Por Luis Javier Valero Flores
Tanto Angel Cano, como el dirigente de Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, insisten en la veracidad de la denuncia, la que niega César Duarte, quien arguye que el empresario intenta extorsionarlo, “aprovechando el momento político”, y a quien, aseguró, demandará penalmente por ese delito.
Tal litigio adquirió ribetes de verdadero escándalo tras la transmisión, en el noticiero “Despierta”, de Carlos Loret de Mola, en Televisa-Canal 2, de sendas grabaciones de audio y video en las que se da a conocer la supuesta conversación entre el empresario y el gobernante en un hotel de Beijing, China, en el curso de una gira del Presidente Peña Nieto a la que fue invitado el gobernador chihuahuense y, probablemente, también el empresario.
En ellas discuten sobre las deudas del gobierno de Chihuahua a Angel Cano y presumiblemente de las del gobernador Duarte con las empresas del español. El meollo de la discusión es la supuesta pretensión del ballezano de pagar sus deudas privadas con dinero del gobierno de Chihuahua.
El origen de los litigios está en el gobierno de Patricio Martínez, el que le dejó adeudos al de Reyes Baeza en la compra de unos terrenos cercanos a Anáhuac, del municipio de Cuauhtémoc, en los que se instalaría un gran conglomerado de invernaderos, proyecto que fue desechado en el gobierno del deliciense y cuyo adeudo, aparentemente, sería negociado por Duarte, a través del ahora Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, a quien, si la grabación es cierta, el gobernador, indirectamente, acusa de no haber obedecido sus indicaciones de pagarle a Cano ese adeudo.
Cano afirma que el gobernador Duarte habría aprovechado para instalar también viveros en sus ranchos.
Las afirmaciones del español son puntuales en los montos y en las intenciones del mandatario.
De ser ciertas sus aseveraciones, estamos a días de que la orden de embargar diversas propiedades de Duarte llegue a un juzgado federal de Chihuahua, con lo que no habría duda y el gobernante quedaría en entredicho pues ha sostenido firmemente la inexistencia de la demanda y consecuentemente de la orden de embargo en su contra.
Podrá defenderse adecuadamente de lo anterior y hasta salir airoso, pero del señalamiento ciudadano por la intención de aprobar -por la vía fast track- la creación del Consejo de la Judicatura Estatal, a unos cuantos días del término de la administración es un verdadero despropósito.
Tales desmesuras dan origen a otras; éstas, si se quiere, con un beneplácito generalizado. La decisión de los integrantes de Alianza Ciudadana de tomar por asalto la tribuna y las curules del Congreso del Estado, para tratar de impedir la aprobación de tal engendro político, no la figura del Consejo, que es necesaria, sino la de su aprobación en estos momentos.
Las escenas del pasado jueves originaban dos sensaciones: Por una parte, la civilizada, la que pretende el establecimiento de un régimen democrático, que deplora la realización de tales acciones y, por otra, la derivada de la indignación con tal forma de gobernar, en la que la subordinación de los actuales diputados es total.
Así, los momentos en que antiguas y respetadas activistas le gritaban cara a cara a los diputados “¡No nos representan!” son de los más memorables de las luchas ciudadanas chihuahuenses de las ultimas décadas, no por desprecio a las otras, sino porque en muy contadas ocasiones los ciudadanos han tenido oportunidad de mostrarle a la clase política su desprecio y su hartazgo y, además, colmar sus exigencias.
Sí, porque, por lo menos transitoriamente, la mayoría del Congreso del Estado decidió no discutir ese asunto.
Ahora sabemos que fue solamente para posponerlo y tratar de aprobarlo el día de mañana, ahora sí con la protección, seguramente, de contingentes policiales afuera y adentro del recinto parlamentario.
Las imágenes de ese jueves son patéticas. En tanto un pequeño grupo de ciudadanos intentaban, primero, pasar de la zona destinada al público, unos cuantos guardias privados (¿Cuáles son las razones para que sean de empresas privadas quienes resguardan las instalaciones oficiales?) forcejeaban con activistas que hace poco rebasaron las 4 décadas de vida, intentando impedirles el paso.
Pero no eran los únicos que asumieron una inexplicable conducta, también los legisladores de la mayoría parlamentaria (PRI, Panal, Verde y PT) se quedaron impávidos, sorprendidos sin duda, en el primer momento, pero luego con una terquedad digna de mejores causas resistieron largos minutos el asedio y el griterío de los activistas ¿Pensaban que podía terminar la protesta y a continuación aprobar el dictamen? Inaudito.
Por el megáfono, Gabino Gómez, sempiterno activista, llamaba a los diputados a desobedecer a quien “les ha ordenado aprobar esto” y usaba como argumento principal el de que “hasta los soldados pueden desobedecer si les dan una orden fuera de la ley”.
Frase con un enorme sustento a lo largo del sexenio cuyo mejor ejemplo lo fue el episodio, narrado y coprotagonizado por el periodista César Ibarra (El Heraldo de Chihuahua, 11/IV/14) cuando la Legislatura local fue convocada para ejecutar la sentencia del juez Ignacio Cuenca Zamora acerca de la elección de los consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip). En la crónica de la sesión, en un receso, relata el reportero, los diputados de la mayoría parlamentaria se preguntaron: “… ¿y cómo vamos a votar?’, otros responden, -pa’ qué les damos chanza de hacer tanto show, si en la votación nos los vamos a fregar. La diputada Águeda Torres Barrera les dice: -vamos a hacer las cosas como nos las ordenó el señor Gobernador y que nos explicó Mario Trevizo (Consejero Jurídico de Gobierno del Estado)…’. No ha terminado de explicar la línea cuando Enrique Licón, del PVEM le dice: -¡Diputada, cuidado, tienes a la prensa atrás de ti!…, y ésta con sonrisa nerviosa dice, riéndose… ‘háblenle a seguridad para que saquen a todos los que no son diputados”.
Pero el jueves, de manera extremadamente abrupta un grupo de ciudadanos les recordó que ya no son representantes del sentir de la mayoría de los chihuahuenses. No podían terminar de otra manera su gestión los diputados que se han significado por ser de los más abyectos que tengamos memoria.
La indignación tenía -tiene- además, otro ingrediente, la de que corren insistentes los rumores que se pretende incluir en el Consejo de la Judicatura a dos de los magistrados más allegados al actual mandatario, Jorge Ramírez y José Alfredo Fierro Beltrán y a Luis Villegas, antiguo allegado a Javier Corral, con una muy larga militancia en el PAN y quien recientemente dedicó severísimas críticas al gobernador electo, no obstante su elevado cargo judicial, lo que concitó -ironías de la vida- una demanda del abogado Oscar Castrejón, consistente militante de Morena, por violar diversas regulaciones del Poder Judicial.
Además, la Federación Mexicana de Colegios de Abogados acompañó en la protesta a los integrantes de Alianza Ciudadana y expuso argumentos jurídicos con los que deploran el intento de aprobación con tanta premura y sin discusión con algún sector de la población.
Bueno, pues los diputados no cejan en su intento, pretenden aprobar la iniciativa mañana lunes 26 de septiembre y quede finalmente aprobada antes del 16 de octubre.
No se trata de cualquier maniobra menor, por ser una reforma constitucional deberá ser aprobada, en ese lapso, por la mayoría de los cabildos de Chihuahua ¡Justamente cuando éstos ya ni se reunirán, acaso para recibir el último informe de los alcaldes y obviamente sin interés alguno de discutir seriamente una iniciativa de tal envergadura!
¡Si ya todos se van ¿Qué caso tiene, qué interés hay en aprobarla tan urgentemente?!
¿Tienen razón los rumores? ¿Se pretende dejar un Consejo de la Judicatura Estatal, tan impugnado como una buena parte de los actuales magistrados, entre ellos los supuestamente beneficiarios de tal reforma?
ESCOLTAS.- Son de tal subordinación los diputados que bastó una declaración del gobernador Duarte, en el sentido de que no deseaba usar escolta al término de su mandato, para quitar al gobernador de Chihuahua como beneficiario de tales beneficios, sólo dejaron al fiscal general y al director de la policía única, aquel hasta por ¡4 años!
¿Y porqué Palacio de Gobierno y otros edificios públicos no gozan de tal protección? ¿Porqué otorgarle a alguien el negocio de proteger los recintos oficiales del gobierno de Chihuahua?
