Por Marta Lamas
Hace 10 años un grupo de mujeres solicitó a la Secretaría de Trabajo del DF ser registradas como “trabajadoras no asalariadas”. Esta modalidad es una forma de reconocimiento del Gobierno del DF a personas que se dedican, en vía pública, a la venta de servicios (como los boleros) o de productos (como la comida o la ropa). Lo relevante de este grupo es que se trataba de las llamadas “prostitutas”, que consideraron que lo que hacen es un trabajo y, en consecuencia, pidieron ser reconocidas como tales: trabajadoras no asalariadas.
El hecho en sí mismo es significativo, como lo fue la decisión de ampararse contra la negativa que recibieron en 2004, y como también lo es la magnífica resolución de la juez primera de Distrito en Materia Administrativa del DF, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien finalmente les concedió el amparo. Por su parte, la nueva secretaria del Trabajo, Patricia Mercado, ha decidido acatar la resolución de la juez y expedirles las credenciales del caso.
Se recordará que respecto a la venta de servicios sexuales persisten dos paradigmas: uno es el que considera que la explotación, el sometimiento y la violencia contra las mujeres son inherentes al comercio sexual, y el otro es aquel que plantea que se trata de una actividad laboral con un rango de formas variadas de desempeño (al igual que otros trabajos) y que deberían reconocerse los derechos y obligaciones de quienes se dedican a ella. Las investigaciones sobre el comercio sexual muestran que no es un fenómeno homogéneo, que se desarrolla de formas muy distintas, dependiendo de diversas cuestiones, y que en lugar de existir un claro contraste entre un trabajo libre y una explotación forzada, hay un continuum entre variadas formas de una relativa libertad y de coerción.
Admitir que las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, lleva a aceptar que en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero, mientras que en otros se vuelve una de las situaciones más espantosas y degradantes que una persona puede vivir. Muchas mujeres ingresan por desesperación económica, otras son inducidas por la droga, pero algunas realizan una fría valoración del mercado laboral y usan durante un tiempo la estrategia del comercio sexual para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar a andar un negocio.
Los padrotes y las madrotas funcionan como los empresarios: hay buenos y hay malos. Lo mismo ocurre con los clientes: hay violentos pero también hay decentes y amables. O sea, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal, con mujeres engañadas e incluso secuestradas, también se produce un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Quienes insisten en que la prostitución es violencia contra las mujeres, tienen razón, pero no en todos los casos. Quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas también tienen razón, pero no en todos los casos.
Lo que es un hecho es que, con el objetivo de combatir el “tráfico” y la trata, ciertos gobiernos lanzan políticas restrictivas contra las trabajadoras sexuales en general. Esto responde a una cruzada moralista (integrada por la derecha religiosa y las feministas abolicionistas) encabezada hace años por el gobierno de Estados Unidos, que ha logrado cierto éxito al demonizar el comercio sexual mezclándolo con la trata.
Desde hace años han aumentado los table dance y las strippers, los shows de sexo en vivo, los masajes eróticos, los servicios de acompañamiento (escorts), el sexo telefónico y el turismo sexual. Este crecimiento viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y del neoliberalismo, cuya desregulación del comercio ha permitido la expansión de las industrias sexuales como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios sexuales. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y burdeles locales en varias partes del mundo, en un paralelismo con las empresas trasnacionales de la economía formal. Y al igual que éstas, algunas se dedican a negocios criminales.
Sin embargo, aunque hay una gran diferencia entre la trata y el comercio sexual, la representación que suele hacerse en los medios de comunicación de las mujeres que se dedican al comercio sexual es cada vez más la de víctimas que deben ser salvadas. Reiterar las horríficas historias de las verdaderas víctimas de “tráfico” oscurece las historias de las trabajadoras sexuales, y el tema de sus derechos laborales aparece como irrelevante. Por eso es tan importante no sólo la sentencia de la juez, sino asimismo la declaración que hizo hace unos días el procurador del DF, Rodolfo Ríos: “Prostitución sí, trata no”. Sin el moralismo rampante que circula tan fácilmente hoy en día en las declaraciones de los funcionarios, el Gobierno del DF deslindó con claridad dos cosas: el derecho a trabajar y el delito de la trata, lo cual es tanto un paso fundamental en la defensa de las trabajadoras como en la lucha contra la trata.
Fuente: Proceso
