Ya me cansé de tanto esperar. Estoy decidida a llegar a lo último, porque no permitiré que el gobierno se burle de las mujeres que luchamos para que en los pueblos haya justicia. Uno imaginaría verla llorar y mostrarse vencida por llevar más de 28 meses recluida. Su porte altivo y combativo impregnó de jovialidad el espacio improvisado para el encuentro familiar el pasado 22 de diciembre, en el penal femenil de Tepepan. Sus palabras llenas de fuerza y verdad dejaron sorprendida a toda la sobrinada, que después de dos años no tenían la dicha de convivir con la tía más aguerrida de la familia Salgado García.
Nestora, hija de Fernando Salgado, oriundo de Olinalá, y de Aurora García, originaria de la comunidad naua de Chiepetepec, municipio de Tlapa, se asume como indígena, como parte de las familias pobres de la Montaña que luchan contra los gobiernos racistas y pendencieros. Con gran orgullo habla de su prole. Campesinos en su mayoría. Mujeres y hombres que han crecido en los lomeríos de Olinalá y que aprendieron a trabajar el campo. Estas son sus palabras:
Todos los de la familia somos derechos y de convicciones. Me siento parte del linaje naua y también mestizo, porque luchan por ideales, porque están dispuestos a defender lo que es de los abuelos. Peleo contra los gobiernos que se empeñan en ahondar la desigualdad y no tolero la discriminación.
En Guerrero nos hemos acostumbrado a vivir en el fango de la violencia y a padecer gobiernos represivos. Los cacicazgos son un lastre que arrastramos desde hace décadas y que continúan desangrando al estado con el apoyo de la delincuencia organizada.
Lo que sucedió en Olinalá en 2011, cuando se incrementaron los secuestros, los robos a las casas, los asaltos a plena luz del día, las extorsiones y asesinatos, sin que las autoridades intervinieran, generó gran desconcierto por la ingobernabilidad que imperaba. Algo que causaba mucha preocupación era la cooptación de jovencitas, a quienes los grupos de la delincuencia involucraban en la venta de droga en las escuelas. La población comenzó a vivir con temor y enojo en un ambiente turbio marcado por balaceras. Era constante el tránsito de camionetas tripuladas por personas ajenas a la comunidad, portando sus armas en pleno centro de la población.
Lo que detonó la irrupción de la gente contra los grupos de la delincuencia y contra las mismas policías y autoridades municipales fue la desaparición y ejecución de un joven taxista, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes 26 de octubre de 2012. La gente no tuvo otra alternativa que levantarse en armas. Fue una decisión colectiva en defensa de la vida y de la seguridad de nuestras familias.
Como ciudadana de Olinalá en esa situación límite, no tuve más que dos opciones: resignarme a vivir en manos de la delincuencia y de un gobierno cómplice, o defenderme y organizarme con el pueblo para hacer valer nuestros derechos. Así fue como me involucré en el movimiento de la policía comunitaria. Fueron semanas y meses de reuniones y asambleas entre los pueblos, para tomar las grandes decisiones y nombrar a nuestros futuros policías. Visitamos a las compañeras y compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), pedimos su consejo y asesoría. Participamos en las asambleas regionales y tuvimos la oportunidad de conocer desde dentro cómo funciona el sistema de seguridad y justicia comunitaria.
La CRAC nos abrió el horizonte y nos dio otra perspectiva. Era el camino de los pueblos de la Montaña que por siglos han practicado un sistema de justicia que está cimentado en la asamblea y cuya seguridad descansa en los servidores del pueblo, que son nombrados por su prestigio y lealtad a su gente. Aquí obtuve mi verdadera formación como ciudadana adscrita a un pueblo indígena. Aprendí a obedecer a mis superiores, que eran los de la CRAC. Conocí a mujeres que formaban parte de la coordinadora y ellas me enseñaron a entender los códigos que se manejan en las asambleas y a comprender la ética comunitaria.
Mi lucha estuvo siempre guiada por las autoridades y consejeros de la CRAC, avalada por las asambleas y dentro del marco de la ley 701. Yo cumplí las órdenes que me dio la CRAC, por eso mismo no he cometido ningún delito. La CRAC se mantiene como un sistema legal y legítimo; una de sus funciones es girar órdenes de aprehensión y ejecutarlas. Desde hace 20 años viene funcionando de esta forma la justicia comunitaria, que tiene como funciones principales la implementación de acciones preventivas, la ejecución de órdenes de aprehensión y el proceso de reducación contra los detenidos. Por ser parte de este sistema, para el gobierno soy yo y no los miembros de la delincuencia organizada quien ha cometido delitos y por ello me confina como criminal a un penal de alta seguridad.
Cuando opté por enfrentar a la delincuencia, pensé que no iba a durar más de ocho días con vida. Tenía claro que los sicarios iban a ir por mí a la casa. Pequé de ingenua y pensé que el gobierno iba a actuar en nuestro favor. Sabían que el problema era grande y que la gente había decidido tomar las armas. Los sicarios no llegaron a la casa, los que sí me esperaron en la entrada del pueblo fueron los militares, que me detuvieron y me entregaron a la Marina para llevarme escoltada hasta Acapulco y de ahí trasladarme al penal de Tepic. Por luchar contra el crimen me dieron trato de criminal.
Yo pude haber huido del pueblo, pero qué mensaje iba a dar a la gente que me dio el nombramiento de coordinadora y a la misma CRAC. Abandonar el país iba a ser un acto de cobardía, y además era mostrar que estábamos vencidos. Que este proyecto no era verdad, y que no creíamos en lo que hacíamos. Siempre he dicho que este es un movimiento justo y necesario. Sólo los pueblos unidos y organizados podemos controlar al gobierno y parar la delincuencia. Sólo nosotras hemos sido capaces de decir ¡basta!
Al gobierno lo increpo con la frente en alto, ¿dónde están las supuestas víctimas, que hasta la fecha no conozco? ¿Dónde están a quienes supuestamente secuestré y pedí 3 mil pesos por su rescate? ¿Dónde están las autoridades de Olinalá para que demuestren que tienen la cara limpia y que en realidad no deben nada?
Si yo decidí enfrentar a la delincuencia es porque quiero la paz para mi pueblo y mi familia. No quiero la guerra. Mi lucha es para que no maten a más gente inocente, como cada día sucede en Guerrero. Mi lucha es para acabar con la delincuencia que está enquistada en el mismo gobierno. Esa es mi guerra contra ellos y eso no me lo perdonan. Este primero de enero iniciaré mi segunda huelga de hambre. Lo haré porque en este país no me ha quedado otra alternativa que usar mi cuerpo como mi última arma para alcanzar la libertad o la muerte.
* Abel Barrera Hernández. Antropólogo. Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Fuente: La Jornada
