Por Luis Javier Valero Flores
La información es contundente: “En el 2014 y lo que va del 2015, han llegado 136 quejas de tortura a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 116 el año pasado y 20 en lo que va del presente, informó el titular de la dependencia, José Luis Armendáriz. Los acusados son principalmente policías de investigación que pretenden conseguir pruebas de hechos aplicando la tortura que está prohibida en México”. (Nota de Lourdes Díaz López, El Diario de Chihuahua, 14/III/15).
Del total de las denuncias presentadas en ese lapso se han comprobado cuatro casos, razón por la ya se emitieron las recomendaciones a los titulares de las dependencias.
Esto ocurre a pesar de que, según Armendáriz, “Chihuahua tiene una de las mejores leyes en contra de la tortura”. Pero lo que está plasmado en los textos se aleja de la salvaje realidad pues, como lo argumentan miles, también lo expresa el titular derechohumanista “sólo falta que ésta sea efectiva en la práctica”.
Es problema nacional. Juan Méndez, relator de la ONU, señaló que golpes, toques eléctricos, asfixia, violaciones tumultuarias, presión psicológica son “instrumentos cotidianos de las autoridades para obtener confesiones o, peor aún, para intimidar a periodistas o activistas sociales. Y el Protocolo de Estambul sigue sin aplicarse en el país”. (Nota de Marco Appel, Proceso, 8/III/15).
Más aún, aseveró que “La tortura y los malos tratos son generalizados en México”, en el informe que presentó el lunes anterior, en el vigesimoctavo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que documenta que la “mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada…”. (Ibídem).
El cuestionamiento al Estado mexicano es por su “ineficiencia en la prevención, investigación y sanción de la tortura, la cual es utilizada para castigar a los detenidos y extraer confesiones o información incriminatoria”.
Tales afirmaciones fueron desmentidas por las autoridades mexicanas. Sin embargo, una encuesta efectuada en 2012 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, arrojó que 57.2% de los detenidos en centros federales afirmó haber sido golpeado durante la detención, mientras 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.
La dinámica es la misma: Una vez detenidos, hay golpes, insultos y amenazas, y las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas: puñetazos, patadas y golpes con palos; toques eléctricos, generalmente en los genitales; asfixia con bolsas de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca; desnudez forzada; suspensión corporal, etc.
Pasan los días sin que se informe del paradero de las personas y repetidamente “son presentadas ante medios de comunicación como delincuentes, sin que exista sentencia condenatoria”.
Tales aseveraciones fueron extraídas del informe del Relator Méndez ¿En qué se diferencian de las denunciadas en nuestra entidad?
El documento incluye un salvaje apartado, el de la tortura sexual, “principalmente contra las mujeres, que incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en las partes íntimas y violación sexual reiterada y cometida por varios sujetos”.
Y estos casos, por desgracia, “no han sido investigados ni sancionados o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad”.
No es novedad, la abrumadora mayoría de las víctimas de la tortura y malos tratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.
Pero también remarca que hay numerosos casos donde personas sin aparente vinculación con la investigación de delitos son detenidas, forzadas a firmar declaraciones bajo tortura y, algunas veces, sentenciadas con base en esas declaraciones.¬
A pesar de todo lo anterior, la aplicación del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, conocido como el Protocolo de Estambul, es escasamente aplicado debido a que las procuradurías estatales, así como las comisiones de derechos humanos de muchos estados, no cuentan con personal médico capacitado, como sucedió recientemente en un caso en Juárez, en el que la CEDH informó no tener “peritos a fin de llevar a cabo los exámenes y valoración psicológica bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul, debido a que no tienen nombramiento oficial de peritos, ni están especializados en dicha temática”, al responder a un Tribunal de Garantía que había ordenado se practicase dicho protocolo a los acusados del multihomicidio ocurrido en la colonia Felipe Ángeles, quienes denunciaron haber sido víctimas de tortura para que se declararan culpables. (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 6/III/15).
Es de tal magnitud el problema que el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, advirtió que “no hay una democracia que pueda sobrevivir con 23 mil personas desaparecidas, un aumento en la tortura en 600 por ciento en los últimos 10 años, en un país donde ocho de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia o donde la “cifra negra” del delito alcanza 93.8 por ciento”. (Nota de Martha Figueroa, El Diario de Juárez, 6/III/15).
Nada de lo anterior nos es ajeno. El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) informó que documentó “127 casos de tortura policiaca de noviembre de 2011 a diciembre de 2014, entre ellos el de una joven que fue torturada sexualmente frente a su esposo, y el de tres personas a quienes policías atormentaron hasta que dijeron que eran extorsionadores”. Y como lo relatado, la mayoría eran jóvenes pobres, de 18 a 30 años de edad. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada, 18/III/15).
Y aparecen los casos emblemáticos. Como el de Cristel Fabiola Piña, detenida con su esposo, Leobardo Gilberto de la O, el 12 de agosto de 2013 en su casa de la colonia Bosques de Warefill, adonde agentes encapuchados de la Policía Ministerial del Estado derribaron la puerta y preguntaron por armas y drogas. Fueron llevados a una bodega y ahí varios agentes abusaron sexualmente de ella ante su esposo, a quien golpearon y torturaron asfixiándolo.
La tortura terminó hasta que se autoinculparon. Se dijeron extorsionadores y “están a la espera del juicio oral sin que lo hayan programado por falta de pruebas, ya que la autoinculpación ya no es prueba válida en el estado”. (Ibídem).
Cristel se sumó a la campaña nacional “Rompiendo el silencio contra la tortura sexual”.
Otro caso. Los hermanos Juan, Jesús y Luis Figueroa, fueron detenidos en su casa el 18 de enero de 2012 por la policía ministerial, cuyos efectivos allanaron el domicilio y se los llevaron sin orden de cateo, ni de aprehensión a sus instalaciones, “donde fueron torturados física y sicológicamente hasta que se declararon responsables de extorsión a comerciantes… Como los agentes solamente contaban con la confesión, los jóvenes salieron libres y actualmente reclaman reparación del daño por la tortura y por las lesiones que padecieron. (Ibídem).
Bueno, pues el colmo. El juez de Garantía, Aurelio Guerra Salazar, le ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) abriera una carpeta de investigación por el posible delito de tortura contra “contra el personal que participó en la captura e interrogatorios de seis de las siete personas que presuntamente integran una célula del cártel de Sinaloa en el Valle y (que) fueron arrestadas el martes 17 de febrero”. (Nota del Staff, El Diario de Juárez, 22/II/15).
La descripción de la tortura inflingida es la misma. “… les pusieron bolsas de plástico en la cabeza o les echaron agua en la cabeza para luego darles toques con la chicharra, además de patearlos en la espalda, la cabeza y en diversas partes del cuerpo. Incluso Karina Griego Carrillo le dijo al juez que la golpearon en los senos, las piernas y la espalda, mientras que Juan Cuéllar Cereceres mostró la fractura de costillas que presenta, hechos que el juez ordenó sean investigados”. (Ibídem).
Más grave aún es el hecho de que el operativo fue encabezado por el propio director de la Policía Estatal Única (PEU), Pablo Ernesto Rocha.
Por desgracia, el número de casos crece con los días y con ello la impunidad, porque si los detenidos son obligados a declararse culpables -confesos, dirían las voces linchadoras-, en el supuesto que no lo sean, nadie perseguirá a los verdaderos responsables de los ilícitos.
Algo de eso ocurrió en la oleada homicida 2008-2011 y fue factor decisivo para que la matazón creciera, pues en tanto los grupos criminales se mataban entre ellos -con la consabida cuota de “daños colaterales” y como era un “asunto de ellos” pues eran, como lo decía el General Juárez Loera, “un sicario menos”- y la declaración autoinculpatoria, arrancada mediante tortura, se convirtió en la principal prueba que obtenían los agentes policíacos, sin importar la culpabilidad o no de los detenidos, al paso de los meses muchos fueron liberados. La impunidad se convirtió en el principal fenómeno de esos años.
Infortunadamente continúa.
Cuando el nuevo sistema de justicia penal en Chihuahua estableció que ninguna declaración autoinculpatoria, obtenida fuera de las audiencias frente a los jueces, tenía valor probatorio, los chihuahuenses dimos un gigantesco paso en favor del exterminio de la tortura.
En adelante ya no bastaba con que los detenidos fueran “confesos”, como desafortunadamente la actriz Ofelia Medina dramatizó en la obra de teatro, en la que se recrea el caso de Marisela Escobedo y Ruby Frayre, cuando simula el supuesto momento en el que el acusado de asesinar a Ruby, Sergio Barraza, fue declarado “asesino confeso”.
Luego, ante la ineptitud de los fiscales, el grupo gobernante daría marcha atrás y le impuso distintas modalidades para que las declaraciones autoinculpatorias tuvieran un cierto peso probatorio.
Le abrió, nuevamente, la puerta a la tortura y… a una mayor impunidad
