Un juez federal resolvió que no está probado que el ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, es responsable de delincuencia organizada, único cargo de los varios fincados en su contra que lo mantiene preso porque no se permite la libertad bajo fianza.
Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió este martes a Padrés un amparo contra el auto de formal prisión dictado el 16 de noviembre de 2016 por el Juez Cuarto de Procesos Penales Federales en Toluca, Víctor Luna Escobedo, por delincuencia organizada y lavado de 178 millones de pesos.
El amparo no implicará, por ahora, beneficio alguno para el ex Mandatario, ya que sólo surtirá efectos si es confirmado por un tribunal colegiado de circuito de Toluca.
Sin embargo, la sentencia es un revés para la PGR, pues Roldán Olvera determinó que “dada la insuficiencia probatoria, no se encuentran acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada”, único contra Padrés que amerita prisión preventiva oficiosa.
De ser confirmado el amparo, el ex Gobernador, preso en el Cefereso del Altiplano, podría pedir libertad provisional, bajo monitoreo o en arraigo domiciliario, de acuerdo a reglas del nuevo sistema de justicia penal.
En cuanto al lavado de dinero, el efecto del amparo, de ser confirmado, es que el Juez Luna Escobedo emita un nuevo auto de prisión, en el que deberá razonar, de manera fundada y motivada, cuáles son los delitos de los que provinieron los fondos presuntamente blanqueados por éste o, en su defecto, dictar auto de libertad.
Es el segundo amparo que gana el sonorense, pues el pasado 14 de julio, el Juez Décimo Cuarto de Amparo Penal en la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia, le concedió la protección contra el otro auto de formal prisión en su contra, que el Juez Guillermo Urbina le dictó hace un año por los delitos de fraude fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares.
En dicho amparo, se determinó que el auto de prisión fue dictado sin analizar 12 argumentos de la defensa y probablemente sin que existan los requisitos formales exigidos a la Secretaría de Hacienda para acusaciones por fraude fiscal.
La PGR impugnó esta sentencia, que esta a revisión ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Las acusaciones contra Padrés parten de la presunción central de que el ex Gobernador recibió sobornos a cambio de adjudicar contratos para uniformes escolares, para luego canalizar 8.8 millones de dólares a una empresa de papel en Holanda, y finalmente, regresar al país 134 millones de pesos que fueron diseminados a múltiples personas.
La defensa sostiene que los recursos que le reprochan como ilícitos en realidad provienen de la empresa minera SWF SA de CV y no de “moches” o sobornos por contratos de uniformes durante la administración de Padrés, de 2009 a 2015.
Fuente: Reforma
