Por José Gil Olmos
El affaire de la campaña sucia contra Andrés Manuel López Obrador en la contienda presidencial pasada, conocida como “Operación Berlín”, donde se menciona la participación de Enrique Krauze, nada tiene que ver con la libertad de expresión, sino con el uso de recursos privados para incidir en el voto por parte de un grupo de empresarios contrarios ideológica y políticamente al candidato de Morena.
Lo presuntos delitos que se cometieron con la difusión financiada por empresarios del documental “El populismo en América Latina” en el que califican de populista y dictador a López Obrador, son lavado de dinero y violación a las leyes electorales por el uso de recursos económicos privados, interviniendo en la campaña electoral.
El responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, anunció una demanda contra los autores de esta estrategia electoral contra López Obrador que fue revelada el jueves 14 de este mes en el portal Eje Central, según la cual los dueños de las tiendas Coopel, Agustín Coopel, de la cadena de cines Cinépolis, Alejandro Ramírez, y del Grupo México, Germán Larrea, pagaron la elaboración de este documental y la difusión en redes sociales de mensajes contra López Obrador.
La idea habría sido concebida por el historiador Enrique Krauze, quien lo negó categóricamente en una entrevista radiofónica el lunes 18, y por Fernando García Ramírez, columnista del diario El Financiero, cabeza de un grupo que fue descrito por el escritor Ricardo Sevilla en una entrevista reveladora con Carmen Aristegui.
Confesó Sevilla:
“Durante poco más de 18 meses trabajé en el equipo de Enrique Krauze en una estrategia antilopezobradorista para que el actual presidente de México no triunfara en las elecciones que, finalmente –y pese a la despiadada campaña sucia que elaboramos en su contra–, terminaría ganando.
“En octubre de 2016 fui reclutado por Enrique Krauze, director de Letras Libres y pagado por Coppel, a través de la A.C. Colección Isabel y Agustín Coppel, una asociación que presume estar comprometida ‘con la investigación y difusión del arte contemporáneo.
“Desde que elaboré mi primera factura de pago, en enero de 2017, mi contacto con Coppel sería a través de Leticia Gámez, enlace administrativo de la firma Colección Isabel y Agustín Coppel (CIAC), AC. El operador de Enrique Krauze, Fernando García Ramírez, sería el encargado de ponerme en contacto con ella. Mi tarea principal consistía en elaborar materiales –que tenían una forzada careta periodística– para atacar la imagen del político tabasqueño. El rigor era mínimo. Se trataba, en el peor de los casos, de hacerlo parecer zafio, intolerante y, sobre todo, como un dictador”,
“Nuestra oficina estaba ubicada en la calle de Berlín, número 245, en la colonia Del Carmen, alcaldía de Coyoacán. No obstante, también llegamos a reunirnos en las oficinas de la revista Letras Libres. Fernando García Ramírez, quien fuera subdirector de esa revista y actualmente escribe y forma parte de su consejo editorial (aunque lo ha negado sistemáticamente), nos citaba ahí”, reveló el escritor y académico.
No son dichos ni palabras. Ricardo Sevilla Gutiérrez tiene pruebas que corroboran su historia, una historia emblemática de una serie de estrategias que se han reproducido en las últimas tres campañas de las cuales no se tenían datos fehacientes y comprobables jurídicamente. Hasta ahora.
Por cierto… La participación de empresarios en las campañas políticas es una historia de años, desde el pase de la charola de Salinas hasta la alianza de Televisa con el PRI para elaborar el perfil de Enrique Peña Nieto. La diferencia hoy con la “Operación Berlín” es que hay una decisión gubernamental de investigar, y la difusión en redes sociales de toda la trama en la que los personajes aparecen con nombre y apellido. A ver si se llega a las ultimas consecuencias, llevar a tribunal judicial a los responsables.
Fuente: Proceso
