Por Jorge Carrasco Araizaga
Durante décadas, la familia de los Claudios fue indisoluble con el poder político. El padre, Claudio X. González Laporte ha sido pilar en la consolidación del modelo de liberalización económica acelerado por Carlos Salinas, de quien fue asesor para asuntos empresariales.
Su influencia como presidente de lo que fue el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la élite de la élite empresarial ahora llamado Consejo Mexicano de Negocios, lo ha convertido a pulso en un ideólogo de los empresarios.
Ha sido un entusiasta promotor de la alternancia entre el PRI y el PAN en la Presidencia de la República, y del grupo de altos funcionarios que lo mismo han servido a los gobiernos de un partido que del otro.
Hasta ahí nada nuevo en la relación entre el gran empresariado y el poder político. Desde el régimen autoritario del PRI del siglo pasado, los empresarios se amoldaron al viejo sistema y su economía cerrada aun cuando tuvieran enfrentamientos con Los Pinos, como en la época de Luis Echeverría y José López Portillo, en los años setenta y principios de los ochenta.
Pero nada como la confrontación de fondo que ahora tiene la familia del presidente de Kimberly Clark en México, exconsejero de Televisa y asesor de múltiples empresas e iniciativas con la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Esta vez, la batalla es más que coyuntural. Claudio X. González Guajardo, quien durante dos décadas se ha dedicado a promover agendas específicas a través de fundaciones, que han gozado de beneficios fiscales, ha logrado dar el salto de la élite económica heredada de su padre al terreno de la sociedad civil.
Su graduación como activista social se la otorgó hace unos días el diario The New York Times, cuando publicó una alegada persecución a la que estaría sujeto por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
Después de impulsar desde los gobiernos del PAN la reforma educativa, desde el año pasado González Guajardo encabeza un sólido proyecto de agenda pública que va más allá del gobierno de Peña, cuya marca de por sí ha sido la de la corrupción.
A través de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el empresario ha logrado establecer la agenda pública ante las demandas de transparencia y rendición de cuentas, sin las cuales es imposible la existencia de un Estado democrático moderno.
Auténticas, tales exigencias parecen ser ahora un ariete de un proyecto empresarial que le ha causado graves daños a la imagen del gobierno y sus colaboradores, incluida la excandidata presidencial del PAN y al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.
De ahí los escándalos que ha documentado sobre la corrupción, principalmente del gobierno federal. El más reciente, el Ferrari hasta ahora desconocido del aspirante a fiscal general de la República, Raúl Cervantes.
Todo lo que abone a la transparencia y a un esperado castigo de la cleptocracia en México es bienvenido periodística y socialmente. Pero una pregunta válida es hasta dónde quiere llegar la familia de Claudio X. González con la gran cantidad de información que posee sobre las élites políticas y económicas del país.
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Fuente: Proceso
