad realmente importante para la sociedad mexicana, que no solo es la corrupción y la transparencia. Va más allá de eso. Se trata de una cuestión de confianza… podemos realizar 10 reformas energéticas pero, si no añadimos confianza, no podremos aprovechar todo el potencial de la economía mexicana”.
Si alguien había puesto en duda que México atraviesa por un periodo crítico sembrado de sospechas y dudas, con las declaraciones de Peña y Videgaray la duda habrá quedado despejada. La crisis de credibilidad y confianza tiene, prácticamente, un reconocimiento oficial.
Si lo que dijeron Peña Nieto y su secretario de Hacienda lo dijeron sinceramente, entonces, deberíamos esperar a que el mandatario y su gobierno actúen en consecuencia. Deberíamos esperar, entonces, un golpe de timón, un cambio, un mea culpa que permita identificar problemas, responsabilidades, desatinos. Un diagnóstico que exponga los ejes de explicación de por qué México se encuentra sumido en esto y, por supuesto, la hoja de ruta que proponen para resolverlo. Ser consecuentes con sus palabras.
La primera gran cuestión radica en saber si lo que dicen a la prensa extranjera lo dicen porque, realmente, han caído en cuenta que su gobierno y, en general, la clase política están metidos en una crisis profunda de credibilidad y confianza y que, por lo tanto, están dispuestos a hacer algo medianamente trascendente para enfrentar la situación, o si estas declaraciones son sólo para tratar de impresionar a un medio extranjero que encontró que Peña hizo en ésta su “confesión más sincera desde la desaparición y sospecha de asesinato de los 43 normalistas”.
Por lo pronto se atrevió a reconocer, en voz alta, que hay sospecha, duda, incredulidad y desconfianza de la población -se entiende que hacia su gobierno-. Lanzó incluso la frase: “les puedo decir que entendemos”, en clara alusión al editorial publicado en The Economist que, a su vez, criticó seriamente al gobierno de Peña Nieto como un gobierno que “no entiende que no entiende”. En aquel editorial, The Economist señalaba que el intercambio de favores entre contratistas gubernamentales y el presidente Peña Nieto y su secretario de Hacienda “es inaceptable en una democracia moderna”. En su entrevista con Financial Times, Peña Nieto se duele de que el tema de las casas y las propiedades se ha “satanizado”, con lo cual da visos de que sigue sin entender que no entiende, por lo menos ciertas cosas que resultan básicas y elementales en una democracia.
¿De qué sirven declaraciones que pretenden mostrar a Peña Nieto como transparente, sincero y autocrítico, si en la práctica va remando en sentido contrario?
Una lista de asuntos apuntan en sentido distinto a lo que reflejan sus palabras ante la prensa internacional. Enviados suyos al Congreso, por ejemplo, han intervenido en dictámenes que pretenden trastocar el sentido original de leyes constitucionales como la de transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Cómo va Peña Nieto a convencer a la sociedad y a los inversionistas extranjeros de que está dispuesto a poner manos a la obra para “recuperar esa confianza reforzando el estado de derecho” si lo que hace apunta en sentido contrario? ¿Cómo pretende restaurar lo que ha reconocido como dañado si no es con acciones que apunten en el sentido correcto? ¿De veras piensa que puede convencer a alguien de la sinceridad de sus palabras si postula a Arely Gómez como procuradora General de la República y a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte? ¿En serio piensa que con decisiones como éstas va a “restablecer el Estado de derecho” y con ello recuperar la confianza perdida? ¿A qué le juega el Presidente?
