Los tres grandes partidos aprueban la reforma sobre el déficit en la Cámara Alta, pero los diputados creen que el tema es de su competencia
Por Inés Santa Eulalia/ El País
La reforma constitucional para aumentar el control sobre el endeudamiento de los Estados y municipios ha generado un singular panorama en la política mexicana. El escenario de la polémica no es el típico enfrentamiento entre partidos, esta vez son las cámaras de Diputados y de Senadores las que no se ponen de acuerdo por una cuestión de competencias.
Los senadores aprobaron este martes la reforma constitucional que pretende un mayor control sobre la deuda de los Estados. La norma quiere evitar escándalos como el de Coahuila, cuyo gobernador y luego presidente del PRI Humberto Moreira, que hoy está en España estudiando una maestría, dejó al Estado con una deuda de 34 mil millones de pesos pese a que cuando llegó al poder era apenas de 300 millones. O como el caso de Chiapas, en el que el ex gobernador Juan Sabines aumentó la carga en un 5.000% durante su mandato entre 2006 y 2012.
Cien de los 128 senadores votaron en el pleno a favor de la reforma y la enviaron a la Cámara de Diputados para ser analizada, pero un problema de competencias parece interponerse en el camino de una ley que el Senado considera una prioridad. La llamada cámara baja alega que es su competencia iniciar los trámites en reformas que afectan a materia de endeudamiento. La cámara alta asegura que al tratarse de una reforma constitucional esta puede surgir de cualquiera de los dos cuerpos que componen el Congreso de la Unión.
Representantes de los siete partidos presentes en la Cámara de Diputados pidieron el rechazo del acuerdo del Senado, pero será la Mesa Directiva de los diputados la que decidirá este miércoles qué hacer con el proyecto.
El acuerdo aprobado en el Senado obliga, entre otras medidas, a que la deuda de los Estados y municipios se destine a gasto productivo, al tiempo que prohíbe su uso para gasto corriente. En México, salvo el Distrito Federal, los otros 31 Estados son soberanos y pueden solicitar tanta deuda como autoricen sus respectivos congresos locales. Aunque la reforma no toca esa soberanía, al no incluir un techo de deuda, sí obliga a que la petición de deuda sea aprobada por la mayoría calificada del respectivo congreso, en lugar de mayoría simple como hasta ahora. Los cambios también incluyen que no se pueda solicitar deuda en los últimos tres meses de gestión de un gobernante, como pasó en el caso del Estado de Chiapas y en el Tabasco.
La aprobación en el Senado –en caso de seguir su curso natural en la Cámara de Diputados- constituiría un primer paso para una nueva ley de deuda que tendrá que desarrollarse más adelante con otras normativas. El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, uno de los expertos consultados para la elaboración de la reforma, aplaude la aprobación pero lamenta que no se toque el tema de la impunidad de aquellos que incurrieron en el despilfarro.
“Para mantener la estabilidad financiera el primer reto es combatir la impunidad porque hay gobernadores que multiplicaron por diez el tamaño de sus deudas y hoy están impunes. Esta reforma es positiva y debería haberse aprobado hace 15 años, pero si no resolvemos en problema de la impunidad creo que se quedará corta”, augura el director del IMCO.
Las deudas de los estados y municipios mexicanos ascienden a 430.000 millones de pesos (más de 35.365 millones de dólares) y han crecido más del 100% desde el año 2008, informó en febrero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Solo en 2012, el endeudamiento creció a un ritmo de 120 millones de pesos al día. Pardinas dice que México no tiene un problema de deuda como puede tener España, pero sí alerta de que la tendencia es “preocupante”. “El problema no es la deuda per se, sino en qué se gasta”.
