Los mexicanos temen la aparición de campos de refugiados y deportados en su frontera norte como consecuencia de las nuevas directrices migratorias del gobierno de Donald Trump, que contemplan empezar a deportar a México a todos los latinoamericanos y otros que entraron a Estados Unidos de forma ilegal desde ese país, según un despacho de la agencia AP.
La política anterior suponía que solo los ciudadanos mexicanos eran devueltos al país; los demás eran enviados a sus naciones de origen.
Ahora, según la redefinición de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias anunciada el martes por el Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes serán enviados al otro lado de la frontera, a un país sacudido por la violencia donde no tienen vínculos, mientras sus peticiones de asilo o procesos de deportación se estudian en Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses no concretaron qué se espera que haga México con ellos.
De acuerdo con AP, por el momento, el único consenso en México sobre las nuevas políticas de Trump es que el país no está ni remotamente preparado para ellas.
“De ningún modo o forma”, apuntó Patrick Murphy, un sacerdote que gestiona el albergue Casa del Migrante en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde actualmente viven unos 55 haitianos. Forman parte de una oleada de miles que llegaron a la frontera en los últimos meses del gobierno del expresidente Barack Obama con la esperanza de lograr asilo en Estados Unidos.
Tijuana se vio desbordada y, aunque el gobierno hizo poco para ayudar, una serie de grupos cristianos abrieron refugios con camas improvisadas, tiendas de campismo e instalaciones sanitarias. La comida donada sirvió para mantener a los haitianos.
Los mexicanos tiemblan ante la idea de lidiar no con miles, sino con cientos de miles de extranjeros en una región fronteriza que ya convive con la presencia de carteles del narcotráfico y violencia.
“Estamos hablando potencialmente de centenares de miles de personas”, dijo Alejandro Hope, un analista de seguridad desde la Ciudad de México. “Vea el caso de los haitianos en Tijuana ¿Cuántos serán, siete u ocho mil? Y ya está desbordada la situación”.
“Ahora imagine una situación 10 o 15 más grande que eso. No hay recursos para recibirlos”, agregó Hope.
No está claro si Estados Unidos tiene autoridad para obligar a México a aceptar a extranjeros. Pero el memorándum del Departamento de Seguridad Nacional pide un informe sobre la ayuda que Washington brinda a su vecino, una posible señal de que Trump tendría intención de usar esos fondos para que acepte a los ciudadanos de otras nacionalidades.
“Espero que México tenga el valor para decir no a esto”, apuntó Murphy.
Victor Clark, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, indicó que México puede simplemente negarse a aceptar a deportados extranjeros.
Cuando los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en la frontera “abren las puertas y tienen a los deportados allí, entregan una lista con sus nombres a un funcionario de inmigración mexicano”, explicó Clark. “Pasan uno a uno y cuando el agente de inmigración mexicano ve a una persona que no es mexicana, dice al agente del ICE `no puedo aceptar a esta persona, no es mexicana’ y lo devuelven a Estados Unidos”.
Según Hope, esta política podría crear una “situación explosiva” ya que en la zona ya existe un sentimiento antiextranjero. Recordó que los migrantes centroamericanos han sido reclutados, a veces por la fuerza, por carteles como los Zetas o el del Golfo.
Estados Unidos podría pagar para construir las instalaciones necesarias. Un acuerdo así tiene precedentes: Turquía aceptó acoger a refugiados sirios que buscaban entrar a la Unión Europea a cambio de al menos 3 mil millones de dólares en ayudas.
“Un gobierno mexicano no podría aceptar eso sin ir de la mano de miles de millones de dólares”, dijo Hope.
El gobierno de México no reaccionó formalmente a la revisión de las directrices migratorias del gobierno de Trump.
Pero en una audiencia el martes con senadores mexicanos, el nuevo embajador del país en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, dijo: “Claro que son motivo de preocupación. Son motivo de preocupación para la Cancillería, para el gobierno y para todos los mexicanos”.
Gutiérrez elogió sin embargo que el gobierno de Trump publicó los memorándums con las directrices migratorias antes de que esta semana el secretario de Estado, Rex Tillerson, visite el país azteca. Señaló que “es simplemente una posición mucho más derecha y mucho más honrosa que se den a conocer las posiciones antes” para poder discutirlas.
Hay precedentes de campos de refugiados en México.
En las décadas de 1980 y 1990, el país recibió a unos 46 mil guatemaltecos que guían de la guerra civil. Con ayuda de Naciones Unidas, se les alojó en campos en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo, en el sur. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, casi 43 mil refugiados y sus familias regresaron, pero 30 mil guatemaltecos y sus hijos nacidos en México decidieron quedarse.
Esta situación podría repetirse con cualquier otro grupo migratorio que llegue al país. Miles de haitianos que huían de la pobreza y del potente sismo que arrasó su país en 2010, que en un primer momento fueron reubicados en Brasil, comenzaron a llegar a Tijuana el año pasado para pedir asilo en Estados Unidos. Sus solicitudes se frenaron en enero, tras saber que las de otros compatriotas estaban siendo rechazadas y las autoridades estadounidenses los deportaban a Haití.
Murphy estimó que los 3 mil haitianos que siguen en Tijuana, al otro lado de la frontera con San Diego, en California, han decidido en su mayoría pedir asilo en México. Muchos otros migrantes latinoamericanos podrían hacer los mismos, apuntó.
“Muchos centroamericanos preferirían ser deportados a México que a sus propios países”, señaló Murphy.
Fuente: AP
