Por Sergio Sarmiento
“Es de mayor importancia para la comunidad
que la inocencia sea protegida a que la culpa sea castigada.”
John Adams
La presunción de inocencia es un principio fundamental de la justicia. Ante una acusación, toda persona debe ser considerada inocente mientras no se compruebe su culpabilidad. El problema es que la guerra contra las drogas ha hecho que se anule este derecho fundamental.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez en una lista de una veintena de personas y empresas mexicanas “especialmente designadas” por sus presuntos vínculos con un narcotraficante llamado Raúl Flores Hernández. Ser incluido en una de estas listas implica sufrir castigos antes de que empiece un juicio. Los bienes en Estados Unidos de las personas en la lista han sido “congelados” al tiempo que se ha prohibido a empresas o personas estadounidenses tener tratos financieros o comerciales con ellos.
Es importante señalar que esta acción no la tomó el Departamento de Justicia. Ningún fiscal estadounidense ha promovido acusaciones formales. Ningún juez ha podido revisar las pruebas para determinar si hay por lo menos una probable responsabilidad. El Departamento del Tesoro está siendo parte, fiscal, juez de primera instancia y magistrado de apelación; además, su filosofía parece ser primero castigar y después averiguar. Así era la justicia en los tiempos de la Inquisición, antes de la presunción de inocencia.
Ni Julión ni Rafa se escondieron después de que se dio a conocer que estaban en la lista negra. Los dos han negado las acusaciones. Al contrario de los procesos en que se respeta la presunción de inocencia, y en los que el fiscal debe probar la responsabilidad de los acusados, en este caso a ellos se les exige comprobar su inocencia. No sólo enfrentan acusaciones que los obligan a contratar abogados caros, sino que el gobierno de Estados Unidos los despoja de sus bienes para disminuir o eliminar su posibilidad de defenderse. La prohibición a que tengan tratos financieros o comerciales con estadounidenses, por otra parte, pone en peligro su capacidad de generar recursos frescos. Por lo pronto, la empresa Nike ya le ha cancelado a Márquez su contrato de patrocinio.
Si el gobierno de los Estados Unidos realmente tuviera pruebas sólidas, no habría colocado a estas personas en una lista negra. Los fiscales habrían promovido denuncias y estarían aportando pruebas a los jueces. La lista negra es una forma en que Estados Unidos castiga a quien quiere cuando no tiene pruebas que puedan convencer a un juez.
Rafa Márquez tiene una larga y conocida trayectoria personal y profesional. Ha sido un futbolista comprometido y dedicado. Nunca ha sido agresivo. Se ha distinguido por ser buen compañero y generoso aportante a causas sociales. Su tesón le ha permitido mantenerse como titular en los campos de futbol y capitán de la selección nacional a pesar de tener ya 38 años.
Esto no significa que no haya podido cometer algún delito. De momento, sin embargo, la falta de pruebas debería hacer que prevaleciera la presunción de inocencia. Una persona con un historial limpio tiene mayores razones para que se le presuma inocente que un criminal comprobado. Pero el linchamiento en su contra ya ha comenzado.
La guerra contra las drogas no sólo ha sido incapaz de bajar la demanda y ha provocado un torbellino de violencia. Ha hecho también que se vuelvan a aplicar reglas de una justicia medieval, en la que todos son culpables mientras no comprueben su inocencia, en la que primero se castiga y después se investiga.
Candados
A un partido político debería convenirle tener la posibilidad de postular al mejor candidato posible en cada elección. Me parece lógico que el PRI elimine los candados que limitan el abanico de candidatos para el 2018.
Twitter: @SergioSarmiento
Fuente: El Diario
