Después de tres años, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó el “no ejercicio de la acción penal” en contra de Pedro Topete Vargas, directivo de Infraiber, debido a que nunca pudo comprobar la existencia del supuesto espionaje y la supuesta extorsión a la empresa OHL.
Ahora el Estado mexicano, afirma el abogado de Infraiber, Paulo Díaz, tendrá que hacer frente a la responsabilidad derivada de este abuso de poder.
El pasado 8 de enero, el Juez Decimoquinto de Distrito en materia Penal, en la Ciudad de México, fue consultado por la PGR del no ejercicio de la acción penal, la cual fue autorizada el pasado 13 de marzo.
Con esta acción, se concluye la averiguación penal PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-VI/081/2016, iniciada por los delitos de Intervención de Comunicaciones Privadas sin Mandato Judicial, Tráfico de Influencia, que involucró también al abogado de Infraiber, Paulo Díez.
El acta circunstanciada se inició con motivo de la publicación en el portal YouTube de conversaciones telefónicas sostenidas entre Pablo Wallentin, directivo de OHL, José Andrés de Oteyza, y otros directivos, sostenidas con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sobre la obra del Viaducto Bicentenario en el Estado de México.
El 15 de septiembre de 2015, Juan Ozuna, director de OHL, denunció ante la PGR que José Luis Meana Trujillo le confesó que junto con Pedro Topete, realizaron las grabaciones de las llamadas.
En un comunicado, el abogado de Infraiber recordó que “en un hecho vergonzoso”, en septiembre de 2015 la PGR montó un operativo en el Estado de México para detener a su representante legal Paulo Díez, a quien, de manera ilegal, se le sembró una pistola para intentar incriminarlo de portación ilegal de arma de fuego.
Días después, la autoridad lanzó un cateo en oficinas de la empresa ubicadas en Polanco y sustrajo computadoras, teléfonos celulares y documentos, con el objetivo de recabar información referente al supuesto espionaje.
El objetivo: la localización y presentación de Pedro Topete Vargas, señalado como dueño de Infraiber.
No obstante, y tras no encontrar elementos que sustentaran la imputación, la PGR fue obligada a devolver el material incautado en 2017 y el 15 de noviembre de ese año un juez federal ordenó a la procuraduría resolver la averiguación previa iniciada desde 2015.
Fuente: Apro
