A 12 años de ocurridos los hechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó revisar las sentencias dictadas en contra de 22 funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, imputados por homicidio y lesiones dolosas por el caso del incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 menores de edad y otros 38 resultaron lesionados.
El fallo implica para algunos de los acusados la disminución de sus penas, pero para otros significará ser vinculados a proceso, aún cuando ya habían sido absueltos en primera instancia.
En el primer caso están el secretario del Consejo de Administración de la guardería, Antonio Salido Suárez, y quien fuera director de Bomberos de Hermosillo, Martín Lugo Portillo, ambos fueron sentenciados a 28 años de prisión, pero sus penas serán disminuidas debido que se consideró que no se hizo la correcta aplicación del artículo 64 del Código Penal Federal (CPF) al momento de fijar las sentencias.
Esta norma fija los criterios para el “concurso ideal” de sanciones, y señala que cuando por un mismo hecho se involucran varios ilícitos, se aplicará la pena que corresponda al delito con mayor penalidad, sumando a ésta las sentencias adicionales “sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes”.
En estos casos, los juzgadores de primera instancia resolvieron multiplicar la sentencia de mayor penalidad por el número de víctimas, lo cual violó los derechos de los sentenciados, según resolvió la SCJN.
Otro de los amparos resueltos por la Primera Sala de la SCJN fue promovido por padres de las víctimas en demanda de que se vinculara a proceso a tres supervisoras de las guarderías subrogadas del IMSS, quienes tendrán que ser procesadas por homicidio y lesiones culposas.
El fallo de la SCJN señala que los casos deberán regresar a un tribunal colegiado, para que se dicten las penas específicas para cada imputado, ninguna de las cuales será menor a cuatro años, lo que significa que todos tendrán que cumplir por lo menos ese tiempo en la cárcel.
Fuente: La Jornada
