Por John M. Ackerman
“La enorme empatía entre nuestro futuro presidente de la República y el gobernador del estado augura tiempos promisorios para Veracruz”. Son las palabras del entonces Presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, pronunciadas unos días después de la elección presidencial de 2012 en una visita a Veracruz. Después de regalarle un efusivo abrazo a Javier Duarte, el futuro Secretario de Energía de Enrique Peña Nieto continuó señalando que el veracruzano “es un joven gobernador priísta que…ha mostrado excelentes destrezas para gobernar, convicciones sociales inquebrantables y una actitud de puntual responsabilidad que el PRI nacional hoy viene a su propia casa a reconocer”.
No era para menos. Unos seis meses antes, el viernes 27 de enero, la PGR había detenido a dos colaboradores del Gobernador de Veracruz transportando en un avión oficial dos maletas con un total de 25 millones de pesos en amplios fajos de billetes sin poder acreditar ni su origen o destino. El gobierno de Duarte luego “aclararía” que el dinero supuestamente era para “la contratación de artistas y materiales de promoción” para la Cumbre Tajín y que no hicieron el depósito via transferencia bancaria porque “les habían agarrado las prisas”. Solamente el Instituto Federal Electoral (IFE), en su eterna complicidad y compromiso con la impunidad, les compró el cuento. Todos los demás tuvimos perfectamente claro que el destino de este dinero muy probablemente era para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto.
Recordemos que quien antecedió a Coldwell como Presidente del PRI, Humberto Moreira, recientemente fue detenido en España por acusaciones de lavado de dinero remitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Moreira, cercano a Elba Esther Gordillo, presidía el PRI cuando este instituto político decidió que Peña Nieto sería su abanderado presidencial.
La renuncia anticipada y fuga sorpresiva de Duarte evidentemente fue pactada directamente con su amigo Peña Nieto. El gobernador de Veracruz tenía miedo de que su otrora aliado y también cercano colaborador de Gordillo, Miguel Angel Yunes, lo apresaría en el momento que terminara su mandato. Coreografiaron muy cuidadosamente la fuga del mandatario estatal para que la orden de aprensión llegara justo unas horas después de que Duarte y su familia se hubieran desaparecido del mapa.
Fue un operativo muy similar a lo ocurrió en el caso del ex-gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aguirre también pidió licencia con el fin de negociar la impunidad por las acusaciones en su contra por desvíos millonarios del erario estatal así como su evidente protección del Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Jesús Murillo Karam también hoy camina libre por las calles, aún después de su papel tan lamentable y encubridor desde la PGR en el mismo caso.
Hace un año, a Joaquín “El Chapo” Guzmán también lo dejaron escapar de Almoloya por medio de un túnel construido con la evidente complicidad de las autoridades gubernamentales. Y desde hace años, los ex-gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, se encuentran prófugos de la justicia acusados de tener fuertes vínculos con el crimen organizado.
A veces el sistema político ve la necesidad de reaparecer y detener temporalmente a los delincuentes para dar la impresión de su supuesta voluntad de combatir al crimen. Por ejemplo, la semana pasada, el jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, apareció como por arte de magia después de dos años de estar supuestamente “buscado” por la justicia. No lo encontraron en la India, en Hawai o siquiera en Madrid, sino en Iguala en su propia casa después de haber visitado a su esposa. Al Chapo Guzmán también le llamaron de regreso a la cárcel a principios del año después de dejarlo divertirse un rato con Sean Penn y Kate del Castillo en las montañas del “Triángulo dorado”. Con el actual gobierno, el encubrimiento de la delincuencia organizada se ha convertido en una política de Estado.
Ahora, en agradecimiento por su servicio al narcogobierno, la ahora ex-procuradora Arely Gómez ha sido enviada a la Secretaría de la Función Pública para desde ahí consolidar la simulación autoritaria. Y en su lugar en la PGR, Peña Nieto ha colocado a uno de los abogados más leales al PRI en todo el país, Raúl Cervantes, quien no tendrá otro encargo que esconder todas las fechorías del sexenio antes de que termine el gobierno para asegurar una plena impunidad transexenal. Estos movimientos burocráticos serían risibles si no fueran tan indignantes y deleznables.
Peña Nieto nos ha pedido el beneficio de la duda. Señala que el Presidente de la República no se levanta todas mañana planeando como “joder a México” sino que estaría haciendo su mejor esfuerzo por sacar adelante el país en condiciones difíciles.
Miente el ocupante de Los Pinos. Cada día más mexicanos nos damos cuenta de que Peña Nieto no busca ayudar o defender a México sino que tiene la clara intención de destruir nuestra historia, cultura y recursos naturales con el fin de convertir el país en una colonia más de los Estados Unidos, sin dignidad ni orgullo. Peña Nieto no es un hombre inocente de buenas intenciones, sino el capitán de un barco totalmente podrido y a la deriva decidido a hundirnos a todos en un enorme pantano de sangre, impunidad y corrupción.
Sin embargo, a pesar de todo, la sociedad mexicana mantiene su frente en alto e insiste con enorme valentía en la posibilidad de construir un nuevo régimen democrático y honesto. Así como David derrotó a Goliath, también lo podemos hacer armados con las hondas de la esperanza.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: Proceso/ Soberanía Popular
