Por Luis Javier Valero Flores
Ocho años atrás, justamente cuando la reforma al sistema judicial de Chihuahua se ponía en vigor, para dar paso a los juicios orales en materia penal, se presentó la peor ola homicida en la historia de la entidad.
No había aparato de procuración y aplicación de la justicia que pudiera hacerle frente a tan aterrador fenómeno. Ni el viejo sistema de justicia podía, veníamos de una muy grande lista de hechos criminales en los que el rasgo común era la presentación de “chivos expiatorios” para acreditar la resolución de los más notables asesinatos que se habían dado en las dos principales ciudades de Chihuahua, especialmente los feminicidios.
Tampoco el nuevo sistema de justicia podía, por sí solo, hacer frente al escalamiento de la violencia; se ponía en vigor utilizando el viejo aparato de procuración de justicia y pronto, muy pronto, sobrevinieron las contrarreformas, creyendo que el nuevo sistema de justicia era, en buena parte, responsable de lo que nos había caído encima.
Hasta la fecha sigue sin responderse el principal de los cuestionamientos de aquella época ¿Porqué, en presencia del mayor número de elementos de las fuerzas federales de seguridad, militares y policías federales incluidos, la ola homicida no amainó y, al contrario, una inmensa cauda de otros delitos se sumaron a los homicidios en cantidades más allá del entendimiento?
Cosa parecida nos ocurre ahora, por desgracia. No es la aplicación de un nuevo sistema de justicia sino la entrada de un nuevo grupo político al gobierno, variopinto y emergido de una gran inconformidad social, con indudable apoyo ciudadano y que debe modificar a matacaballo, no sólo el aparato de procuración y aplicación de justicia, sino, además, mostrar eficiencia ante la aparición de un recrudecimiento de la ola homicida.
Podrá decirse que aún no pinta para que lancemos las luces de alerta. No es así, baste recordar que a fines de 2007, ante una escalada homicida como la de ahora, en niveles que en Juárez llevaba a superar el promedio de más de un homicidio diario -cosa que en los últimos dos meses se ha superado- la preocupación hizo presa de todo el aparato gubernamental y de la sociedad chihuahuense.
El tiempo nos daría la razón, llegarían los días de 10-11 asesinatos diariamente, con todas las secuelas criminales, de cuya memoria ahora se han borrado, pero que bastan unos cuantos episodios para retrotraernos, de nuevo, a la tragedia por la que transitamos.
Así, un nuevo equipo al frente de la preservación de la seguridad pública está estrenándose, aunque una buena parte de ellos pertenecieron al del gobierno anterior, en puestos relevantes y que ahora deberán afrontar, no solamente la oleada criminal, sino el escepticismo de una buena parte de la sociedad chihuahuense, no obstante la elevada calidad del bono democrático entregado a Javier Corral por los chihuahuenses.
Y lo hace en medio de una minicrisis –la controversia entre el jefe de la policía estatal, Javier Benavides, y el coordinador de comunicación social, Antonio Pinedo– y de una auténtica crisis, el diferendo con el alcalde juarense, Armando Cabada, por el nombramiento del ex fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, al frente de Seguridad Pública del municipio de Juárez.
Todo ello en medio de una auténtica balacera, pues diariamente caen bajo las balas entre 3-4 personas en la entidad (y puede ser que el promedio sea superior en las últimas 3 semanas) sin que hasta el momento tengamos la información de que, efectivamente, fueron las estrategias aplicadas por la anterior administración, la de César Duarte, las responsables de la abrupta disminución de las cifras homicidas, y sólo de éstas.
Saber las verdaderas causas de la disminución de la ola homicida entre 2012 y 2015 (a pesar de que, finalmente, el número de homicidios ocurridos en el gobierno de César Duarte fue superior al del sexenio anterior) es indispensable para abatir la ola homicida del presente.
