LA defensa nacional anuncia la mayor acción militar contra el narcotráfico ahora en la sierra de Chihuahua
Por Luis Javier Valero Flores
En una sorpresiva y poco difundida visita del Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, éste anunció la puesta en marcha de “la mayor acción militar contra el tráfico de drogas que se haya desplegado en la Sierra de Chihuahua”, la que se extendería a las “zonas de conflicto del estado”, con operativos basados en la tecnología e inteligencia militares.
No sólo los recientes y estrujantes sucesos ocurridos allá en las últimas semanas, sino a lo largo de varios meses -quizá años- exigían una atención especial de las autoridades y dependencias encargadas de la seguridad pública, de todos los niveles.
Los acontecimientos sangrientos ocurren todas las semanas y hasta ahora no se sabe de la aplicación de medidas permanentes, ni de la puesta en marcha de una estrategia gubernamental para recuperar la gobernabilidad.
Por eso sorprende el poco relieve otorgado a una medida que merecería toda la atención, no solo del gobierno, sino del conjunto de la sociedad chihuahuense.
Ya es sabido que los militares no están preparados para procurar justicia y que uno de los errores fundamentales de la estrategia aplicada por el gobierno de Felipe Calderón fue el de asignarle al ejército tareas de policías (incluida la decisión de otorgarles a los mandos militares la conducción de las corporaciones policiacas, como si aquellos fueran especialistas en tales funciones), lo que originó la presentación infinidad de abusos.
Y es que tal fenómeno, por desgracia, fue originado por los gravísimos excesos cometidos por algunos elementos militares, en lo individual, pero también en lo colectivo, en seguimiento a directrices que en nada tomaban en cuenta la vigencia del estado de Derecho en el país.
No entendieron que su actuación no se daba en un territorio en guerra (por más que sí lo dijera Calderón y luego se desdijera), sino en medio de la población civil, aún en posesión del total de sus derechos ciudadanos.
Sirva solo como recordatorio de tal desprecio por el orden vigente, la frase del Gral. Juárez Loera, expresada al entonces gobernante chihuahuense, José Reyes Baeza -La orden de cateo, gobernador, es el mazo que traigo-.
Bueno, hasta el grado, no dicho abiertamente, de presumirse la aparición de comandos encargados de llevar al cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales. Y si las denuncias se hicieron fue porque los abusos fueron perpetrados en las zonas urbanas de la entidad, particularmente en Juárez, de ahí que despierte una razonable inquietud el anuncio del Gral. Cienfuegos de la puesta en marcha de un operativo en la sierra pues de hacerlo como en el pasado podrían ocurrir los excesos denunciados por todos los medios.
Y que ya desde el año pasado, a pesar de no destinar un número mayor de elementos a la “zona de conflicto”, la Secretaría de la Defensa Nacional ocupa el segundo lugar en quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), generadas por acontecimientos ocurridos principalmente en Parral, Balleza, El Vergel, Madera y El Largo Maderal.
Se necesita, urge, un operativo que regrese la seguridad pública a esa vasta zona de la entidad; las corporaciones policiacas municipales y estatales han sido superadas, no solo por la desventaja en recursos de todo tipo frente a las bandas criminales, sino porque están enfrentando problemas mayores a sus funciones y capacidades.
De ahí que cuando cunden los rumores de que poblaciones enteras son controladas por horas por bandas criminales, la percepción generalizada es de que es cierto y que las autoridades gubernamentales han sido superadas.
Por ello se requiere de un operativo distinto, con una estrategia diferente a lo hecho en el pasado, porque a contrario sensu del Gral. Cienfuegos, la más vasta operación militar en aquella región ya se realizó y la denominaron Operación Cóndor. Los resultados no fueron todo lo bueno que quisiéramos.
Distintos mandos militares sostienen que su personal ha cambiado de concepciones, que han recibido la capacitación necesaria en materia de respeto al estado de Derecho, a los derechos humanos y en general, de procuración de justicia y que, por tanto, no se podría repetir lo acaecido en Juárez cuando se puso en marcha la Operación Coordinada Chihuahua, encabezada, primero, por el ejército, y luego por la Policía Federal, pero que juntas acumularon un total de mil 300 denuncias ante la CNDH.
Y que motivó que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, considerara como “irresponsable” haber puesto al Ejército a realizar labores de policía, de investigador y de agente del ministerio público. En sus informes la CEDH estableció que tan sólo en 2009 recibió más de mil 450 denuncias por violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad.
A su vez, otro reporte señalaba que “Entre el 2008 y el 2010, el número de quejas contra el Ejército fue de 170 al año, en promedio…”. (Nota de Alejandro Salmón, El Diario, jueves 31 de mayo de 2012).
Todas las denuncias coincidían. “Tortura y detención arbitraria, allanamiento de morada y cateos ilegales, trato cruel y robo, detención ilegal y amenazas, intimidación, desaparición forzada, daños en propiedad ajena, violaciones a la libertad y vulneración de la seguridad jurídica, son delitos cometidos por elementos del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez del 2008 a la fecha y permanecen en la impunidad, denunciaron organizaciones defensoras de los derechos humanos”. (Nota de Luis Villagrana, Semanario, jueves 29 de diciembre de 2011).
Igual había ocurrido en 2010. Casi al término del año, la CNDH había registrado 139 quejas en contra de los militares, 70 de la policía federal y 31 de la PGR, convirtiéndose de esa manera en la segunda entidad en la que se interpusieron más quejas en materia de seguridad. (Nota de Luis Alonso Fierro, El Diario de Chihuahua, domingo 26 de diciembre de 2010).
De las 139 quejas, 83 correspondieron a denuncias por detención arbitraria; 81 por prestar indebidamente el servicio público; 60 relativas a trato cruel, inhumano o degradante; y 56 por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia.
Y del total, 126 le correspondieron al municipio de Juárez. Pero ya en mayo del mismo año, ante la CEDH, se habían interpuesto 169 quejas en contra de los militares.
El 8 de diciembre de 2009, Amnistía Internacional (AI), la organización derechohumanista más importante del mundo, presentó su informe sobre los derechos humanos en México, motivado, sobre todo, por la decisión gubernamental de incorporar al ejército mexicano en la lucha contra el tráfico de drogas.
En él asentaba que “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma que en 2006 recibió 182 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA); en 2007, 367 quejas; en 2008, 1.230, y durante los seis primeros meses de 2009 la cifra ya ascendía a 559. En 2006, la Comisión no formuló ni una sola recomendación contra la SEDENA respecto a violaciones de derechos humanos. En 2007, formuló 6 (tres casos relacionados con tortura y malos tratos y uno con una ejecución ilegal o extrajudicial), en 2008, 14 (6 relativas a tortura y malos tratos y 4 a ejecuciones ilegales o extrajudiciales) y al acabar octubre de 2009, otras 25 (15 relacionadas con tortura y otros malos tratos y una con desaparición forzada).
Entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, la CEDH y una oficina municipal de presentación de quejas en Ciudad Juárez de la CNDH recibieron más de mil 300 quejas de abusos del ejército, que incluían al menos 14 denuncias de desaparición forzada y 8 de ejecución extrajudicial.
Entre los casos más resonantes se destacó el de los detenidos en Ojinaga por elementos militares y que mereció una recomendación de la CNDH, que así describe los hechos en la recomendación No. 55: “… fueron encañonados, los hincaron en el suelo y los mantuvieron con los ojos cerrados, mientras los golpeaban en diversas partes del cuerpo, los amarraron y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza para que no pudieran respirar, particularmente, …a quien aplicaron toques eléctricos en el pie derecho, que derivó en la amputación de uno de sus ortejos (dedos), lo que constituyen actos de tortura, con objeto de que confesaran su participación en diversos ilícitos”.
Evitar la repetición de estas historias, los “daños colaterales” de Calderón ,es fundamental para recuperar la credibilidad en las instancias gubernamentales.
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