La Cámara de Diputados aprobó con 324 votos de diputados de Morena, PT, PES, PVEM y Movimiento Ciudadano la Ley Federal de Austeridad Republicana que llegó como minuta del Senado de la República.
Al argumentar el dictamen, el diputado de Morena y secretario de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo, dijo que lo que se busca es que dicha ley se mantenga en el tiempo, que la austeridad se aplique al gasto público y que contribuya a una administración eficaz de los recursos públicos.
Como ya se sabe, dicha ley elimina las pensiones a expresidentes de la República, prohíbe la contratación de seguros médicos y de vida y evita el engrosamiento del aparato burocrático, entre otras cosas.
Uno de los puntos de conflicto de la oposición fue la prohibición al exfuncionario público que, al término de su gestión, no puede emplearse en empresas que tengan que ver con la materia de su trabajo en el gobierno, por lapso de 10 años.
Con ello lo que se busca es el uso de información privilegiada sobre actos de gobierno y que pueda ser utilizada luego al emplearse en empresas privadas, como sucedió, por ejemplo, con Ernesto Zedillo quien luego de privatizar ferrocarriles nacionales terminó trabajando para una empresa norteamericana del ramo.
Otro ejemplo es el de Felipe Calderón quien trabajó para empresas del sector energético. Y así como ambos expresidentes, hay casos de una decena de exsecretarios de estado que hoy están en la iniciativa privada y antes formaron parte del gobierno y por lo mismo tuvieron acceso a información exclusiva o privilegiada.
La oposición de PAN, PRI y PRD, se opuso a dicho lapso de prohibición y fue motivo de un amplio debate y sostuvo que atenta contra los derechos de los trabajadores.
Por ejemplo, Ricardo Flores del PAN expuso: “Esta ley atenta contra la libertad laboral de cualquier ciudadano al prohibir a quienes hayan sido servidores públicos aceptar un trabajo en la iniciativa privada sino hasta transcurridos 10 años”
La ley establece la prohibición de mandos superiores en adelante, pero siempre y cuando el servidor público, durante su gestión, haya supervisado, regulado u obtenido información privilegiada de determinada empresa o sector.
Morena argumentó que con los ahorros que se generen a partir de la aplicación de dicha ley de austeridad, los recursos se podrán dirigir para el combate a la pobreza.
María de los Ángeles Huerta, diputada de Morena dijo: “Lo que estamos haciendo con esta ley y con otras reglamentaciones asociadas es eliminar décadas de gobiernos despilfarradores y corruptos, eliminar sus costumbres perversas”.
Pero también, dijo, se trata de “Tener un gobierno republicano, eficiente y austero que ya puede decirle adiós a la burocracia dorada”.
La nueva ley también limita la creación de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública.
Al ser avalada, dicha ley será enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la federación.
Fuente: Apro
