Un juez federal que concluyó que la policía en un condado de Arizona realizaba un perfilamiento racial sistemático nombró a un ex jefe de policía de Nueva York para monitorear las operaciones de la agencia y asegurar que no está haciendo arrestos inconstitucionales.
Robert S. Warshaw, quien fue jefe de policía en Rochester, Nueva York, y ha trabajado como supervisor nombrado por la corte en otros casos, fue designado por el juez federal Murray Snow para supervisar los esfuerzos de la oficina del condado de Maricopa para llevar a cabo los cambios ordenados por el tribunal. La selección de Warshaw se conoció el viernes en la corte.
Warshaw, quien también fue director adjunto de la Oficina Nacional de Política de Control contra las Drogas durante el gobierno del presidente Bill Clinton, fue recomendado por los abogados que ganaron la demanda que acusó a la oficina del alguacil Joe Arpaio. También ha sido nombrado supervisor por la corte para los departamentos de policía de Oakland, California, y Detroit.
“Realmente estamos felices de que el supervisor haya sido nombrado porque hay mucho camino por recorrer para que cumpla la oficina del condado de Maricopa”, dijo Cecilia Wang, abogada que presentó el caso de perfilamiento racial a favor de un grupo de latinos.
Arpaio, quien había objetado el nombramiento de un supervisor, dijo que no le preocupa la designación de Warshaw y que colaborará con él.
“No tengo nada que ocultar”, dijo el alguacil.
Snow determinó a finales de mayo que la oficina de Arpaio iba sistemáticamente por los latinos en sus conocidos patrullajes de inmigración, lo que representó el primer hallazgo hecho por un tribunal de que la agencia estaba discriminando racialmente a las personas. Snow también falló que los oficiales de Arpaio mantenían retenidas prolongadamente y sin justificación a las personas que les marcaba el alto.
La oficina de Arpaio apeló el hallazgo del perfilamiento racial y el subsecuente fallo que ordenó el nombramiento de un supervisor. El alguacil argumentó que si todas sus decisiones políticas iban a ser autorizadas por un supervisor, esto anularía su autoridad.
Además del nombramiento del supervisor, el juez está pidiendo a la oficina del alguacil instalar videocámaras en cientos de patrullas, dar más capacitación para asegurarse de que los agentes no están haciendo arrestos inconstitucionales y conformar a un equipo de siete empleados de Arpaio para ayudar a cumplir las órdenes del juez.
Fuente: AP
