Es muy pronto para adjudicarle al nuevo gobierno de Javier Corral la responsabilidad de lo que hoy ocurre (…) Ahora resulta, de acuerdo con las declaraciones del fiscal César Augusto Peniche, que en los dos últimos años del gobierno de César Duarte ¡Se desactivó el equipo de inteligencia de la Fiscalía!
Por Luis Javier Valero Flores
Como si los grupos criminales actuaran a tono con los cambios políticos, los sicarios arreciaron su actividad en los primeros días del gobierno de Javier Corral, más de 60 personas cayeron abatidos por los disparos de los comerciantes de la droga y la violencia. Le dieron una vuelta de tuerca a lo que venía sucediendo de a poquito en toda la entidad en las últimas semanas del gobierno de César Duarte.
La novedad es que las ejecuciones y los homicidios, sin las características de aquellas, aumentaron en Chihuahua y Juárez. El martes 11 se dio un cruento enfrentamiento en el Largo Maderal y se habló de que un grupo criminal incluso había tomado la sede policial de Madera.
Que se diera un nuevo incidente de esas dimensiones en La Tarahumara no sorprende. Por desgracia, a lo largo de los últimos años, mientras los homicidios cedían en las urbes mayores, en la sierra se presentaban con alguna frecuencia enfrentamientos y ejecuciones. Solo basta recordar que uno de los reclamos de los chihuahuenses de esa vasta zona era que los grupos criminales eran quienes tenían el control.
En el curso de la campaña adquirió relieve la presencia de un personaje denominado como “El 80” en la región de Bachíniva y Namiquipa. El ahora gobernador Corral llegó a comprometerse a que sería prontamente detenido y hasta la fecha se han dado dos episodios de la supuesta detención, la primera de ellas antes de las elecciones y la otra muy recientemente.
Recordar a tal personaje tiene el objeto de mostrar fehacientemente el largo historial de los episodios violentos que ahora han recrudecido, en una más que extraña coincidencia con los cambios gubernamentales.
A los computados por distintos medios de comunicación, entre ellos el periódico capitalino Reforma, se sumaron los acaecidos el pasado viernes en Juárez y Chihuahua (9 entre ambas), más los que se vayan presentando en el fin de semana.
¿Qué ocurrió en la transmisión de mandos de los organismos encargados de la seguridad pública en Chihuahua? ¿Cómo puede degradarse tanto con el simple cambio del jefe de la Policía Estatal (nombramiento provisional, dijo el gobernador Corral) y del fiscal general? ¿Acaso los mandos inferiores, verdaderos encargados de la operación policíaca, no mantuvieron los niveles de seguridad en estos riesgosos días de la transmisión del mando?
¿Cómo puede cambiar tanto esta situación si el nuevo fiscal se desempeñó como delegado de la PGR durante largos años y mantuvo línea directa con el ahora secretario de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Jorge González Nicolás?
O será simplemente que estamos ante un agravamiento de lo que venía sucediendo en la entidad, de acuerdo con las informaciones de distintas fuentes, prácticamente todas ellas oficiales, y que se han constituido como el más importante mentís a la propaganda del gobierno anterior, que sostuvo hasta el final que su principal logro había sido mejorar ostensiblemente las condiciones de la seguridad pública en Chihuahua.
Sin embargo, las cifras oficiales los desmienten: “La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes aumentó en Chihuahua un 28.7% en 2015 respecto al 2014, al pasar de 24 mil 295 a 31 mil 274 personas afectadas con edad de 18 años y más, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (Envipe) 2016”, lo que es compatible con el reporte del Inegi en el “que el 63.1% de la población en Chihuahua se siente insegura”. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 28/IX/16).
Además, la encuesta arrojó que los tres delitos más frecuentes en la entidad son la extorsión, el robo o asalto en la calle o transporte público, así como el hurto parcial de vehículos.
Por otra parte, de acuerdo al mismo estudio, “Chihuahua fue la tercera entidad con mayor incremento de la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, entre el 2014 y 2015, ya que en Sonora se incrementó un 53.4; Coahuila tuvo un 35.4 y Chihuahua el 28.7”. (Ibídem).
Es muy pronto para adjudicarle al nuevo gobierno la responsabilidad de lo que hoy ocurre, a pesar de los desaciertos iniciales con el nombramiento “provisional” de Javier Benavides, la oleada violenta no inició el 4 de octubre.
Al cierre de agosto éste se reportó como el mes más violento del año, con 136 homicidios en el estado, superando el mismo período de los dos años anteriores (111 en 2015 y 95 en 2014). (Nota de Alejandro Salmón, www.ahoramismo.mx, 21/IX/16).
Y aquí es en donde empiezan a apreciarse algunas de las cosas extrañas, precisamente luego del cambio gubernamental. Durante una buena parte del sexenio anterior González Nicolás nos alertaba acerca de las condiciones que no se podían cambiar con las estrategias policíacas locales, esto es, nuestra frontera común con EU y el enorme consumo de estupefacientes allá.
Eso no lo podemos cambiar, en la segunda parte podríamos, como país, sugerir medidas que disminuyan el consumo, pero hasta ahí. Ante tal panorama, nos pidió en muchas ocasiones que como sociedad no bajáramos la guardia y que comprendiéramos los retos que eso significaba, lo que nos llevaba a confiar en que la operación de preservar la seguridad pública en la entidad sería un asunto permanente.
Llegó, incluso, a vaticinar que se podría presentar un nuevo baño de sangre debido a que, dijo, Rafael Caro Quintero, aliado a los Beltrán Leyva, estaba disputando el control sobre Chihuahua al Cártel de Sinaloa, lo que significaba que el de Juárez ya ni siquiera pintaba en la entidad ¿Será?
Pues bien, ahora resulta, de acuerdo con las declaraciones del Fiscal César Augusto Peniche, que en los dos últimos años del gobierno de Duarte ¡Se desactivó el equipo de inteligencia de la Fiscalía!. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 15/X/16).
Así como lo leyó, la desactivación de los equipos de inteligencia, como podemos imaginarnos, afectó “los operativos en la Sierra Tarahumara y dificultó a esta administración, reconocer de inmediato los focos rojos a corto plazo”, sostuvo Peniche.
Contar con ese arsenal de conocimientos sirve para conocer, por ejemplo, “el modo de operar de los delincuentes que actuaron en los hechos recientes y les da una pauta (para) comenzar a abatir los índices de violencia” a fin de que “las policías no sólo efectúen patrullajes, sino basados en labores de inteligencia realmente, salgan con un plan y a puntos específicos”.
No fue una declaración aislada, dijo que “Por razones poco conocidas, desactivaron las áreas de inteligencia, de sistematización y análisis para conocer focos rojos para Chihuahua, para todo el estado, para ubicar focos rojos que midan el riesgo a corto plazo”.
Ante esta situación, dijo que se reactivarán las “zonas de inteligencia” de la Fiscalía a fin de que los agentes “salgan a la calle, por puntos definidos, con una idea de lo que harán” y evitar, sostiene el escribiente, que los convoyes policíacos se conviertan en un simple espectáculo urbano.
Pero las declaraciones de Peniche debieran servir para que el exfiscal y ahora jefe policíaco de la frontera, González Nicolás, diera respuesta a cuestionamientos tan severos, particularmente en momentos tan difíciles como el actual y que, incluso, fuera llamado a comparecer al Congreso del Estado a responder a infinidad de interrogantes, ya sea en su calidad de ex fiscal del estado o de nuevo secretario de Seguridad Pública de Juárez.
Y más allá de si es llamado a informar, lo que ahora revelan las informaciones periodísticas y las declaraciones de Peniche es que su nombramiento al frente de la policía municipal es un enorme desacierto.
En el mismo sentido, no es una novedad asentar que urge la aplicación de verdaderas medidas de inteligencia en seguridad pública, a fin de evitar que el baño de sangre adquiera dimensiones incontrolables, como en el pasado reciente, pues la respuesta de los grupos criminales a que pertenecían las víctimas fatales de las últimas semanas significará la escalada de la violencia pues ahí priva la ley más salvaje.
Ahora bien, luego de la experiencia del 2008-2011, los chihuahuenses ya sabemos que, justamente, cuando la ola de sangre fue más violenta, a pesar de la presencia de miles y miles de soldados y policías federales, no amainó. Cuando lo hizo ¿A qué se debió? ¿A la efectividad de las policías? ¿A su mejor preparación? ¿A la depuración de ellas? ¿O a los acuerdos entre los grupos criminales?
Seguramente algo influyeron los factores relacionados con el mejoramiento de las policías, pero hoy tenemos mejores cuerpos policíacos y a pesar de ello se desató nuevamente la ola homicida ¿Por qué?
Y lo anterior a pesar de que, como parte de los operativos de seguridad aplicados en todo el país, se instalaron bases de Operación Mixta, una de ellas en Juárez, la que lleva más de un mes operando, así como en Guadalupe y Calvo y Chihuahua, integradas por corporaciones de los tres niveles de gobierno, es decir, casi la misma historia, repuntan los homicidios y se decide sacar al ejército a patrullar calles, barrios y pueblos.
No, esa no fue la razón para que disminuyeran los índices delictivos, si acaso una fue importante y fue el de quitarles el control de los penales a los jefes criminales. ¿Y ahora? ¿Qué hacer?
