El Ministerio Público de Perú informó este jueves que ha abierto 11 investigaciones fiscales por 54 muertes registradas durante las protestas antigubernamentales, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, “con el fin de determinar a los responsables”.
De acuerdo con cifras oficiales, 46 manifestantes y un policía perdieron la vida “producto de los enfrentamientos”, mientras que otras 16 personas murieron por “hechos vinculados al bloqueo” de las vías en diferentes regiones de la nación andina.
Adicionalmente, la Fiscalía indicó en un comunicado que han sido reportados 793 heridos, 435 de ellos civiles y 358 agentes de la Policía Nacional.
Durante el periodo diciembre-enero se han registrado 639 detenidos, de los cuales 53 vienen cumpliendo con una orden de detención preliminar y ocho se encuentran con prisión preventiva.
Por otra parte, se ha dispuesto el inicio de 18 investigaciones por lesiones de personas en el contexto de las manifestaciones, así como la apertura de 105 carpetas fiscales para investigar “a quienes presuntamente han cometido delitos de resistencia a la autoridad, disturbios, contra la tranquilidad pública”.
“El Ministerio Público garantiza que las investigaciones se realicen con estricto respeto a las leyes que rigen en el país y la defensa de los derechos humanos con orden, firmeza y celeridad”, subrayó el texto.
Perú vive una ola de manifestaciones que iniciaron el pasado 7 de diciembre, cuando Dina Boluarte asumió la Presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, quien está detenido preliminarmente mientras es investigado por “rebelión” tras haber intentado disolver el Congreso sin base constitucional.
Esas movilizaciones se trasladaron en días pasados a Lima, donde hasta hoy han sido reportados enfrentamientos entre los manifestantes y elementos policiales en el centro capitalino.
Entre las exigencias de las protestas, que se han tornado violentas en las regiones del sur, están la inmediata renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, el adelanto de las elecciones y la creación de una Asamblea Constituyente.
La mandataria peruana, que se niega a dimitir tras defender que asumió el cargo de manera constitucional, impulsa en el Parlamento un proyecto de ley para que los comicios sean anticipados a abril de 2024, pero los manifestantes exigen que se desarrollen este mismo año.
En medio de la presión social, el presidente de la legislativa Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, planteó hoy ante el pleno congresal una reconsideración del texto sustitutorio que permita celebrar las elecciones generales en diciembre de 2023, y ya no en 2024 como impulsó inicialmente.
Por ahora, el país espera que el Parlamento inicie una nueva legislatura el próximo 15 de febrero con miras a decidir en segunda discusión el adelanto de los comicios a 2024, cuya aprobación requiere de al menos 87 votos por tratarse de una reforma constitucional.
Ante el pedido de elecciones para este 2023, el primer ministro, Alberto Otárola, consideró este jueves que “sería muy lamentable que, a los problemas que tenemos en este momento, añadamos un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado con los requisitos de la propia ley electoral”.
“Tenemos que garantizar unas elecciones libres, transparentes y que puedan asegurar adecuadamente la voluntad popular”, exhortó Otárola, quien la víspera se reunió con altas autoridades del Congreso y dijo que en el Gobierno están “satisfechos” con el cronograma que se ha establecido previamente.
El premier respondió así durante una entrevista con el privado “Canal N”, al ser consultado sobre el pedido que hacen legisladores de izquierda y algunos sectores como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), y añadió que es el Congreso al que corresponde tomar esa decisión.
Fuente: Xinhua
