El estado de Tennessee aprobó su uso obligatorio ante la falta de fármacos para las inyecciones letales. En las últimas décadas, sólo se utilizaba ante el pedido del condenado.
Una decisión que atrasa cien años. Como si fuese principios del siglo XX, el estado de Tennessee –Estados Unidos- aprobó el uso obligatorio de la silla eléctrica para la ejecución de presos condenados a muerte.
La decisión fue tomada por el gobernador Hill Haslam, ante la escasez de medicamentos para la utilización de la inyección letal, que ha agotado ante la decisión de las farmacéuticas de dejar de venderla.
La falta de los fármacos empleados en la inyección letal se remonta a 2011, cuando la empresa estadounidense Hospira, una de las que proporcionaba un componente clave, el pentotal sódico (que entonces era el anestésico utilizado por los 32 estados que aplicaban la pena capital), detuvo la producción.
Poco después, la Comisión Europea prohibió la exportación de productos para ser usados en inyecciones letales, en un intento por “acabar con la tortura y la pena de muerte” en el mundo, con lo que a las cárceles estadounidenses se les cerró la alternativa europea.
Así, a medida que se les han ido agotando las existencias de inyecciones letales, los estados se ven obligados a probar inyecciones letales que no se habían utilizado antes, a recurrir a las fórmulas magistrales, un método más opaco y menos controlado, o a volver a métodos antiguos, como ahora ha hecho Tennessee.
El uso de la silla eléctrica ya era legal en el estado, pero sólo para los condenados a muerte antes de 1999, a quienes se les daba la opción de elegir entre la electrocución y la inyección letal.
En 2008 el Tribunal Supremo de Nebraska -último estado en usar la silla eléctrica – declaró inconstitucional la pena de muerte por electrocución y dicha pena quedaba totalmente desterrada en Estados Unidos por ser un castigo “cruel y excepcional”.
La última ejecución llevada a cabo en Estados Unidos, la de Clayton Lockett, un reo de Oklahoma que murió de un ataque al corazón tras pasar 40 minutos sufriendo convulsiones después de recibir la inyección letal, a finales de abril, provocó una gran polémica en Estados Unidos.
Después de los problemas surgidos en la muerte de Lockett, el presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó al secretario de Justicia, Eric Holder, un “análisis” de la pena capital.
Desde entonces, ningún otro preso ha pasado por la sala de ejecuciones en Estados Unidos y se han aplazado los tres ajusticiamientos que había programados.
Fuente: La Razón
