Por qué Calderón nunca será juzgado

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Por Alejandro Páez Varela

En números cerrados, el recuento del Semanario Zeta (uno de los pocos independientes que quedan en el país) habla de unos 19,700 homicidios vinculados al crimen organizado durante el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto, ya a aplicándole la “rebaja” de 15 por ciento en la incidencia de la que hablan varios estudios, incluso extranjeros.

Si se mantienen estas tendencias, que son en sí mismas un logro mayúsculo (si usted le cree a los números del gobierno federal), la matanza en México tendría las siguientes cifras durante el sexenio Peña. Me voy con números redondos:

2013: 19,700 homicidios relacionados con el crimen (de esa cifra parto)

2014: 16,757 homicidios relacionados con el crimen

2015: 14,243 homicidios relacionados con el crimen

2016: 12,107 homicidios relacionados con el crimen

2017: 10,290 homicidios relacionados con el crimen

2018: 8,746 homicidios relacionados con el crimen

Esto significa que los muertos relacionados con el crimen organizado durante la administración de Peña Nieto serán aproximadamente 81,843. Esta cifra es sólo de los muertos verificables, los que se pueden contar; y se atienen a que año con año haya una disminución de 15 por ciento que, como digo, es loable.

Algunos calculan que la guerra de Felipe Calderón Hinojosa trajo entre 60 mil y 80 mil muertos. Otros dicen que hasta 100 mil –dato que yo mismo he usado en mis columnas, junto con los otros–. Si tomamos la media, los 80 mil, nos daremos cuenta que en el mejor de los casos, si el gobierno federal mantiene una baja permanente de 15 por ciento en los homicidios de un año para otro (cifras que muchos analistas cuestionan), aún así la administración Peña Nieto será tan o más sangrienta que la de Calderón.

Hay diferencias entre gobierno y gobierno. Una, quizás la más importante, es que el de Peña heredó un problema y una tendencia, mientras que el de Calderón la detonó. Michoacán, por ejemplo: el estado donde nació el ex mandatario estaba (o está, ya veremos) convertido en un narcoestado de punta a punta. No digo que dejará de serlo, pero la actual administración tuvo que dedicar dinero y esfuerzos a esa entidad para literalmente rescatarla.

También hay similitudes entre las administraciones. Aunque en el discurso oficial se habla menos de la violencia y más de programas sociales, no hay evidencias palpables, en este momento, de que Peña Nieto y sus consejeros vayan a dar resultado en el rescate del tejido social. No se vislumbra, por lo menos en este momento. Lo que dicen los programas es que se lanzó una Cruzada contra el Hambre para, como siempre, captar votos (eso dicen los partidos políticos de oposición) mientras que la pobreza mantiene sus números según algunas cifras, y según otras, aumenta. El empleo sigue sin repuntar, no hay oportunidades para los jóvenes y nadie ha emprendido, por ejemplo, un plan para rescatar a los niños y adolescentes que vivieron la violencia de Calderón y la siguen viviendo ahora.

En números secos, entonces, Peña Nieto será otro Felipe Calderón.

Y esa es la razón principal por la que nunca, léanlo bien, nunca será llevado a juicio Calderón o siquiera investigado por sus crímenes, y me explico:

Podría definir dos razones por las cuales no se juzga a Calderón. La primera es clara: el acuerdo no verbal, que pasa por encima de los ciudadanos, de que el Estado mexicano protege a sus ex presidentes. La segunda es igualmente un entendimiento implícito que se resume en aquello de que “no hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo”. (Cuando se piensa en la efectividad de estos acuerdos –un oficio no firmado que otorga impunidad hasta contra el genocidio– es fácil comprender por qué a todos los niveles hay tanta corrupción. Los gobernadores han intentado hacer lo mismo y sólo han actuado cuando hay cambios profundos de equipo e incluso de partidos –los casos Granier y Reynoso Femat son ejemplo reciente–. Los alcaldes igual: la lista de los ex presidentes municipales investigados o presos por malos manejos es inexistente; sólo aquellos que fueron sacados en años recientes de sus madrigueras por la federación).

En este país con tendencia al olvido, a quien recuerda una causa una y otra vez se le llama “obsesivo”. Se califica a los periodistas, activistas o simples ciudadanos como “obsesionados” cuando insisten en que deben revisarse casos que sería más cómodo olvidar. Y para descalificar, se dice que es “personal” y no de interés público hablar de un tema más de una vez. Se le dice a los que piden justicia para la tragedia de la Guardería ABC, por ejemplo. O a los que insisten en la necesidad de juzgar (investigar y juzgar) a Genaro García Luna o a Joel Ortega por el News Divine.

A Calderón suele colgársele la estabilidad económica (“estabilidad” ensangrentada, con crecimiento de la pobreza) o cualquier otro santo desmaquillado. Así se le defiende. En realidad esa era su obligación, el manejo de la economía; y lo era ajustar su estrategia de guerra por algo que realmente funcionara. Fue él quien habló primero de los daños colaterales “necesarios”. Y los daños colaterales “necesarios” bañaron la Nación mexicana de sangre e impunidad: miles y miles murieron con una estrategia que no funcionó –y ni los criminales ni los funcionarios necios pagaron–: aumentaron los homicidios, las extorsiones y los secuestros a niveles nunca antes vistos; se mantuvieron vivos a los cárteles; el consumo de drogas creció; los grupos armados afianzaron, con esa estrategia, el control sobre amplias regiones del territorio y sobre sus ciudadanos. Unos 80 mil muertos, otros 27 mil desaparecidos y un millón y medio de desplazados –nueva cifra de la London School of Economics– son suficientes, creo yo, para que su “logro” económico (que no es logro alguno) quedara sepultado. Con Calderón se juega a la de Augusto Pinochet: se habla de una presunta estabilidad económica para defender su herencia de sangre.

Peña Nieto tendrá los mismos números que Calderón, si bien le va. Unos 80 mil muertos, miles de desaparecidos, miles de desplazados. Allí está la razón por la que el gobierno de Peña no juzgará nunca a Calderón. Sería como poner a remojar las barbas (o el copete, qué se yo) de Peña Nieto desde ahora. Y si algo sabe hacer bien la política en este país, es encubrir a sus monstruos. Peña encubrirá a Calderón y el siguiente a Peña y así nos iremos, de Presidente en Presidente, sin que nadie pague por lo que hace.

Extraño que llamemos democracia a este sistema político, diseñado para encubrir.

Extraño.

Fuente: Sin Embargo

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