Los ministros comenzaron a analizar la controversia presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contra el decreto presidencial del 22 de noviembre de 2021, que clasificó como de seguridad nacional toda la información sobre los proyectos “prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.
Aunque el pleno de la corte señaló que el decreto es inconstitucional por ordenar en los hechos una reserva a priori de toda la información relacionada con estos proyectos, los ministros no se pusieron de acuerdo en los efectos que tendrá esta decisión.
Y es que, al principio de la sesión, la mayoría coincidió en que el decreto no es una norma general, sino un acto administrativo, y por lo tanto, la resolución que tomaron sólo tendría efectos entre las partes de la controversia, es decir, entre el Inai y el gobierno federal.
Para la ministra Yasmín Esquivel Mossa, estos efectos suponen que el decreto impugnado seguirá vigente para los ciudadanos en general que soliciten cualquier información sobre los proyectos estratégicos, en tanto que para la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, con la decisión de la SCJN “el decreto no existe ya”.
Por ello, la resolución de los efectos de esta decisión se discutirá hasta el lunes próximo.
Fuente: La Jornada
