El juez federal de control, Víctor Manlio Hernández Calderón, ordenó un receso para analizar el caudal de datos y elementos de prueba aportados por la defensa y debatidos por la representación social, antes de emitir su fallo sobre si somete a proceso al máximo responsable de la agencia migratoria mexicana acusado de ejercicio ilícito del servicio público y omisión en sus obligaciones que llevaron a la muerte de 40 migrantes durante el incendio de marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez, en el norte del país.
Tras ocho horas de audiencia, ambas partes han expuesto situaciones como el hecho de que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene las facultades de retención y es válido retenerlos en las estancias provisionales por ser personas que ingresaron de manera ilegal al país, porque la seguridad nacional requiere un control migratorio, argumentó la defensa.
La Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditaban que entre las funciones de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), estaba el salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del Instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados.
También dijeron que había documentos que probaban que Garduño conocía las malas condiciones del centro de detención siniestrado, donde los migrantes estaban hacinados sin ventilación y encerrados en una celda cuyas llaves nunca se localizaron en el momento del fuego
La defensa del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco G. Y. , presentó ante el juez Víctor Manlio Hernández Calderón las primeras pruebas de descargo, que consisten en videos, por lo que el Ministerio Público Federal pidió el primer receso para verificar si obran en la causa penal 237/23.
La defensa del comisionado es integrada por Rodolfo Pérez Velázquez, Patricia Aurora Almada Beltrán y Manuel Ochoa García.
Por la representación social, la voz la lleva Sahyra Eraldy Pérez Colín, de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, de la Fiscalía General de la República.
En la continuación de la audiencia inicial se definirá si el comisionado es vinculado a proceso o no por el delito de ejercicio indebido del servicio público por las omisiones en las que incurrió al frente del INM como responsable de la Oficina de Representación en Chihuahua.
Dichas omisiones son el la inobservancia en los protocolos de seguridad de las personas migrantes, recluidas en celdas cerradas con candado, donde l estancia era de máximo 36 horas.
Dentro de la estancia provisional Juarez 69 personas permanecía desde casi un mes de encierro, otras desde el 24 de marzo y un grupo de venezolanos fueron remitidos a la estancia tras ser detenidos por agentes municipales y de Migracion en la avenida Plutarco Elías Calles.
Fuente: AP/ El Diario
