El Tribunal Supremo de España rechazó este jueves el recurso con el que el gobierno de Cataluña intentaba frenar la impugnación que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha hecho de la consulta simbólica sobre la independencia convocada este domingo en la región del noreste de España.
Con la decisión de la corte, la consulta impulsada por el líder de Cataluña, Artur Mas, queda definitivamente fuera de la ley española.
El jefe del Ejecutivo catalán se mostró no obstante el miércoles dispuesto a seguir adelante con ella en la región de 7.5 millones de habitantes.
La consulta simbólica sobre la independencia —que al no ser oficial carece de censo previo y de organismos de supervisión y control— sustituye al referéndum de autodeterminación que Artur Mas intentó inicialmente celebrar pero que fue suspendido por el Tribunal Constitucional tras la impugnación de Rajoy.
Es lo mismo que ha ocurrido ahora con la nueva modalidad de consulta, pero el gobierno catalán denunció en esta ocasión al de Rajoy ante el Tribunal Supremo por “vulneración de los derechos fundamentales” y, lejos de retirarla como en la anterior ocasión, se mostró dispuesto a seguir adelante con ella.
El responsable de Interior del gobierno catalán, Ramón Espadaler, admitió hoy no obstante que los Mossos d’Esquadra -el cuerpo policial de la región- impedirán la votación en caso de que así lo ordenen los jueces o la fiscalía.
“Los Mossos atenderán lo que les diga el juez y el fiscal”, dijo Espadaler, expresando que en caso de que se produzca una resolución judicial, él no dará orden de desobedecerla al cuerpo policial.
Sería ilegal usar bienes públicos en consulta, advierten
El gobierno español advirtió este jueves al ejecutivo nacionalista catalán que no puede utilizar medios públicos para organizar la simbólica votación sobre la independencia del domingo mientras los nacionalistas multiplican los esfuerzos para lograr una gran participación.
A través de la delegada del gobierno en esta región nororiental, María de los Llanos de Luna, el ejecutivo de Mariano Rajoy advirtió de la importancia de cumplir la suspensión dictada el martes por el Tribunal Constitucional que, hasta el momento, apenas ha alterado los planes del presidente catalán Artur Mas.
“Podrían contravenir la resolución del tribunal actuaciones destinadas a la utilización de medios públicos para la realización de actos de ejecución de la consulta o de otra manera vinculadas a ella”, escribió Llanos de Luna en una carta enviada este jueves a la que tuvo acceso la AFP.
Los destinatarios fueron la vicepresidenta catalana Joana Ortega, al mando del dispositivo de la votación, y la responsable del departamento de Educación, Irene Rigau, de quien dependen los institutos públicos donde el domingo deben instalarse las urnas y las mesas electorales.
Según la advertencia lanzada por la delegación, utilizar estos espacios públicos para acoger la votación del domingo podría significar una ilegalidad.
Pero los contratiempos para el gobierno catalán no terminaron aquí. El martes denunció ante el Tribunal Supremo al ejecutivo español por atentar contra el derecho de participación, la libertad de expresión y la libertad ideológica y pidió anular la suspensión del voto como medida cautelar.
Sin embargo, la alta corte se declaró este jueves incompetente para este asunto, competencia exclusiva del Tribunal Constitucional, desechando la última carta de Artur Mas para celebrar la consulta dentro de la legalidad.
Esto pone por ejemplo en situación delicada al cuerpo policial de Cataluña, los Mossos d’Esquadra, subordinados al ejecutivo regional pero obligados a cumplir la ley como recordó el miércoles el ministerio del Interior español.
“Los Mossos atenderán a los tribunales, los jueces o si es el caso, al fiscal”, reconoció el responsable de Interior catalán, Ramon Espadaler.
En este sentido, la fiscalía parece dispuesta a actuar únicamente si el gobierno catalán comete un “incumplimiento flagrante” de la suspensión.
– La campaña se intensifica –
Después de cancelar el referéndum convocado hace un mes y suspendido también a instancias del gobierno español, Mas impulsó esta votación simbólica, sin censo previo ni órgano de supervisión y organizada por 41.000 voluntarios coordinados por su ejecutivo.
Amparándose en la libertad de expresión y el derecho de participación, Mas decidió mantener en pie el escrutinio y llamó a los catalanes a participar masivamente.
Por ello, a tres días del “9-N”, como se ha rebautizado esta fecha histórica para el nacionalismo catalán, voluntarios, artistas, famosos e incluso políticos y miembros del gobierno han realizado más de 325.000 llamadas para animar a las familias catalanas a participar en la votación del domingo.
“Se ha de convencer a la gente de ir a votar, ya sea a favor o en contra de la independencia. Fomentar la participación en este proceso puede llegar a ser una gran lección de democracia”, opinaba un joven voluntario, David Baells de 18 años, en el centro de llamadas instalado en la sede de Omnium, una asociación de defensa de la cultura catalana.
Junto a la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) lideran la campaña independentista “Ara és l’hora” (Ahora es la hora, en español), asesorada por la compañía Blue State Digital, que trabajó con Barack Obama en la campaña del “Yes We Can” que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos.
A través de las redes sociales, numerosos vídeos en los que ha participado el propio Artur Mas o yendo casa por casa explicando las bondades de tener “un nuevo país”, esta campaña, caracterizada por el color amarillo, se han hecho omnipresente en el día a día de la región.
Mientras, el anuncio televisivo del 9-N, modificado tras la suspensión judicial, aparece constantemente en los canales públicos recordando “a los catalanes y catalanas que tienen una cita con la libertad de expresión, opinión y participación”.
Además, desde el martes, cada noche los independentistas hacen repicar cazuelas desde sus casas en protesta por la decisión del alto tribunal.
Fuente: Notimex/ Agencias
