Por Alfonso Zárate
La decisión de nombrar desde el centro político a un comisionado con poderes extraordinarios para enfrentar la crisis de Michoacán es, para efectos prácticos, una “desaparición de poderes” que no se atreve a decir su nombre. Sin embargo, tal cosa parece pecata minuta ante la descomposición que vive el Estado.
La manera con que Los Templarios ejercían su poder (el secuestro y violación de mujeres y niñas, la extorsión a los productores y comerciantes, el despojo de casas y fincas) muestra que se sabían intocables. Lo mismo se concluye con los hallazgos sobre la magnitud de sus operaciones comerciales desde el puerto de Lázaro Cárdenas (la exportación de fierro a China, la importación de insumos para la producción de metanfetaminas), negocios de millones de dólares realizados a la luz del día, lo que sólo se explica por la existencia de una densa red de protección política que incluyó (¿incluye?) lo mismo a funcionarios municipales que estatales y federales, además de integrantes del Poder Judicial.
¿Qué responsabilidades penales van a fincarse a los eslabones institucionales de esa enorme cadena de complicidades? ¿Sólo se aplicará la remoción o, peor aún, la reubicación a quienes constituyeron el resguardo político-administrativo de los delincuentes? ¿Dónde estaban los delegados del Cisen y de la PGR, los comandantes de la zona militar y otros funcionarios federales que debían alertar sobre el desastre?
En su artículo de este martes (“La impotencia del poder”), Diego Valadés se sorprende de que, “al cabo de tantos años de combatir la violencia sin éxito, el Estado todavía no emprenda un estudio científico de sus causas y expresiones”. Por su enorme complejidad, afirma el jurista, para enfrentar el fenómeno es necesario “utilizar herramientas de muchos otros campos del saber: antropología, comunicación, criminología, economía, derecho, pedagogía, política, psicología, psiquiatría, sociología, urbanismo”.
En esa perspectiva, el decreto presidencial que sustenta el nombramiento de Alfredo Castillo parecería ofrecer una visión más amplia e integral del problema. El comisionado en Michoacán no sólo es una autoridad en materia de seguridad sino en “desarrollo integral”; no sólo participará en los operativos policiaco-militares de las fuerzas federales sino que dará seguimiento a las acciones de mediano plazo dirigidas a “regenerar el tejido social” y recuperar la tranquilidad en el estado. De cumplirse cabalmente el propósito, quizá estemos ante un cambio mayor en la estrategia de seguridad.
El nombramiento de Castillo se inscribe en una tendencia centralizadora evidente desde el arranque de la actual administración e indica que el Presidente de la República está cierto de lo mucho que está en juego en aquella entidad: 1) la contención del crimen organizado y de los grupos paramilitares en esa y otras entidades del país; 2) la estrategia peñista de combate a la inseguridad y la consecución de un “México en paz”, y 3) la imagen de México en el mundo y, en esa medida, la atracción de inversiones y el éxito reformista pregonado por el gobierno.
Sin embargo, esta decisión también expresaría que el responsable de la política interior, Miguel Osorio Chong, ha sido desbordado. Ante la falta de resultados del súpersecretario de Gobernación, el Presidente manda a uno de los suyos a enfrentar el mayor desafío en lo que va del sexenio.
¿Un aprendiz de brujo para apagar fuegos que suman más de un sexenio sin encontrar al bombero adecuado? Muy pronto la interrogante encontrará algún tipo de respuesta. Por el momento, no parece haber duda: en Michoacán, el gobernador constitucional se llama Fausto Vallejo… Y el inconstitucional, Alfredo Castillo.
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Fuente: El Universal
