Por Jerry Markon
En noviembre, Obama anunció que hasta cinco millones de inmigrantes ilegales calificarían para quedar protegidos de la deportación —incluyendo padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes— siempre y cuando cumplieran ciertos criterios. Como una de las iniciativas que han caracterizado a su presidencia, el plan amplía también un programa del 2012 que ha pospuesto las deportaciones de más de 600 mil inmigrantes que fueron traídos de manera ilegal cuando eran niños y ha otorgado permisos de trabajo a la mayoría de éstos.
Pero a raíz de que Texas y 25 entidades más demandaran a la administración, calificando de anticonstitucionales las medidas, en febrero un juez federal las suspendió. Un tribunal federal de apelaciones ratificó recientemente la prohibición, mientras que ahora observadores legales aseguran que el pleito judicial podría prolongarse hasta finales del mandato de Obama. El programa del 2012 no se ha visto afectado.
La batalla legal hace resaltar la naturaleza explosiva del debate inmigratorio, el cual desde las primeras semanas se ha revelado como tema en la contienda presidencial 2016 a pesar de que en el Congreso siguen estancadas varias propuestas de ley sobre inmigración. El destino de las medidas ejecutivas de Obama en beneficio de padres inmigrantes, conocidas como Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales, o DAPA, seguirá definiéndose durante el próximo gobierno. La mayoría de los precandidatos republicanos a la Presidencia han prometido invalidar las medidas inmigratorias de Obama, mientras que la precandidata demócrata líder Hillary Rodham Clinton las ha avalado con firmeza.
En cuanto Obama tomó el 20 de noviembre las medidas, Servicios de Ciudadanía e Inmigración “inició inmediatamente esfuerzos a fin de implementar dichas iniciativas”, dijo Marsha Catroin, vocera de DHS. Al día siguiente, la dependencia arrendó en Crystal City un edificio de 280 mil pies (25 mil 200 metros) cuadrados para albergar a los empleados del DAPA, según documentos del DHS enviados al Congreso.
El edificio se adaptó totalmente pero requirió cerca de 26 millones en costos para echarlo a andar, entre ellos 2.7 millones en equipo computacional y de escritorio, según muestran documentos. Dichos costos se financiarían mediante cuotas cobradas a los inmigrantes que habían solicitado otros programas gubernamentales, mientras que el DHS asegura que el DAPA no tendrá impacto en ningún programa existente.
Servicios de Ciudadanía e Inmigración, el cual forma parte de DHS, resulta fundamental para manejar el sistema inmigratorio nacional y cada año tramita más de seis millones de solicitudes de ciudadanía y otras.
El plan contemplaba asimismo que mil empleados, en su mayoría de nuevo ingreso, arrancaran el DAPA en Crystal City y que 400 otros trabajadores ubicados alrededor del país en otros centros de servicio tramitaran las solicitudes del ampliado programa del 2012 para los inmigrantes que fueron internados ilegalmente a Estados Unidos siendo menores. Dicho programa es conocido como Acción Diferida para Llegadas durante la Infancia, o DACA.
No obstante, con el tiempo Servicios de Ciudadanía e Inmigración pronosticó que podrían necesitarse un total de 3 mil 100 empleados nuevos para ambos programas, los cuales se esperaba costaran 484 millones anuales y se sufragarían a través de las cuotas de 465 dólares que debe pagar cada solicitante.
Fuente: The Washington Post vía El Diario
