Por Luis Javier Valero
“Al parecer eran agentes de la policía… pero eran vehículos sin identificación ni logos y dos hombres me ordenaron que bajara del carro, me quitaron a mi hijo, me hincaron en la carretera y me dijeron que a ellos no les importaba si lo desaparecían… que me iban a encuerar y si les daba gana me iban a meter un palo por la cola… me llevaron al carro y me aventaron golpeándome el labio contra la puerta del carro… yo les dije que por favor a mi hijo no le hicieran daño, entonces me subieron a una troca donde me pusieron una bolsa de plástico tapándome la cabeza, impidiéndome respirar y me dijeron que me iban a matar…
… me llevaron a un lugar ya en la ciudad de Chihuahua, me apretaron las esposas estando tirada en el suelo boca arriba, me pusieron un trapo húmedo, tapándome la cara, sujetándolo hacia atrás vaciando agua sobre el trapo, asfixiándome, un hombre se subió en mis piernas para que no me moviera y otros dos hombres comenzaron a golpear en varias partes del cuerpo dándome patadas, me agarraron los pechos y me los retorcían… me golpeaban con los puños en las costillas y en el estómago, todo el tiempo permanecí esposada, uno de ellos me golpeó con la cacha de la pistola en la cabeza…. al rato llevaron a otras personas a quienes también los comenzaron a golpear, yo los escuchaba…
… yo estaba tirada en el suelo entonces me dieron patadas y me pusieron otra vez un trapo en la cara y le echaron agua, me dijeron: ‘Tú vas a decir lo que nosotros te digamos”: Víctima sometida a tortura por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en testimonio asentado en la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la que señala, en sus partes medulares que “… En base a las indagatorias, este organismo concluyó que existen evidencias suficientes para presumir la probable violación al derecho a la integridad y seguridad personal, en la modalidad de tortura…”. (Nota de Antonio Hernández, Entre Líneas, 26/VIII/15).
¿Hecho del pasado remoto?
No, del presente doloroso.
Uno de los grandes objetivos del nuevo sistema de justicia penal era desterrar la aplicación de la tortura para obtener culpables a como diera lugar.
Modificaron el articulado, mediante una reforma dictada por la premura de presentar resultados positivos en medio de la ola de sangre, en la que se aceptó, nuevamente, como evidencia la declaración de los detenidos (imputados, en el nuevo léxico judicial) rendida ante cualquier otra autoridad, a diferencia de la original que obligaba a aceptar como válida, sólo, la declaración rendida ante juez.
La cambiaron y reabrieron la fabricación de los chivos expiatorios en Chihuahua.
Y ahí están, otra vez, las denuncias de tortura incrementándose paulatinamente. Era un asunto casi erradicado en nuestra entidad. Ya no.
Las evidencias de tal crecimiento las tenemos a la mano.
Aumenta el número de acusados absueltos por los jueces debido, fundamentalmente, a dos razones: A que alegan la aplicación de tortura para obtener declaraciones autoinculpatorias y a que en esos casos (y en muchos más) la única evidencia que aportan los fiscales es, precisamente, esa declaración.
Por desgracia no somos una isla en el país, por el contrario, es una tragedia que se extiende.
El caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa se ha convertido en el detonante de tal descalificación.
A lo aberrante de la desaparición se suma el hecho de que el Grupo de Expertos de la CIDH constató que los detenidos, acusados de participar en tales hechos, fueron torturados.
El pasado 6 de octubre decenas de organizaciones nacionales afirmaron: “Entre 2014 y 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada encontró que México vive una situación de desapariciones generalizadas en gran parte de su territorio; el relator sobre tortura concluyó que ésta es una práctica generalizada; y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias observó que la impunidad por los homicidios es generalizada. En años recientes el relator para la libertad de expresión identificó a México como el país con más agresiones contra periodistas de América Latina”.
Preocupa.
Pero si los casos ocurridos en el resto del país concitan preocupación y duelo, lo que está pasando en nuestros lares no es menor.
Llegan, algunos casos, a verdaderos extremos irrisorios.
Ya no es extraño que algún detenido alegue haber recibido tortura por parte de los elementos policiacos -destacan, en los reportes, los elementos de la Policía Estatal Única División de Investigación por acaparar el 90% de las denuncias por tortura-, pero el caso que se ha convertido en emblemático es el del bombero voluntario, Luis Antonio Holguín Martínez, acusado de participar en un multihomicidio.
El 12 de octubre fue presentado ante los medios como quien supuestamente avisó a “Los Aztecas” de que en casa de unos familiares se encontraban los “contras del Valle”.
Fue exonerado por un juez de Garantía al determinar la inexistencia de elementos que lo incriminaran como cómplice de la masacre ocurrida en febrero pasado.
La paradoja. Al salir de la cárcel se fue de la ciudad pues fue llamado por las fuerzas básicas del equipo de futbol, Cruz Azul.
¿Y el otro caso? El del joven trabajador de una desponchadora, acusado de participar en el asesinato de un jefe policiaco, quien presentó un video del día de los hechos, en el que se le aprecia trabajando al momento en que se supone participaba en el crimen, prueba rechazada por el juez, a pesar de que fue acompañada de las declaraciones de sus compañeros de trabajo y su patrón, sólo porque al joven lo incriminaba uno de los presuntos asesinos
Lo peor es que se dan estas prácticas casi frente a nuestros ojos y no hay protestas.
¿Cuántas veces el lector ha observado fotografías de personas, en cualquiera de los medios de comunicación, presentadas como responsables de la comisión de algún delito y en sus rostros se aprecian huellas de violencia?
¿Porqué son presentados ante los medios de comunicación sin su anuencia? Ninguna persona debería ser fotografiada y difundida su imagen como la presunta responsable de un hecho delictivo, a menos que lo hubiese, expresamente y por escrito, autorizado.
Luego, con una pasmosa frecuencia, el boletín de prensa de la FGE nos dice que el presunto (s) declaró haber cometido tal y cual delito, en compañía de otros en tales circunstancias.
¿Quién, en sus cinco sentidos, por motu propio, declara haber cometido la infinidad de delitos que diariamente nos dicen cometieron los de las fotos en los medios?
La explicación es una sola: Tortura.
Por desgracia, los casos aumentan, casi exponencialmente.
Dos hombres fueron acusados de asesinar a una mujer reportada como desaparecida y cuyo cadáver fue localizado, encobijado.
Denunciaron ante el juez haber sido torturados y el juez ordenó la instrumentación del protocolo de Estambul (para determinar si un detenido fue torturado o no) por parte de la ¡Procuraduría General de la República (PGR)!
Ambos mostraron, en la audiencia con el juez, las huellas inequívocas de la tortura.
Otra revelación del infierno a que son sometidos: “Utilizaron un aromatizante en spray, me chorrearon todo el cuello, las orejas, los brazos y le prendieron lumbre y empecé a encenderme y lo que hice fue revolcarme en el suelo.
Decidí ya no decir nada al abogado defensor, pero cuando prendían la cámara volvía a decir que me estaban torturando”, narró Fernando Jesús Saldierna Villalobos al recordar cómo fue su detención. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario de Juárez, 23/X/15).
Saldierna fue acusado, junto con otros hombres, de extorsionar a un dentista.
Demostraron haber sido torturados y salieron libres al dictar un Tribunal de Juicio Oral el fallo absolutorio.
El relato anterior es sólo pálido reflejo de lo que sufrió: Fractura de la nariz debido a un golpe con la culeta de un arma larga; le fracturaron varias costillas, además de ponerle la chicharra en genitales y la boca, patearlo y violarlo con una varilla.
La denuncia penal en contra de los policías se presentó en 2009. Ahí está, no ha pasado nada.
Es de tal dimensión el problema que la Comisión de Derechos Humanos Paso del Norte ha documentado más de 125 casos de tortura en los últimos tres años, principalmente cometidos por agentes ministeriales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
No hay límites. “Los arrestados como presuntos responsables del asesinato del comandante de la Policía Estatal, Jesús Eduardo Alemán Medina, denunciaron ante el tribunal que los policías les vendaron los ojos, les aplicaron el ‘submarino en seco’, que es como le llaman a cuando los asfixian con una bolsa de plástico en la cabeza; les echaron agua por la nariz además de ponerles las esposas muy apretadas para que les corten las muñecas al momento que se resistan a la tortura. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, El Diario de Juárez, 21/X/15).
No sólo en el ámbito nacional aumentan las quejas por tortura, en la entidad se incrementaron exponencialmente durante los primeros cinco años de la administración de César Duarte, al registrarse 197 casos, de los cuales 72 sucedieron hasta septiembre de 2015, según informó José Luis Armendáriz, titular de la CEDH, pues en el sexenio anterior sólo se acreditó un caso; 6 en 2011, en 2012 se presentaron 26, 40 en el 2013 y 53 en 2014. Los primeros nueve meses de 2015 cerraron en 72 quejas, lo que da un total de 197 casos. (Nota de Mariana Primero, Omnia, 3/X/15).
Tales denuncias han motivado la elaboración de 43 recomendaciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) en lo que va de la administración del gobernador César Duarte Jáquez, la mayoría motivadas por actos cometidos por elementos de la Policía Estatal Única, que dirige Pablo Ernesto Rocha Acosta y el grupo antiextorsiones, en tanto que más de 100 policías municipales juarenses están siendo investigados por la CEDH por actos de tortura este año.
¿Nos convertiremos, nuevamente, en la fábrica nacional de chivos expiatorios?
¿No podrán recordar que, de ninguna manera, por esa vía, se abaten los niveles de impunidad?
