Por Jenaro Villamil
La conmoción se generalizó en las redes sociales y, especialmente, en Jalisco. A menos de 24 horas del primer debate presidencial, la Fiscalía General de la entidad convocó a conferencia de prensa para informar que los tres jóvenes estudiantes cineastas desaparecidos el 19 de marzo habían sido asesinados por una célula delictiva, escindida del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que sus cuerpos fueron “disueltos en ácido”.
De manera irresponsable, el fiscal general Raúl Sánchez Jiménez señaló que los jóvenes Javier Salomón Aceves, de 25 años, y Marco Antonio Francisco Avalos y Jesús Daniel Díaz, ambos de 20, fueron asesinados “por confusión”, ya que una de las tías de los estudiantes estaba vinculada al Cártel Nueva Plaza, en disputa con el CJNG, y actualmente presa por lenocinio. El nombre de la tía se difundió en los medios, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos envió una medida cautelar a la autoridad ministerial para no mencionar su nombre y violar la presunción de inocencia.
La “hipótesis” del fiscal general se convirtió de inmediato en una sentencia mediática. La frase “asesinaron a los jóvenes cineastas y sus cuerpos fueron disueltos en ácido” se repitió en todos los noticiarios nocturnos, en sitios digitales y fue la nota principal en los periódicos Milenio Diario y Excélsior.
Poca moderación existió frente a la versión oficial que a muchos recordó el método de dar a conocer la “verdad histórica” en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. La PGR ha sentenciado que fueron secuestrados, asesinados y sus restos calcinados en el basurero de Cocula por presuntos sicarios de los Guerreros Unidos, basándose en testimonios de personas que fueron torturadas.
Poco importó que la propia jefa de investigación de la Fiscalía de Jalisco, Liz Torres, reconociera en la conferencia de prensa que no había pruebas genéticas que corroboren que los cuerpos de los tres estudiantes fueron disueltos en ácido en la casa cateada la semana pasada en la colonia Prados de Coyula, en Tonalá.
“Existen señalamientos de que en 2017 en varias ocasiones fueron vistos en esa casa vehículos con personas armadas, de lo cual se concluye que, sin saberlo, los estudiantes estuvieron en un lugar de grave riesgo, vigilado por una célula del CJNG, contraria al cártel Nueva Plaza, al que pertenecen Diego Gabriel Mejía y El Cholo”, afirmó la Fiscalía General.
Omar García, sobreviviente del ataque a los normalistas de Ayotzinapa aquella noche de Iguala, Guerrero, afirmó en su cuenta de redes sociales que en este caso “no demos nada por hecho, hasta el último segundo. ‘Fueron disueltos en ácido’, dice la Fiscalía, pero hay que corroborarlo”.
Como él, muchos otros jóvenes mostraron no sólo su sospecha sino su molestia ante el evidente sadismo de la Fiscalía General de Jalisco y el manejo mediático de este hecho.
Ni siquiera se sabe si los familiares de los jóvenes desaparecidos han acreditado esta versión.
En las redes sociales, el hashtag #NoSomosTresSomosTodxs se convirtió en trending topic nacional como frase de protesta y para convocar a la manifestación que se realizó este martes 24 en Guadalajara. A las puertas de la Casa Jalisco, la indignación por la versión oficial y la ineficacia del gobierno del priista Aristóteles Sandoval se convirtió en una manifestación con veladoras de poco más de 150 personas, la mayoría jóvenes y padres de familia.
El propio gobernador trató de montarse en la ola de descontento afirmando en su cuenta de Twitter que “es absolutamente justificada la indignación que en el caso de los tres estudiantes despierta en la sociedad. Como padre estoy dolido y conmocionado; como autoridad cumpliré el compromiso que hice con los familiares de las víctimas de seguir investigando”.
La reacción generalizada a este mensaje fue de profunda indignación. Los insultos, reclamos y acusaciones por ineficacia y por vínculos con los cárteles criminales no han cesado desde anoche.
A tal grado ha llegado el nivel de indignación que el propio Sandoval redactó otro mensaje este martes para enmendarle la plana a la Fiscalía General:
“La Fiscalía no ha dado por cerrado el caso, hoy se han reportado los avances de la investigación. Nuestra obligación es esclarecer los hechos y dar con todos los responsables. Así lo haremos”.
Así justificó la “verdad histórica” de la Fiscalía General de Jalisco, aunque no existan evidencias genéticas sólidas de que se trata de los tres jóvenes cineastas desaparecidos.
El trasfondo de esta terrible historia es una sistemática ineficacia de las autoridades ministeriales y policiacas estatales y federales para prevenir y combatir el secuestro y el asesinato de miles de jóvenes en el país.
Jalisco es la segunda entidad con el mayor número de desaparecidos a nivel nacional y la tercera con mayor número de jóvenes desaparecidos. El 62% de las desapariciones se concentran en seis estados, desde 2006 a la fecha: Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua. El 43% de todos los desaparecidos en el país son jóvenes entre 14 y 29 años (14 mil 551 jóvenes), en las mismas entidades.
Estas dimensiones de la tragedia que vive una generación de jóvenes mexicanos simplemente quedan sepultadas ante el sadismo informativo y ministerial de este otro intento de “verdad histórica”.
Fuente: www.homozapping.com.mx
