De nueva cuenta, feligreses de la parroquia de Simojovel, agremiados en la organización Pueblo Creyente, denunciaron que como en Iguala, Guerrero, ese municipio es gobernado por la corrupción y que detrás del rechazo del alcalde Javier Guzmán Hernández para cerrar las cantinas del municipio, hay grandes intereses como el tráfico de drogas.
En un comunicado, los indígenas tzotziles denunciaron que a últimas fechas no sólo ha aumentado el número de cantinas, sino también la venta y compra de drogas, la prostitución y la cifra de muertos por el alcohol.
Los integrantes de Pueblo Creyente, que asisten a la parroquia San Antonio de Pádua, encabezada por el padre Marcelo Pérez Pérez, aseguraron que viven una etapa crítica por el abandono en que se encuentra Simojovel, reconocido internacionalmente por la industria minera del ámbar, que comercializan en el interior del país e incluso exportan a otros países.
Denunciaron que cada vez hay más inseguridad en ese municipio de los Altos de Chiapas, que ha generado una ola de violencia, asesinatos, robos en los caminos y casas, y asaltos en las calles, además de que constantemente se escuchan por la noche ráfagas de disparos en los distintos barrios.
También manifestaron su preocupación por las pésimas condiciones en que se encuentra el camino Puerto Caté-Simojovel. “Aquí en Simojovel nuestros enfermitos se mueren antes de tiempo, porque el servicio en el centro de salud está en condiciones inhumanas”, apuntaron.
Y detallaron que a través de peregrinaciones, la más reciente el pasado sábado 18, han exigido a las autoridades municipales, estatales y federales que volteen los ojos al pueblo de Simojovel para alcanzar la paz entre sus habitantes que viven días de angustia.
“La respuesta de la autoridad municipal encabezada por Javier Guzmán Hernández dice que no le compete este asunto, que no tiene autoridad para cerrar cantinas. Luego descubrimos la complicidad de él y otras autoridades. La señora Cleopatra Flores del Carpio, coordinadora de cantineros, ha dicho que no se cerrarán las cantinas porque le dan dinero al presidente municipal, al fiscal municipal Juvenal Cabrera Torres, y a la jurisdicción Sanitaria de Pichucalco, para que puedan seguir operando”.
Añadieron: “Detrás de las cantinas hay otros intereses mucho más grandes. Las autoridades no cierran las cantinas porque es ahí donde se vende con mayor cantidad las drogas. Con esto descubrimos que las autoridades son cómplices con los que venden drogas. Así descubrimos que estamos gobernados por una red de corrupción”.
Según los inconformes, hasta el párroco ha sido víctima de las autoridades locales y los grupos de poder en ese municipio.
Fuente: Apro
