Por Luis Javier Valero Flores
Es de espanto lo anunciado por el Gobierno de Javier Corral. Su presupuesto para el año 2017 será de 55 mil millones de pesos (mmdp), que en términos reales será menor en alrededor del 17% del presente año.
Será una drástica disminución del gasto gubernamental, que puede incidir, así se haga una profunda reingeniería del presupuesto, no solamente en la intención de sanear las finanzas estatales, sino en la previsible disminución de la calidad de algunos de los servicios prestados por el gobierno de Chihuahua y, con toda seguridad, en la baja de la construcción de nueva obra y hasta en la baja del ritmo de algunas de las obras en curso y, aún quizá más importante, en el total de la economía del estado, pues el hecho de que esa cantidad no ingrese al total de la economía puede influir en el curso de la totalidad.
Y es que “En términos reales, descontados los 6.91% puntos de inflación acumulada en los tres años (INEGI), los 55 mil mdp del 2017 quedarían por debajo de los 53.8 mdp del 2014”. (Nota de Alejandro Salmón, ahoramismo.mx, 31/X/16).
La diferencia, como lo aseguraron los funcionarios corralistas de Finanzas, es que para compensar el déficit presupuestario, al contrario de lo efectuado por César Duarte, no recurrirán al financiamiento, ya sea por la vía del endeudamiento directo o el de la bursatilización de los ingresos carreteros, o el de cualquier otro ingreso del gobierno estatal.
Otra cosa es el concepto de la deuda bancaria de corto plazo, la que solicitaron recientemente para solventar los gastos más urgentes del fin de año y del inicio de la actual administración.
Durante años, los presupuestos estatales fueron elaborados y ejecutados teniendo como base el endeudamiento para solventar el gasto gubernamental. Es muy probable (de acuerdo con las evidencias señaladas a lo largo de la administración anterior) que los recursos escamoteados a causa de la corrupción sean muy grandes, pero el hecho fundamental es el profundo desequilibrio de las finanzas estatales.
El gobierno de César Duarte incurrió en el exceso. Por lo menos durante los últimos tres años, el déficit anual ascendió a los 5 mmdp, alrededor del 10% del presupuesto. Lo solventaron con endeudamiento y llevaron al límite el de la deuda directa; hemos alcanzado el tope (aproximadamente 25 mmdp), no le pueden prestar más al gobierno de Chihuahua por esta vía sin la autorización de la Cámara de Diputados.
Y por otro lado, la de la bursatilización de los ingresos carreteros ha llegado, también, a su tope; a menos, claro está, que el gobierno de Corral decidiera abrir otros frentes de ese tipo de financiamiento con la bursatilización de los ingresos del peaje del Libramiento Oriente de la ciudad de Chihuahua o el del tramo Chihuahua-Delicias.
Han decidido optar por la vía del recorte presupuestal, en la idea que las corruptelas les pueden generar pingües ganancias, el problema es que el déficit para este año es del orden de los 7 mil 500 mdp, según lo ha informado Javier Corral, y esos montos difícilmente los podrán alcanzar, de ahí que el fin del año se aprecie como uno de los más complejos para una administración estatal.
Pese a todo, a un día de que informen del verdadero estado en que encontraron al gobierno de Chihuahua, Guillermo Luján Peña, Director de Administración del Gobierno del Estado, descartó hacer reducciones a programas prioritarios, como educación, seguridad pública o desarrollo social y le apostó a que “con el sólo hecho de eliminar los ‘moches’, los precios ‘inflados’ y el pago de obras que, o no se realizaron o se quedaron a deber, se compensan los 8 mil millones menos que gastará el Gobierno en el 2017”. (Ibídem).
Bueno, pues eso puede ocurrir, pero en el ejercicio del año; alcanzarlo en lo que resta del actual será un inmenso reto para el actual gobierno, al que, a pesar de los errores cometidos en sus primeros días la mayoría de los chihuahuenses le ha otorgado el beneficio de la duda.
Una cosa deberán tomar en cuenta los nuevos gobernantes, no son los tiempos de antes, la sociedad chihuahuense ha cambiado drásticamente y el bono democrático entregado al nuevo grupo gobernante tiene una vigencia incomparablemente menor al entregado en el pasado, incluido César Duarte en el 2010, baste recordar las apoteósicas ovaciones que le prodigó la multitud en la inauguración del festival en 2011.
Un año después todo había cambiado.