El Senado de la República aprobó hoy las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al poder judicial, que busca erradicar el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados, pero incluyó de última hora y de manera sorpresiva un artículo transitorio que amplia por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldivar y de los integrantes del Consejo de la Judicatura.
Con ello, el ministro Zaldívar concluirá su encargo hasta el 2024 y los siete miembros del Consejo de la Judicatura Federal, entre 2024 y 2026, ya que sus nombramientos fueron escalonados. El cambio, propuesto por el senador del PVEM, Raúl Bolaños Cacho Cué fue presentado al final de una discusión de más de cinco horas y se aprobó, sin debate, por 85 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones, a pesar de los gritos de algunos senadores de oposición de que se parara la votación.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, subió a tribuna para preguntar por qué se decían engañados, si el transitorio fue votado a favor por los 85 senadores. ¿ Donde estaban?, les preguntó y respondió al cuestionamiento del panista Damián Zepeda, quién preguntó si es posible ampliar el período del presidente de la Suprema Corte, a través de un transitorio en una ley secundaria, cuando la duración de esos cargos está establecida en la Constitución.
El @senadomexicano aprobó una histórica #ReformaJudicial. La impartición de justicia debe estar libre de corrupción, y garantizar que las personas que integran el Poder Judicial se desempeñen y desarrollen de manera democrática. https://t.co/29yKSnTjue
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 15, 2021
Monreal respondió que se dio ya el caso de los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo período amplió también el Senado y no fue posible revertirlo. De todas formas, dijo, la oposición puede recurrir a otras instancias o incidir para que se elimine en la Cámara de Diputados, a la que se remitió la minuta.
Al final, el coordinador de MC, Dante Delgado y el panista Damián Zepeda, advirtieron que era “un agandalle” de Morena y sus aliados para permitir que el presidente Andrés Manuel López Obrador se apodere de la Suprema Corte y del poder judicial.
La senadora del PRI, Claudia Ruíz Massieu, protestó también, ya que, dijo, una modificación de tal trascendencia, no fue discutida en comisiones y no se permitió que fuera discutida.
Aprobada reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial
La reforma, que crea la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Judicial, además de modificaciones a cinco ordenamientos, fue aprobada con el voto a favor de la mayoría de las fuerzas políticas, excepto MC y algunos senadores del PAN,que consideraron que no es el proyecto integral que se requiere. Martí Batres, de Morena, respondió que es la reforma que requieren los ciudadanos.
Se establecen sanciones severas que van desde el retiro temporal hasta la inhabilitación por 20 años de los juzgadores,
Jueces, magistrados y empleados que hayan aceptado sobornos o incurrido en tráfico de influencias, tendrán la obligación de restituir dos veces los beneficios que hubieran obtenido para sí o un tercero y deberán además pagar una una indemnización si e provocaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal.
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca resaltó que la reforma fortalece la estructura del poder judicial después de 25 años sin cambios legales, delega responsabilidades que hoya agobian a la Suprema Corte y la fortalece como tribunal Constitucional, y elimina “ la práctica vergonzosa de contratar a familiares conocidos”.
La nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial, prohibe expresamente a jueces y magistrados la contratación familiares, amigos y allegados y establece que todos los cargos se obtendrán a través de concursos de oposición y también se someterá a concurso el desempeño, la permanencia en el cargo y los ascensos.
Se actualiza en la ley la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual sin que sea necesario que deba acreditarse el elemento normativo consistente en que “atente contra la dignidad” de la víctima. Con ello, se precisa, se pretende facilitar la sanción. Asimismo, se expresan textualmente los conceptos de acosar u hostigar sexual mente dentro de la descripción de la conducta, para no dejar dudas sobre cuándo resulta sancionable un acto de esta naturaleza.
Para acabar con el nepotismo, , se establece como una causal de responsabilidad administrativa expresa que “quienes valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial de la Federación en que ejerza funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo”.
También, se sancionará con responsabilidad administrativa los nombramientos cruzados, estableciéndose como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
Cada una de las siete reforma fue votada por separado. La Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue la que mayor tiempo de debate se llevó, fue aprobada con 94 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones y no pasaron ninguna de la veintena de reservas presentadas. Entre los cambios desechados está el propuesto por la senadora del PT, Nancy de la Sierra, en el sentido de eliminar la disposición de multar con 16 mil pesos a quien “falte al respeto” al poder judicial.
La nueva Ley de Carrera Judicial fue aprobada con 105 votos a favor, 8 en contra y una abstención. Se aprobó también modificaciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, La Ley Federal de Defensoría Publica, la Ley de Amparo, Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de del Artículo 105 Constitucional y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Fuente: La Jornada
