Un juzgado rechazó otorgar un amparo a la alcaldesa con licencia de Chihuahua y candidata a la gubernatura del PAN, María Eugenia Campos Galván, acusada de formar parte de la “nómina secreta” de César Duarte.
Por Patricia Mayorga/ Apro
La alcaldesa con licencia de Chihuahua y candidata a la gubernatura del PAN, María Eugenia Campos Galván, recibió un nuevo revés judicial, luego de que el Juzgado Octavo de Distrito declaró improcedente concederle la suspensión definitiva en uno de los amparos que promovió.
En su resolución, el juzgador consideró que son inexistentes las omisiones que la candidata –implicada en la “nomina secreta” del exgobernador César Duarte Jáquez– atribuye al Ministerio Público, en el sentido de que no contaba con todo el expediente para su defensa.
“Se considera que debe negarse la suspensión definitiva del acto reclamado, pues las documentales que acompañó la autoridad responsable a su informe previo se desprenden de constancias de las que puede afirmar que la omisión reclamada es inexistente y, como consecuencia, los efectos para los que se solicita la suspensión del acto reclamado han quedado sin material”, resolvió el juez.
El consejero jurídico del gobierno del estado, Jorge Espinoza Cortés, opinó que el razonamiento del juez fue muy claro porque no existen omisiones de la Fiscalía General del estado (FGE), ya que entregó a la defensa de la acusada todas las constancias de la carpeta de investigación.
Y procede –dijo– que la FGE solicite la fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación, que podría programarse en cualquier momento, a menos que la defensa de la candidata intente una nueva maniobra jurídica para dilatar el proceso.
La defensa de Campos Galván presentó la suspensión provisional de dicho amparo el 24 de febrero, en la audiencia inicial del caso en el que le acusa del delito de cohecho, junto otros tres exlegisladores que habrían recibido dinero de manera ilícita del gobierno de César Duarte, como pago por favores legislativos, entre ellos la aprobación de deuda, la cuenta pública de 2014 y cambios de magistrados en el Poder Judicial.
Los otros exdiputados acusados son Rodrigo de la Rosa Ramírez, quien era coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Espinoza Cortés refirió que el Ministerio Público comunicó al juez de Control, Ignacio Muñoz, en la audiencia inicial, que eran falsas las presuntas omisiones señaladas por la defensa de la imputada sobre la entrega de la carpeta de investigación, y le pidió que no suspendiera la audiencia para la formulación de cargos, ya que se trataba de una maniobra dilatoria. El juez se negó y suspendió la audiencia por tercera ocasión.
Fuente: Apro
